La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificó, a solicitud de la Secretaría de Marina, las declaraciones patrimoniales de 78 exmarinos, entre ellos mandos señalados por su presunta participación en una red de huachicol fiscal encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
Los registros habían permanecido reservados por razones de seguridad. La Marina solicitó su apertura a raíz del caso por el tráfico ilegal de combustible en aduanas marítimas.
Los documentos muestran que integrantes de la estructura de mando y operativa de Los Primos reportaron ingresos anuales, cuentas bancarias, vehículos, casas, departamentos y terrenos durante su último año como servidores públicos, antes de ser detenidos por las autoridades.
Manuel Roberto Farías Laguna, exvicealmirante señalado como uno de los cabecillas del grupo que habría operado entre 2023 y 2025, reportó ingresos por un millón 781 mil 598 pesos en 2025. Aunque no declaró bienes inmuebles, informó que tenía dos créditos hipotecarios por casi 4 millones de pesos.
Fernando Farías Laguna registró un salario anual de un millón 550 mil pesos y dos terrenos adquiridos el mismo día por 700 mil pesos. El 1 de junio de 2015 compró de contado ambos predios: uno de 323 metros cuadrados y otro de 322, con un costo individual de 350 mil pesos.
También reportó una casa de 325 metros cuadrados, adquirida de contado el 18 de abril de 2017 por 440 mil pesos, y otra vivienda de 250 metros, comprada a crédito en febrero de 2015 por 780 mil pesos. El 15 de diciembre de 2019 adquirió a crédito una Jeep Wrangler con valor de 935 mil pesos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los dos exmarinos habrían obtenido millones de pesos por el arribo de 34 buques con huachicol a los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas. Ambos se encuentran presos en el penal del Altiplano.
El excapitán Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como “El Capitán” y considerado una pieza clave de la red, permanece prófugo. En su última declaración patrimonial, presentada en 2017, no hizo públicos sus bienes; sin embargo, un testigo colaborador de la FGR señaló que habría adquirido cuatro inmuebles con un valor conjunto superior a 9 millones de pesos.
Clímaco Aldape Utrera, señalado como enlace entre los titulares de las aduanas, declaró ingresos por 989 mil pesos y una camioneta Suburban valuada en 1.8 millones, adquirida a crédito. Aunque reportó no tener inmuebles, la FGR lo acusa de comprar en 2023 una propiedad con valor superior a 5 millones de pesos y de realizar, mediante su hija, depósitos por poco más de 400 mil pesos posiblemente relacionados con la compra de un automóvil.
Humberto Enrique López Arellano reportó ingresos por 3.6 millones de pesos y un automóvil BMW valuado en 590 mil pesos, comprado a crédito en 2020. También fueron señalados el excapitán Víctor Hugo Perrey Pérez y Francisco Javier Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la aduana de Tampico.
La declaración patrimonial del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán también fue desclasificada, después de que permaneciera reservada hasta 2030 por razones de seguridad nacional. El almirante reportó ingresos por poco más de 2 millones de pesos y dos créditos hipotecarios que suman 6.3 millones de pesos.
Uno de los créditos fue contratado en diciembre de 2020 por 4.5 millones de pesos con Banjercito; el segundo, por un millón 800 mil pesos, fue otorgado ese mismo año por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Ojeda Durán también informó la compra a crédito de una camioneta Mitsubishi Endeavor Limited en septiembre de 2009 por 255 mil 913 pesos.
En la declaración presentada el 30 de mayo, Ojeda Durán aparece adscrito como asesor D en la oficina del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, con nivel de cargo SM04. Además, indicó que no tiene participación en empresas, sociedades o asociaciones.
La Secretaría de Marina informó que Ojeda Durán está en retiro, no ejerce funciones propias como integrante de la institución y se desempeña como asesor honorario del alto mando, conforme a un decreto de 1988 que permite a los exsecretarios fungir como asesores sin recibir remuneración.
