Violencia en escuelas del país, pasa lista de presente

Rodolfo González Fernández

La madrugada del pasado viernes 2 de octubre, al revisar los periódicos en el portal de Índice Político, me impactó la sexta columna de la primera plana del diario Reforma. Bajo el título “Armas y mochilas”, se listaban, destacadas en amarillo, acciones violentas sucedidas el día anterior en escuelas de la CDMX y de los estados de Hidalgo, Querétaro y Chiapas.

Esa recopilación complementaba la noticia sobre el asesinato a puñaladas de una maestra y las lesiones sufridas por cuatro personas más —dos profesores y dos alumnos— en una escuela secundaria de Coahuila. Los agresores, dos hermanos exalumnos del plantel, también utilizaron explosivos al inicio de su ataque.

La agresión, aparentemente, había sido “anunciada” en redes sociales por uno de ellos, quien señaló que había llegado su “turno de actuar”. A decir de la fiscalía estatal, según reproduce la nota del diario, los dos “idolatraban figuras de otros países que llevaron ataques como estos”.

Ese dato no debe desviarnos de la urgente necesidad de revisar qué proporción de la población ha dejado de reconocer al Estado como responsable de su formación y de la atención de sus necesidades. Las redes sociales forman parte del problema, pero el deterioro de la paz social no comenzó con ellas.

El comportamiento violento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes no surge por generación espontánea. Es resultado de un proceso en el que se pueden incluir, entre otras carencias, la falta de vivienda digna, la alimentación inadecuada, la ausencia o deficiencia de la atención médica suficiente y oportuna, así como una educación deficiente o interrumpida por falta de recursos económicos.

También influyen los entornos familiar, comunitario y escolar, así como la violencia doméstica y el abuso sexual, entre otros factores. Las agresiones cometidas por menores tienen antecedentes que obligan a revisar también la responsabilidad de los adultos y las instituciones. Quienes agreden son víctimas de gobiernos y de una sociedad que no han garantizado condiciones para un desarrollo sano. Reconocerlo no los exime de responsabilidad, en cambio sí exige atender las causas.

Sin cabeza

Un día antes, videos y fotografías difundidos por los medios y las redes mostraron la decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón. El hecho es preocupante por su carga simbólica y por la normalización de la violencia que puede alentar. Lo delicado es lo ocurrido, no su difusión: los medios que lo publicaron no son los causantes.

Cortarle la cabeza a una pieza de metal puede parecer una ocurrencia o un desahogo sin mayores consecuencias ni trascendencia. No, claro que no es así: sucedió en un lugar bajo resguardo de las autoridades federales. La coordinación y la logística mostradas en videos obligan a preguntar: ¿por qué las autoridades no impidieron el daño a la propiedad pública? ¿qué acciones legales han emprendido contra sus autores? ¿Si alguien más comete una tropelía similar, podrá exhibirla en redes e irse a su casa con la misma impunidad?

La tolerancia frente a estas conductas puede alentar a otras personas a ir más allá, por un malentendido compromiso con una causa o por imitación para pertenecer a un grupo o destacar. La referencia de la fiscalía de Coahuila a la admiración de los agresores por otros atacantes de diversas nacionalidades obliga a tomar en serio ese riesgo.

El problema rebasa los casos que llegan a las primeras planas. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, con base en registros de la Secretaría de Salud, en 2025 fueron atendidos en hospitales mil 178 menores de entre uno y 17 años por violencia física en las escuelas. El 65.2 por ciento eran hombres y el 34.8 por ciento, mujeres; alrededor del 70 por ciento de las víctimas tenía entre 12 y 17 años.

Es tiempo

Hay que insistir: el Estado, en su sentido más amplio —en especial los tres poderes, en apariencia actualmente dirigidos o coordinados por una sola instancia de poder—, y los políticos no han cumplido con el cometido de garantizar la seguridad de la población. Las noticias referidas muestran las consecuencias de esa responsabilidad incumplida.

Es tiempo de dejar usar o por lo menos de poner freno a la descalificación y la confrontación como herramientas para mantener el poder político o acceder a él. Convertir a quien piensa distinto en enemigo debilita la convivencia y amplía el espacio de la intolerancia, actitud sumamente peligrosa que se reproduce fácilmente.

Es tiempo también de que la sociedad civil impulse, desde los hogares y en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles, el diálogo, la discusión y el análisis de las ideas, con pleno respeto a quienes piensan diferente.

Debe recuperarse la enseñanza del civismo desde preescolar hasta la educación superior y acompañarse de su práctica cotidiana. Los medios de comunicación y quienes participan en las redes sociales también tienen la responsabilidad de contribuir a una convivencia en la que disentir no sea motivo para humillar, amenazar o agredir.

Es tiempo de que autoridades y políticos de la izquierda, el centro y la derecha recuerden lo que escribió Marx en El capital: “La violencia es la partera de toda vieja sociedad que lleva en sus entrañas otra nueva”. No hemos llegado al escenario descrito por Marx, pero debemos reconocer que la violencia se gesta antes de manifestarse: quienes agreden tienen una historia que no comienza en el instante del ataque. ¿Entenderán que normalizar la violencia tiene un costo y que esa factura siempre la pagamos todos?