La defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna prepara una denuncia por delincuencia organizada contra Andrés Manuel López Beltrán y el senador Adán Augusto López Hernández, luego de que sus nombres fueran mencionados durante la audiencia en la que el exmando naval fue vinculado a proceso.
El despacho Mendieta y Asociados, encargado de la defensa, informó que la acusación también estaría relacionada con el tráfico de hidrocarburos y otros probables delitos.
De acuerdo con los abogados, representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) mencionaron a López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a López Hernández con base en los testimonios identificados como “El Santo” y “JCC”. Ambos son testigos protegidos que los vinculan con presuntos delitos relacionados con hidrocarburos.
La defensa señaló que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega instruyó citar formalmente a López Beltrán, López Hernández y al almirante Rafael Ojeda Durán.
Respecto a Ojeda Durán, el despacho indicó que la Fiscalía argumentó que no había podido localizarlo, aunque todavía se encuentra activo en la Secretaría de Marina. Los abogados proporcionaron un domicilio en Cancún y solicitaron apoyo de la dependencia para notificarle el citatorio, pero afirmaron que hasta el momento no han recibido respuesta.
Por ahora, los abogados descartaron incluir a más personas en la denuncia, aunque dejaron abierta la posibilidad de ampliar la acusación conforme avance la investigación.
Farías Laguna fue vinculado a proceso la mañana del 27 de agosto por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La resolución también impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanece recluido en el penal del Altiplano tras las audiencias privadas realizadas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
Según la causa penal, el excontralmirante habría encabezado junto con su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, una red dedicada al tráfico y ocultamiento de combustibles, identificada como “Los Primos”.
La investigación de la FGR establece que la organización habría operado en al menos cinco estados del país. Para ello, presuntamente ingresaba buques tanque a puertos mexicanos con hidrocarburos declarados como aceites o aditivos, con el propósito de evadir impuestos.
Empresas constituidas legalmente se habrían encargado del traslado y la distribución del combustible, mientras agentes aduanales presuntamente manipulaban los pedimentos y los volúmenes declarados. Parte de los recursos obtenidos habría sido lavada mediante esas mismas compañías.
El caso cobró notoriedad después del aseguramiento, en marzo de 2025, del buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo. Las autoridades federales han documentado una afectación económica superior a 340 millones de pesos durante los primeros golpes contra la presunta red.
Hasta ahora, al menos 16 personas han sido detenidas por estos hechos, entre ellas 12 exservidores públicos.
