El expediente, el ruido y la justicia selectiva

Por Fred Alvarez Palafox

La reciente y apresurada declaración de la Fiscalía General de la República en redes sociales obliga a raspar el barniz del discurso oficial. Ayer, bajo la batuta de Ernestina Godoy, la postura fue tajante: a golpe de tuit aseguraron que no hay pruebas con fuerza legal para investigar por “huachicol fiscal” a Andrés Manuel López Beltrán.

O bueno, a quien todos sabemos que es “Andy”. Porque en un acto de cautela quirúrgica, la Fiscalía evitó mencionarlo. Prefirieron el escudo del anonimato, refiriéndose a él, a secas, como “el hijo de un ex Presidente”. Un eufemismo ensordecedor para exonerar sin señalar.

Textualmente sentenciaron que es “falsa” la información sobre testigos en su contra, y que el Ministerio Público carece de datos de prueba. Traducido del lenguaje ministerial: la carpeta existe, las declaraciones existen, pero para la FGR, esos dichos simplemente “no bastan”.

Pero el ruido no nace del vacío. Como reveló hoy Abel Barajas en la primera plana de Reforma (imagen), el nombre de “Andy” está incrustado en las entrañas de un expediente ministerial: la carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024. Y aquí hay un detalle demoledor: las menciones no provienen de la oposición, sino de exmandos navales —el capitán Alejandro Torres y el subdirector Juan Carlos Soto—.

Son ellos quienes relatan cómo un presunto operador, conocido como “El Capitán Sol”, justificaba la liberación de millones de litros de combustible de contrabando alardeando de acuerdos en las más altas esferas. Aseguraba que el tema se arreglaría directamente con el almirante Rafael Ojeda y, para calmar el pánico de sus subalternos, soltó una justificación que quedó plasmada en la indagatoria.

Cito textual la declaración del testigo protegido: “La gente que estuvo en las operaciones tiene miedo de su situación, contestándome que se trataba de choques políticos entre el Secretario de Seguridad (Omar García) Harfuch y el hijo del Presidente, pero que ya llegaron a un acuerdo”.

En el mundo penal sabemos que los testigos protegidos suelen mentir o arrojar nombres de peso para salvar el pellejo. Son testimonios de oídas. Pero la historia reciente nos demuestra que las fiscalías encarcelan a políticos basándose casi exclusivamente en estos mismos “dichos”.

¿Por qué ahora no? La vara de la justicia cambia mágicamente de rigor según el parentesco.

El nombre de “Andy” sigue en las fojas ministeriales, por más que intenten borrarlo con un simple mensaje. Despachar un escándalo de esta magnitud con un tuit —sin un comunicado oficial debidamente foliado— asombra, y deja un profundo mal sabor de boca sobre nuestra autonomía institucional.

Al final, como ya es costumbre, la verdadera rendición de cuentas parece que no vendrá de México, sino de una corte de nuestro vecino del norte.

¡Para la historia inmediata!