Washington no necesita derrotar a Morena

Juan Luis Parra

Estados Unidos no necesita sacar a Morena del poder si puede conseguir lo que quiere con Morena gobernando. La idea resulta incómoda para quienes todavía imaginan la relación entre México y Washington como una batalla entre patriotas y entreguistas, o para quienes esperaban una intervención estadounidense en territorio mexicano. León Barrena Rodríguez & Partners LLP, una firma de consultoría legal y servicios profesionales que opera entre ambos países, publicó un análisis en X que sostiene que Washington ya consiguió disciplinar al gobierno mexicano sin necesidad de cambiarlo. Según esta interpretación, Claudia Sheinbaum puede mantener su discurso soberanista mientras atiende las prioridades estadounidenses. La tesis es discutible, pero plantea una pregunta bastante más interesante que nuestras habituales peleas partidistas: ¿qué tanto importa quién gobierna cuando las decisiones fundamentales están condicionadas por intereses que ningún partido puede ignorar?

La publicación provocó una reacción de la cuenta angloparlante Geopolitics & Empire, que compartió un mapa de Norteamérica bajo el nombre de Technate of America, una vieja propuesta tecnocrática que imaginaba organizar el continente mediante criterios técnicos y económicos. Su comentario fue todavía más provocador: en esa tecnocracia no habría izquierda ni derecha, solamente el algoritmo y quienes lo poseen. No hace falta creer que existe un proyecto secreto para convertir a México, Canadá y Estados Unidos en una sola entidad. Esa interpretación distraería de algo bastante más tangible. El poder económico, tecnológico y político lleva años concentrándose en estructuras que sobreviven a los gobiernos, mientras nosotros seguimos discutiendo como si cambiar de partido bastara para cambiar el rumbo de un país.

Marco Rubio ofrece un ejemplo de cómo funciona esa relación. En septiembre cuestionó los esfuerzos de México contra los cárteles y habló de territorios bajo control criminal, aunque Washington mantiene la cooperación con Sheinbaum. No hay necesariamente una contradicción. Estados Unidos puede presionar al gobierno mexicano y trabajar con él al mismo tiempo, porque sus prioridades son bastante concretas: narcotráfico, migración, comercio y la creciente competencia con China. A Washington le importa menos la retórica ideológica de Palacio Nacional que los resultados que obtiene. Y México, por mucho que invoque su soberanía, tampoco puede darse el lujo de ignorar a su principal socio comercial. El nacionalismo funciona bastante bien en los discursos, pero las negociaciones suelen tener otras reglas.

El análisis también mira hacia 2030 y menciona a Omar García Harfuch como una posible figura de continuidad. Su perfil, más vinculado a las instituciones de seguridad que a la militancia ideológica, resulta interesante para quienes observan la relación bilateral. Sin embargo, de ahí a suponer que Washington ya eligió al próximo presidente mexicano hay una distancia considerable. No necesitamos imaginar acuerdos secretos para reconocer que Estados Unidos tiene intereses permanentes en México, independientemente de quién gane las elecciones.

Donde encuentro una preocupación más seria es en la tecnología que el Estado está incorporando para identificar y administrar a sus ciudadanos. La CURP biométrica, el registro de líneas telefónicas, la digitalización de trámites y apoyos sociales, así como el impulso a los pagos digitales y la reducción del uso del efectivo, responden a procesos distintos y pueden tener aplicaciones legítimas, desde combatir fraudes hasta simplificar servicios. El problema aparece cuando se acumulan herramientas capaces de concentrar información personal en instituciones que todavía tienen mucho que demostrar en materia de protección de datos. No significa que exista ya un sistema único de vigilancia, pero tampoco parece prudente esperar a que exista para discutir sus límites.

El viejo PRI necesitaba sindicatos, organizaciones campesinas, líderes territoriales y operadores que supieran a quién movilizar y a quién favorecer. El poder circulaba entre intermediarios, con todas las lealtades, favores y moches que eso implicaba. La tecnología permite imaginar algo diferente: una relación cada vez más directa entre el ciudadano y el Estado, mediada por bases de datos y plataformas digitales. Eso puede eliminar trámites absurdos, pero también reducir los espacios de privacidad y multiplicar las posibilidades de abuso. El peligro no depende exclusivamente de Morena. Cualquier gobierno que herede esas herramientas tendrá incentivos para conservarlas, perfeccionarlas y encontrarles nuevos usos.

Washington no necesita decidir quién ocupa Palacio Nacional para ejercer influencia sobre México. Y quien ocupe Palacio Nacional tampoco necesita controlar cada sindicato, organización o liderazgo territorial si dispone de herramientas para relacionarse directamente con millones de ciudadanos. Quizá por eso me interesa más la frase del algoritmo que el mapa de la supuesta tecnocracia continental. La izquierda y la derecha seguirán peleando elecciones, repartiendo cargos y prometiendo futuros distintos, pero pocas fuerzas políticas parecen dispuestas a renunciar voluntariamente al poder que ofrecen los datos y la tecnología. Nos hemos acostumbrado a preguntar quién gobernará México en 2030. Tal vez deberíamos prestar la misma atención a quién controlará los sistemas que seguirá utilizando el presidente, sea quien sea. Porque la tecnocracia no necesita ganar elecciones, ni siquiera tener partido, para quedarse.