La renuncia de Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), profundizó la crisis de credibilidad del organismo antes del arranque formal del proceso electoral de 2027.
Espino atribuyó su salida a “motivos de salud” relacionados con la carga de trabajo. Su dimisión ocurrió horas antes de una ceremonia cívica y de una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, convocadas para iniciar legalmente el proceso que culminará con las elecciones del 6 de junio de 2027.
La secretaria ejecutiva era considerada la principal responsable operativa de la estructura encargada de organizar los comicios.
El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, cuestionó la situación institucional del organismo y sostuvo que las instituciones autónomas fueron sometidas por Morena, por lo que dejaron de funcionar como contrapesos. Desde hace un mes, mantiene un enfrentamiento con consejeros del INE, a quienes denunció ante el Departamento de Estado de Estados Unidos por “solapar al narco partido Morena”.
Por su parte, el PAN también ha expresado dudas sobre la imparcialidad del instituto. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores panistas, afirmó que los árbitros están del lado de Morena y que no existe un piso parejo, aunque señaló que millones de personas buscan un cambio.
Representantes de Movimiento Ciudadano y Somos, los otros dos partidos de oposición, prevén hacer públicas sus objeciones durante la sesión de arranque. Sus críticas se dirigen al INE encabezado por Guadalupe Taddei y abarcan tanto su actuación como la capacidad de sus estructuras para organizar una elección compleja.
La salida de Espino también expuso la inestabilidad en la Secretaría Ejecutiva. Durante la gestión de Taddei, el cargo ha sido ocupado por Roberto Cardiel, Miguel Ángel Patiño, María Elena Cornejo, Claudia Suárez y ahora Roberto Carlos Félix López, en varios casos como encargados de despacho. Además, fracasaron dos intentos para designar a Flavio Cienfuegos, colaborador principal de la consejera presidenta.
En los últimos tres años y medio, el INE operó durante meses con encargados de despacho en áreas clave. Una reforma promovida por Morena otorgó posteriormente a Taddei facultades para nombrar titulares sin los ocho votos del Consejo General que exigía la legislación anterior.
El Consejo General está integrado por 11 consejeros y consejeras y enfrenta una división entre un bloque cercano a Taddei y una minoría que defiende la autonomía del instituto, integrada por Martín Faz, Arturo Castillo y Carla Humphrey.
La situación presupuestal añade presión al organismo. Para organizar el proceso de 2027, el INE solicitó 48 mil millones de pesos, pero la Secretaría de Hacienda redujo la cifra a 42 mil 274 millones en el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado a la Cámara de Diputados.
El texto señala que Morena aplicará un recorte adicional, lo que, según consejeros, pondría en aprietos los sistemas operativos de la elección.
La credibilidad del instituto también ha sido cuestionada por resoluciones como la asignación de diputaciones plurinominales a Morena, PVEM y PT en agosto de 2024, así como por el aval de la elección judicial de 2025 pese a irregularidades detectadas por áreas operativas del propio INE.
En 2027 se renovarán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 17 de las 32 gubernaturas, 31 congresos locales y ayuntamientos de 30 entidades, con más de 21 mil cargos de elección popular en disputa.
