Un año después de las primeras detenciones por una red de contrabando de combustibles, permanecen sin explorar sus posibles conexiones políticas y el alcance de las investigaciones.
El caso se hizo público el 7 de septiembre de 2025, cuando las autoridades anunciaron la captura de 14 personas durante el primer desmantelamiento de una organización dedicada a introducir combustible desde Estados Unidos sin pagar impuestos. Entre esa fecha y junio de 2026, el Gobierno de Claudia Sheinbaum reportó la presentación de 118 denuncias penales relacionadas con huachicol fiscal.
La Fiscalía General señala como líderes de la red a los militares Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos de Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La estructura habría operado al menos desde mediados de 2023 en aduanas marítimas, con participación de marinos, trabajadores de recintos fiscales y empresarios.
Desde que se conoció la trama, el Gobierno ha intentado separar a Ojeda Durán de los hermanos Farías Laguna y ha sostenido que el exsecretario denunció la red en 2024. Sin embargo, no se ha mostrado un registro formal de esa denuncia. La defensa de los hermanos ha solicitado en varias ocasiones que Ojeda Durán declare y recientemente su abogado afirmó que la Fiscalía General no pudo localizarlo, pese a que una jueza lo había citado.
La carpeta que derivó en las órdenes de detención, consultada por El País México, indica que la investigación comenzó en julio de 2024 con un informe del Centro Federal de Inteligencia Criminal sobre posibles delitos relacionados con el mercado de hidrocarburos. Inicialmente, las pesquisas se concentraron en las aduanas terrestres de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El foco cambió en abril de 2025, después del aseguramiento de un buque con combustible de contrabando en el puerto de Tampico y de la difusión de un video breve en redes sociales. Además, Ojeda Durán habría tenido conocimiento de la red al menos desde junio de 2024, cuando recibió una carta manuscrita de Fernando Rubén Guerrero Alcántar, un militar involucrado en el esquema.
La carta fue escrita después de una reunión entre Guerrero Alcántar y Ojeda Durán. Meses después, Aristegui Noticias difundió un audio de ese encuentro, en el que se escucha al entonces secretario hablar de la posibilidad de cerrar el asunto mediante cambios dentro de la estructura. Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre de 2024 y el documento se incorporó a la carpeta de investigación hasta julio de 2025.
Otro testimonio identifica al capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como Capitán Sol, como uno de los líderes que permanece prófugo. Según ese relato, después de la detención de un cargamento en Guaymas, Sonora, Solano Ruiz habría dicho que contactaría a Ojeda Durán y que informaría que el asunto correspondía a “Andy”, apodo de Andrés Manuel López Beltrán.
La referencia fue utilizada por la oposición panista para pedir una investigación contra López Beltrán y el congelamiento de sus cuentas. También se mencionó su relación con el empresario Amílcar Olán, señalado de beneficiarse de su cercanía con los hijos de López Obrador.
Olán está vinculado, mediante un supuesto prestanombres, con Portacelis Gas and Oil, empresa que las autoridades fiscales solicitaron investigar por un presunto fraude de 834 millones de pesos relacionado con el contrabando de combustible desde Estados Unidos.
En otro testimonio, un capitán identificado como Santo afirmó que existían disputas políticas entre el entonces secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el hijo del presidente, aunque añadió que ambos habrían llegado a un acuerdo. La Fiscalía General ha sostenido que esos señalamientos no tienen la fuerza legal necesaria para iniciar una investigación formal.
El mismo testigo describió operaciones en el recinto fiscal 289 de la aduana de Tampico, bajo el control de una persona identificada como Capiterucho Pinto. Sobre el supuesto dueño del muelle, dijo que residía en Tabasco, tenía una relación cercana con Adán Augusto López Hernández y trabajaba con personas vinculadas a la delincuencia organizada.
Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la concesión del muelle fue otorgada en 2020 a Tampico Terminal Marítima, empresa perteneciente al empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa, quien apoyó públicamente las aspiraciones presidenciales de López Hernández. El actual senador de Morena negó tener vínculos de amistad o negocios con ese empresario.
