ASF investiga posibles vínculos entre funcionarios electorales y empresas con contratos por 8 mil 870 millones

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contratos públicos del Instituto Nacional Electoral (INE), organismos electorales estatales y dos grupos empresariales que acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026.

El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que las compañías identificadas como GC y GHC mantienen una amplia relación contractual con distintas entidades públicas. Los análisis de inteligencia, señaló, detectaron posibles vínculos entre empresarios, funcionarios y otras sociedades mercantiles.

Durante la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, detalló que 3 mil 790 millones de pesos corresponden a operaciones con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). El INE, por su parte, registra contratos por aproximadamente 430 millones de pesos con las empresas señaladas.

Entre los hallazgos, la ASF identificó compañías que facturaron cientos de millones de pesos pese a tener menos de cinco trabajadores o no contar con empleados registrados.

La fiscalización también detectó posibles esquemas de subcontratación entre empresas de los mismos grupos. Según lo expuesto, una compañía obtiene un contrato público y después contrata a otra sociedad que también participó en el procedimiento de licitación.

Estas operaciones forman parte de las líneas de investigación para determinar si existieron mecanismos que limitaran la competencia y favorecieran determinadas adjudicaciones, con posibles afectaciones a los recursos públicos.

Hernández Palacios Cardel informó además sobre operaciones por 21.3 millones de pesos vinculadas con proveedores relacionados con empresas de timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras. Una de las compañías identificadas, añadió, se encuentra suspendida del padrón de proveedores.

La investigación no se limitará al INE, sino que incluirá a organismos electorales locales, empresas proveedoras y servidores públicos que pudieran estar relacionados con los hechos. La ASF también examina posibles barreras a la competencia en las contrataciones y mecanismos que habrían permitido influir en precios y condiciones de las adjudicaciones en perjuicio del patrimonio público.

El auditor superior señaló que se revisarán las operaciones desde sus primeros antecedentes para establecer cómo se desarrollaron las relaciones comerciales entre los grupos empresariales y las autoridades electorales.

De acuerdo con los montos presentados por la ASF, Veracruz encabeza la lista de organismos electorales estatales con contratos relacionados con estas empresas, al registrar operaciones por 484.4 millones de pesos. Le siguen Oaxaca, con 370.3 millones; Coahuila, con 306.3 millones; Puebla, con 286.6 millones; y Nuevo León, con 253.9 millones de pesos.

También aparecen Baja California, con 223.3 millones de pesos; Aguascalientes, con 211 millones; Estado de México, con 163.7 millones; Jalisco, con 159.5 millones; y Yucatán, con 151.1 millones de pesos.

Las operaciones identificadas abarcan de 2014 a 2026. La investigación de oficio busca determinar la existencia de irregularidades y las posibles responsabilidades de empresas, proveedores y funcionarios involucrados.