Análisis a Fondo: ¿Elecciones democráticas?

• Jornada del 7 de julio
• Los triunfos, dudosos

Imposible afirmar que las elecciones en México son plenamente democráticas. El sistema electoral adolece de graves debilidades, a la espera de ser convertidas en fortalezas con una nueva reforma a la Constitución y a las leyes. Un nuevo código que no dé lugar a la duda o a los conflictos poselectorales.

Los procesos de este año, que concluirán en la jornada del 7 de julio, ya dentro de menos de un mes, en 14 estados de la federación, para cambiar presidencias municipales y congresos locales, así como la gubernatura de Baja California, tendrían que ser los últimos de una era no muy democrática, marcada por injustas prácticas que hacen que el que tiene más saliva trague más pinole.

Después de los próximos procesos, se impondría ya una enésima reforma electoral, que tendría que ser definitiva, para eliminar todos y cada uno de los vicios del sistema relacionados con la equidad, los costos de campaña, la corrupción, el clientelismo, la cobertura informativa, entre otros.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias encomendó a Integralia Consultores un trabajo para detectar las fortalezas y las debilidades del sistema electoral mexicano, basado en un diagnóstico de los procesos electorales ocurridos durante la llamada Docena Trágica, periodo que cubre los sexenios de los presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón.

El estudio de Integralia resume la realidad actual de la democracia electoral. Las elecciones de julio venidero aún no serán totalmente democráticas, porque se realizarán en una coyuntura marcada por serias debilidades. Integralia descubrió por lo menos ocho problemas que hay que resolver definitivamente:

El costo creciente de las campañas, cuyo financiamiento requiere de sumas cuantiosas de recursos líquidos, que la mayor parte de las veces no se reporta a las autoridades electorales.

La corrupción que se detona por el intercambio de quienes dan dinero a campañas a cambio de un pago futuro convertido en contratos de obra pública, permisos, entre otros.

El desvío de recursos públicos en algunos gobiernos locales para apoyar campañas políticas.

Las prácticas  tradicionales, pero crecientes, de clientelismo electoral, intentos de compra del voto, movilización de votantes y condicionamiento de programas sociales.

El mercado informal de pago de cobertura informativa en medios impresos y electrónicos que ha contribuido a una relación corrupta entre algunos gobiernos y medios de comunicación.

Y la creciente litigiosidad del sistema electoral que ha estimulado una industria de la queja y la denuncia entre partidos, que no resuelve problemas de fondo y que muchas veces es parte de sus tácticas de campaña.

Pero para enfrentar y resolver estos problemas, como lo advierten los estudiosos de Integralia, dirigidos por Luis Carlos Ugalde, ex presidente del Instituto Federal Electoral, es necesario plantear cuáles deben ser las metas y prioridades de una nueva reforma electoral: ¿Equidad? ¿Reducir los costos de las campañas? ¿Prevenir y combatir la corrupción que se detona a partir del financiamiento ilegal? ¿Combatir el clientelismo? ¿Transparentar el mercado de cobertura informativa?

Indudablemente que el sistema actual tiene fortalezas como la eficacia del IFE para organizar los procesos, la credencial de elector y la cartografía, la precisión para estimar las tendencias del voto y realizar el cómputo, la participación ciudadana como funcionarios de casilla, cuya labor garantiza imparcialidad para recibir y contar los votos, y la equidad en la cobertura noticiosa en radio y televisión, que se ha dado en las elecciones federales de los últimos años. Pero estas virtudes no son suficientes. Hay que lograr que cuando una elección sea calificada por las autoridades electorales, todos los partidos participantes queden contentos con el triunfador. Y nunca más se vuelva a escuchar la palabra fraude.

fgomezmaza@analisisafondo.com
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