El Culiacanazo que no hemos exorcizado: pagar rescates con impunidad

Por Fred Alvarez Palafox

Fue un operativo ciego. Agentes de la Fiscalía de Morelos enviados a Totolapan para recuperar un inmueble caminaron directo a las fauces del lobo: sin inteligencia, sin pertrechos adecuados y en absoluta orfandad táctica. Cuando el azar los topó de frente con José David Vergara, alias El Güero del Gym, líder criminal de la plaza, los oficiales cumplieron estoicamente con su deber y lo detuvieron en flagrancia. Pero lo que debió ser una victoria de la justicia mutó, por pura incompetencia de los escritorios, en una tragedia humana.

En el aparato de seguridad impera la ceguera: la mano derecha ignora lo que hace la izquierda. La desarticulación fue tan absoluta que el gabinete estatal no sabía nada, el gobierno federal operaba en el vacío y ni las propias áreas de la Fiscalía compartían el mismo radar. El costo de este descarrilamiento lo pagaron con su carne tres agentes de la Agencia de Investigación Criminal —secuestrados, golpeados y torturados mientras realizaban una diligencia ajena al operativo principal— y cuatro policías estatales que jamás llegaron al rescate.

Al activarse las alertas por los narcobloqueos, la prisa por remendar el error provocó un fatídico choque en el kilómetro 0 de la autopista La Pera-Cuautla, a la altura de Tepoztlán. La patrulla en la que acudían a ciegas a sofocar el infierno impactó contra el muro de contención de un puente vehicular; el golpe proyectó a los elementos hacia el asfalto y cobró la vida instantánea de dos de ellos en el sitio. No eran bajas colaterales ni cifras prescindibles en un parte oficial: eran servidores públicos abandonados por la ceguera de sus superiores.

Arrinconado por sus propios desatinos y bajo el chantaje del poder de fuego, al Estado no le quedó más remedio que capitular. Tras horas de agonía, el Fiscal General, Fernando Blumenkron Escobar, recurrió a un “acuerdo ministerial” extraordinario de negociación de crisis para devolver la libertad al capo a cambio de rescatar con vida a sus tres elementos.

Es en este escenario de naufragio donde surge el dilema que hoy sacude a la comunidad jurídica: ¿cometió un delito el Fiscal al firmar esa liberación?

Quienes examinan la maniobra únicamente desde el rigor literal del Código Nacional de Procedimientos Penales argumentan, con fundamento formal, que el intercambio de prisioneros carece de asiento procesal y roza las hipótesis de evasión de presos o delitos contra la administración de justicia. Sin embargo, el derecho penal no es un dogma ciego e insensible al valor de la existencia humana.

Nuestra legislación contempla explícitamente el estado de necesidad justificante, una causa de exclusión del delito que opera cuando se sacrifica un bien jurídico de menor jerarquía —la retención preventiva de un imputado— para salvar uno irreparable e infinitamente superior: la vida y la integridad física de tres personas. La vida no es negociable, y el Estado carece del derecho legal y moral de exigir heroísmos suicidas a sus subordinados como si fuera una obligación de rutina.

Por ello, la determinación del Fiscal no configura en su origen un acto punible, sino la última medida de salvamento posible ante una nave que la propia autoridad dejó a la deriva. El verdadero reproche —moral, administrativo y penal— no reside en la firma de un acuerdo bajo la presión inminente del chantaje, sino en la negligencia criminal de la cadena de mando que envió a su gente sin protección al corazón del peligro.

A la mañana siguiente, la narrativa oficial intentó maquillar el desastre con el barniz de la prudencia. La presidenta Claudia Sheinbaum pintó su raya —«es un asunto del estado de Morelos»— pero recicló intacta la misma justificación de aquel 2019 en Culiacán: claudicar ante el criminal para salvar vidas. Omar García Harfuch secundó la postura admitiendo que las fuerzas enviadas eran insuficientes, para luego desenfundar la desgastada promesa de que no habrá impunidad. Mientras tanto, en Cuernavaca, los mandos estatales y la gubernatura optaron por la salida fácil y desviaron la culpa hacia la inacción de los alcaldes.

La realidad que desnuda Totolapan es implacable. Las vidas de los agentes se salvaron, sí, pero no como un triunfo de la estrategia gubernamental, sino como el pago de un rescate tras un fracaso monumental. El fantasma de Culiacán no ha sido exorcizado; su sombra sigue intacta dictando las condiciones en Morelos y en el resto del país.

La claudicación en Totolapan exige una revisión transparente por parte de los órganos anticorrupción y del Poder Judicial para certificar la estricta proporcionalidad y necesidad de la medida. Pero si la fiscalización se limita a perseguir el documento que salvó tres vidas mientras deja impune la cadena de omisiones que desató el desastre, las instituciones habrán vuelto a fallar. La lección queda escrita con sangre: cuando el Estado improvisa, la delincuencia impone las reglas y el costo lo pagan los policías en la trinchera y la sociedad en las calles.

¡Para la historia inmediata!