Ya no es decomiso “histórico” sino “posibles irregularidades”

Por Fred Alvarez Palafox…

Hay notas que estallan como truenos en los titulares y, poco a poco, van perdiendo fuerza conforme la realidad jurídica se asienta en los escritorios. Eso es justo lo que estamos presenciando con el supuesto decomiso de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato.

Cuando la Fiscalía General de la República dio a conocer el operativo, la narrativa oficial apuntaba a un golpe maestro contra el huachicol. Sin embargo, al rascar la superficie, el rompecabezas muestra grietas importantes que obligan a la mesura.

Primero, los tiempos y las formas: el cateo no ocurrió el día que se difundió con bombo y platillo, sino el pasado viernes 4 de septiembre. Y lo más llamativo no fue lo que pasó, sino lo que no pasó. No hubo sellos de clausura rotulados en rojo, el combustible se quedó en los tanques y, para el 10 de septiembre, la planta ya operaba con absoluta normalidad y sin una sola persona detenida.

Frente a este vacío operativo, Grupo SIMSA respondió mediante un desplegado defendiendo la legalidad de sus permisos y deslindándose de la propiedad directa de los hidrocarburos. Ante el cruce de versiones, la FGR calibró el tono institucional: aclaró que, más que un aseguramiento definitivo con culpables confesos, el verdadero nudo gordiano es que las empresas involucradas no han presentado la documentación completa que pruebe, de manera fehaciente, la licitud en el origen y destino del combustible.

Es aquí donde el caso da un giro clave. Ante la complejidad técnica y fiscal, la fiscal Ernestina Godoy decidió atraer el expediente a través de la FEMDO. Ya no estamos en el terreno de la proclama mediática, sino en el análisis meticuloso de la trazabilidad financiera, auditorías corporativas y entrevistas ministeriales en la Ciudad de México, tal como lo refrendó el Comunicado FGR 628/26 emitido este 19 de septiembre de 2026.

De aquel estruendoso “golpe histórico”, el discurso oficial pasó cautelosamente a hablar de la “posible existencia de irregularidades”.

El balance es claro: la lucha contra el contrabando y la defraudación fiscal no se sostiene únicamente con anuncios estridentes, sino con la solidez de las pruebas. Hoy, este caso abandona los reflectores del boletín para ponerse a prueba en el terreno frío, técnico y riguroso de la ley.

Para la historia inmediata…