Eduardo Sadot
En México, la legalidad en materia electoral se ha vuelto, en los hechos, negociable. No porque falten normas, sino porque sobra tolerancia a su incumplimiento. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro: los partidos políticos son entidades de interés público. No son estructuras privadas con margen para decidir cuándo cumplir y cuándo no; su existencia misma depende del respeto a la ley. Sin embargo, la práctica revela otra realidad.
Los procedimientos de fiscalización han documentado de manera reiterada irregularidades que ya no pueden explicarse como errores aislados: gastos no reportados, ingresos de origen no comprobado, omisiones sistemáticas en la rendición de cuentas. La Ley General de Partidos Políticos establece que el incumplimiento grave y sistemático de obligaciones puede llevar a la pérdida del registro. La palabra clave es “sistemático”, porque marca la diferencia entre la infracción ocasional y la conducta estructural.
Y lo cierto es que la reiteración existe. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado en múltiples criterios que las faltas en materia de fiscalización afectan directamente la equidad en la contienda y la autenticidad del sufragio. No son simples irregularidades administrativas: son violaciones que alteran las condiciones mismas de la competencia democrática. A pesar de ello, la respuesta institucional ha sido administrar el problema en lugar de resolverlo. Se sanciona, sí, pero el esquema de multas y resoluciones no ha modificado la conducta de fondo.
En ese contexto, el Instituto Nacional Electoral ha sancionado a distintos partidos, incluido MORENA y sus aliados, por irregularidades en fiscalización. Esto no acredita por sí mismo la existencia de delincuencia organizada, pero sí evidencia algo más preocupante: la repetición de conductas ilegales sin consecuencias estructurales. Cuando eso ocurre, la ilegalidad deja de ser excepción y se convierte en método. Ese es el punto de quiebre. Un partido que sistemáticamente incumple la ley deja de operar como un actor democrático y empieza a funcionar como un mecanismo de poder al margen de las reglas.
El problema, entonces, deja de ser administrativo y se vuelve constitucional. Porque cuando la ley se incumple de manera reiterada y el sistema responde con sanciones que no alteran esa conducta, el mensaje es claro: violar la ley en política es parte del juego. La cancelación del registro de un partido no es una medida extrema; es una herramienta prevista para casos en los que la ilegalidad se vuelve estructural. No aplicarla cuando corresponde implica aceptar que la norma existe sólo en el papel. En México no falta legislación ni criterios jurisdiccionales; falta voluntad para hacerlos valer. Y mientras esa voluntad no exista, el deterioro institucional continuará avanzando, no de manera abrupta, sino silenciosa, normalizando aquello que debería ser inaceptable. Porque cuando el delito se normaliza en la política, lo que se pierde no es sólo la legalidad: es la democracia misma
Las acusaciones a funcionarios que han llegado al poder mediante el manejo de recursos económicos procedentes de la delincuencia y si además han usado métodos delincuenciales, amenazas, intimidación, privación de la libertad en el día de la elección y amenazas anteriores, demandan el retiro del registro, es más trascendente para México quitar el registro en esos casos que incluso peor que cuando un partido comete delitos o faltas durante la elección, tener recursos inclusive mucho tiempo antes de la elección, durante el tiempo de preparación de la elección durante actos preparatorios al día de la elección. No obstante que hace falta una regulación precisa contra el narco, en la práctica se da y hay que frenarlo y sancionarlo. El único que se ha pronunciado por el retiro de registros ha sido Alejandro Moreno.
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