Francisco Gómez Maza
• La comisión legislativa se reúne mañana martes por enésima vez, sin ton ni son
• Entre tanto, pueblos y comunidades indígenas siguen debatiéndose en la pobreza
Casi tres décadas después de que el gobierno federal y el EZLN firmaran los ya casi olvidados Acuerdos de San Andrés, los pueblos y comunidades indígenas de México continúan viviendo como extranjeros en su propia tierra.
El 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larrainzar como producto de una amplia negociación entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estos acuerdos registraban -registran- una serie de compromisos entre las partes que se tenían que cumplir por el gobierno federal para elevar a rango constitucional los derechos humanos de los pueblos indígenas, pero por su propia naturaleza no eran reclamables ni exigibles por las vías jurídicas tradicionales, y la vida inhumana de los indios continúa sin que mueva el corazón de las mayorías, que se mueven entre el desprecio social y el racismo.
Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 69.5% de la población indígena, 8.4 millones de personas, experimenta una situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4 millones de personas, de pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación.
En lo económico, en lo social, en lo educativo, los indígenas de México continúan como seres en la segregación y como símbolos vivientes de la profunda desigualdad que caracteriza a la sociedad mexicana. Desigualdad impulsada ferozmente por los gobiernos del neoliberalismo que abarca de los años 80 hasta los años de 1918.
En 2020, con base en los resultados de la medición de la pobreza en México que realizó el CONEVAL, alrededor de ocho de cada diez personas que declararon hablar alguna lengua indígena se encontraba en situación de pobreza (76.8%), cifra significativamente superior a la que presenta la población no hablante de alguna. Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad.
México firmó el Convenio 169 de la OIT en 1990, y en 1992 el país se reconoció como una nación pluricultural al modificarse el artículo 2 de su Constitución.
El 1 de enero del 2019, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cumplió 25 años del inicio de su levantamiento. Manifestó su oposición a los proyectos de infraestructura que la administración federal tenía programados, tal como el Tren Maya o el Corredor Transístmico. Con todo, la comandancia del EZLN rechazó un acercamiento con el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no obstante que el partido del presidente, el Movimiento de Regeneración Nacional, se ostentaba como un movimiento de izquierda nacionalista.
De los acuerdos de paz firmados en San Andrés Larrainzar en aquel febrero del 96, dos años después de haber estallado la confrontación de los indígenas chiapanecos con el Ejército Mexicano, que prácticamente duró 12 días, mientras el gobierno de Carlos Salinas celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, el primero de diciembre de aquel año, día en que de manera simbólica, en rechazo, entre otras situaciones de explotación y marginación, los insurrectos condenaban la firma del acuerdo comercial con los otros dos países del área norteamericana.
A pesar de que, con el levantamiento zapatista, se logró por primera vez un diálogo entre representantes de los pueblos y comunidades indígenas, (el EZLN) con el Estado, no se ha superado la visión que impera desde la Colonia: que las decisiones en torno a los territorios y los pueblos indígenas se tomen sin tomarlos en cuenta, como le parece al abogado Francisco López Bárcenas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista del Colegio de San Luis y exintegrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).
En la ocasión de los diálogos de San Andrés, el Congreso de la Unión creo la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) , integrada por legisladores del Congreso de la Unión que, como la mayoría de los mecanismos oficiales y oficialista que se instauran en favor de los pueblos y comunidades indígenas, la verdad es que, como lo dicen muchos dirigentes indígenas, no ha servido para mucho en el proceso de regeneración de las relaciones entre los pueblos indígenas y los gobiernos federal y estatales, que no tienen como una prioridad el desarrollo con justicia y dignidad de los indígenas.
Reuniones de la COCOPA van y vienen y la situación de los indígenas no sólo no mejora, sino que empeora al ritmo de que se desarrollan las tecnologías de la información.
Para este martes 31 de enero la Cámara de Diputados convocó a la Octava Reunión Ordinaria de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, cuyos trabajos no pasan de la consabida “orden del día”, pero que de ninguna manera inciden en cambios, ni siquiera formales, en la política oficial de cara a la regeneración de la vida miserable que vive la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas del país.
Las reuniones de la COCOPA son en realidad actos para llenar el espacio correspondiente al asunto indígena en la agenda del poder legislativo. Simplemente son para que la historia oficial registre que diputados y senadores se ocupan del asunto indígena, o indigenista.
