Imagiínate que lanzas el producto más avanzado de tu empresa y, tres días después, el gobierno te obliga a apagarlo para todo el planeta.
Eso es lo que le pasó a Anthropic.
La tarde del viernes 12 de junio de 2026, una carta del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, llegó directo al escritorio de Dario Amodei, CEO de Anthropic, conteniendo la orden de bloquear el acceso de cualquier ciudadano extranjero a Claude Mythos 5 y Claude Fable 5, los modelos de inteligencia artificial más potentes que la compañía había lanzado, apenas tres días antes. El motivo oficial estaba basado en sospechas de que “alguien” había logrado liberar los candados de seguridad de Fable 5, supuestamente para tareas de ciberseguridad que tenía prohibidas.
Anthropic respondió que sólo recibió evidencia verbal de esa vulnerabilidad, sin documentación formal, y sus directivos se reunieron con el gobierno para tratar de revisar el caso. No es un detalle menor pues es la primera vez que un gobierno ordena retirar del mercado un modelo de IA específico, no a la empresa entera.
La orden parece una medida política contraria al espíritu que inspiró la moderación de contenidos en redes sociales impulsada por Meta, la cual fue relajada con el pretexto de fallas y censura, siendo reemplazada por notas de la comunidad. Y vale la pena ver cómo les ha salido esa apuesta.
En este 2026, un jurado de Los Ángeles declaró culpables a Meta y YouTube de dañar la salud mental de una joven que se volvió adicta a Instagram y YouTube desde niña. El fallo los obligó a pagar 6 millones de dólares en daños. Casi al mismo tiempo, un tribunal de Nuevo México encontró a Meta responsable de exponer a menores ante abusadores sexuales por fallas de seguridad en sus plataformas, con una multa de 375 millones de dólares. Y esto apenas empieza, toda vez que hay alrededor de 1,500 demandas similares avanzando en cortes de Estados Unidos contra distintas plataformas digitales.
Y ni hablar de X. La red social de Elon Musk, junto con su IA Grok, enfrentó una ola de demandas por permitir que su generador de imágenes desnudara digitalmente a personas reales, incluyendo menores, a partir de una sola foto.
Según una investigación citada en las demandas, Grok generó cerca de tres millones de imágenes sexualizadas y 23 mil que representaban a posibles menores de edad en solo once días. xAI tuvo que restringir la función a usuarios de pago y después eliminarla por completo, mientras gobiernos como la Unión Europea exigían que conservara la evidencia para investigaciones.
Tomando en cuenta lo anterior, cobra más sentido la postura de Anthropic respecto a que no se opone a que la IA se regule, se opone a que se regule por decreto y sin reglas claras. La empresa ha defendido públicamente un régimen de auditorías obligatorias para los modelos más avanzados, pero dentro de un procedimiento legal, transparente, justo y basado en hechos técnicos, no en una carta de un viernes por la tarde con amenazas de sanciones penales.
En el fondo, lo que se necesita es un sistema judicial fuerte e independiente que equilibre los derechos de las personas con el espacio para que la innovación siga creciendo en un ambiente de libre competencia, conforme a las pautas constitucionales.
Y esas reglas no las puede escribir una sola persona desde un escritorio. Tienen que surgir del consenso entre sociedad, expertos, academia y los tres poderes, es decir, el ejecutivo, legislativo y judicial, por más que las grandes tecnológicas se sientan dueñas de la tecnología y la información que, dicho sea de paso, también ha servido para dar capacidad táctica y de inteligencia a los sistemas de defensa, en paz o en guerra.
Ahí entra otro jugador con una visión distinta y bien conocida. Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien ha defendido abiertamente que restringir la exportación de estos chips a China es contraproducente, pues advierte que esas barreras solo empujan a China a desarrollar sus propios chips y, eventualmente, a dominar el mercado, algo parecido a lo que pasó con la tecnología 5G, donde Huawei terminó liderando justo después de que Occidente intentó frenarla.
Para efectos prácticos, ahí está la diferencia entre una orden restrictiva y una regulación pública de la IA. Como lo resumió el propio Dario Amodei sobre el caso de sus potentes modelos de IA: aplicar este tipo de medidas al conjunto del sector paralizaría todos los nuevos despliegues de modelos de inteligencia artificial.
Esa es, quizás, la pregunta que de verdad importa: ¿queremos una IA frenada por decretos políticos, o una IA regulada con reglas que todos entendamos y podamos exigir?
