Caída de Taddei y rescate de la democracia

Eduardo Sadot

La salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no puede reducirse a una renuncia ni convertirse en una cortina de humo para sepultar responsabilidades. Los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y el uso de empresas factureras exigen investigaciones hasta sus últimas consecuencias. La responsabilidad de Taddei no termina con su salida: las autoridades deben deslindar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan y, de acreditarse, proceder conforme a derecho. Renunciar no es rendir cuentas ni puede ser una vía para eludir la justicia.

La crisis estuvo cerca de adquirir dimensiones impredecibles ante la posibilidad de que algunos partidos de oposición abandonaran la contienda. Su retiro habría comprometido la legitimidad de las elecciones y profundizado la fractura política nacional. Cuando los contendientes dejan de confiar en el árbitro, la democracia entra en zona de peligro. No basta con instalar urnas y contar votos; se necesita la certeza de que la competencia es equitativa y ninguna fuerza política dispone de ventajas indebidas. La sustitución de Taddei abre dos pruebas fundamentales, todavía pendientes. La primera será la imparcialidad y pericia de quien ocupe definitivamente la presidencia del INE.

No bastarán los títulos, las promesas ni un nombramiento producto de negociaciones partidistas. Deberá demostrar, con sus decisiones, que no obedece al gobierno, no responde a cuotas políticas y no concede privilegios a quienes detentan el poder. El árbitro electoral no puede ser juez y parte. La segunda prueba será esclarecer si existe un blindaje del gobierno y de su partido para proteger a los suyos, como se teme en el caso de Taddei. No debe darse por probado sin evidencias, pero tampoco descartarse mediante discursos de honestidad.

Se necesitan investigaciones independientes, transparencia y resultados. Si la rendición de cuentas se detiene cuando alcanza a los propios, la justicia se convierte en instrumento contra los adversarios y en privilegio para los aliados. La Cámara de Diputados enfrenta una responsabilidad histórica: elegir a una persona con capacidad, independencia y autoridad moral, no repartir posiciones para satisfacer intereses partidistas. También debe garantizarse que la crisis no comprometa la organización de las elecciones de 2027 ni la certeza de sus resultados. La fortaleza del INE reside en su estructura profesional y en los ciudadanos que hacen posible cada jornada electoral, pero ninguna institución resiste indefinidamente la opacidad y la subordinación política o la infiltración de grupos identificados con el gobierno como los “Siervos de la nación”.

La caída de Taddei debe ser el comienzo del esclarecimiento, no el final de las investigaciones. México necesita saber quiénes fueron responsables y hasta dónde llegaron, sin excepciones ni privilegios.

La democracia no se rescata cambiando una persona por otra, sino impidiendo que el poder capture al árbitro y que la ley proteja a unos mientras persigue a otros. Las dos pruebas siguen pendientes: la independencia de quien presida definitivamente el INE y la inexistencia de un blindaje político para proteger a los propios. Si ambas fracasan, no estaremos ante una simple crisis administrativa, sino ante el riesgo de perder la confianza en las elecciones y comprometer el futuro de la democracia mexicana.

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