Por: José Murat
En un tiempo especialmente hostil contra la población inmigrante, se precisa hoy más que nunca de una actitud de solidaridad humana, como se dio entre los seis grupos parlamentarios del Senado de la República, y no una postura facciosa, de defensa de intereses políticos de corto plazo, como se observó entre algunas dirigencias nacionales de partidos políticos opositores.
Concretamente, ni la dirigencia del PRI ni la del PAN, como sí lo hicieron MORENA, PT, PVEM y MC, quisieron hacer causa común en defensa de los mexicanos que hoy sufren el acoso de fuerzas de la derecha en el exterior, los mismos que con su trabajo productivo son uno de los pilares de la primera economía del mundo, la segunda fuente de divisas para el país, y el principal soporte económico de miles de comunidades y familias. Es difícil pensar que la falta de solidaridad sea una postura predominante entre los cuadros y los militantes de los partidos que rechazaron el pacto de unidad nacional.
El balance es impactante, y debiera suscitar un espíritu de unidad total en torno a una causa tan sensible, ajena a las agendas políticas: en apenas un año y medio han muerto 17 mexicanos sin ningún antecedente de actividades delictivas, 14 mientras estaban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y los 3 restantes durante operativos de la misma agencia.
Sólo durante este año, seis personas han muerto por disparos de agentes migratorios, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota en enero pasado.
El caso más reciente de agresión policiaca que culminó en la pérdida de una vida humana es el de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano de 53 años, quien falleció el 7 de julio tras recibir un disparo de un agente de migración durante un operativo en Houston, Texas.
Nuestro connacional era un obrero de la construcción, padre de tres hijos, que llevaba más de 30 años viviendo, trabajando y pagando impuestos en el país, sin la contraprestación elemental de un permiso de residencia.
Apenas unos días después, el 12 de julio, el inmigrante colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, un joven de 26 años, falleció tras recibir disparos de agentes de la misma dependencia gubernamental, durante un operativo en la ciudad de Biddeford, Maine.
No se trata de hechos fortuitos: los crímenes se dieron en el marco de un aumento desmesurado de las detenciones de migrantes en todo el país, una atmósfera de hostilidad en gran medida desapercibida por la opinión pública, hasta que se suscitan desenlaces fatales como el de esos operativos infaustos.
Desde grandes ciudades como Chicago y Las Vegas hasta pequeños barrios a las afueras de Milwaukee y San Antonio, se ha detenido a migrantes en juzgados, registros de ICE y controles de tráfico; las detenciones diarias se duplicaron en la última semana de junio y siguen aumentando. en julio, como advierte Getsy Hernández, organizadora comunitaria de Escucha Mi Voz Iowa, un grupo de defensa liderado por inmigrantes en Iowa City.
Ante la escalada antiinmigrante, esta vez se han movilizado miles de manifestantes, y múltiples líderes locales y grupos de derechos civiles latinos para exigir investigaciones independientes y sanciones drásticas a los infractores, casi siempre inmunes ante sus crímenes, bajo el paraguas etéreo de un laxo “cumplimiento del deber”.
Por parte del gobierno mexicano se han presentado denuncias penales, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ante las fiscalías estatales de las distintas jurisdicciones estadounidenses donde ocurrieron los hechos, para exigir la investigación y la aplicación de penas por el crimen de Salgado Araujo y por los otros 16 suscitados desde enero del año pasado.
En paralelo, se solicitará la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La exigencia de justicia para los migrantes fallecidos, y la demanda de respeto a los derechos humanos de la población migrante, no significan cuestionar a todo el gobierno norteamericano y su derecho a establecer su propia política interna, mucho menos socavar los estrechos lazos culturales, sociales y comerciales entre las dos naciones, unidas por más de 3 mil kilómetros de frontera y millones de interacciones diarias de toda índole. Una relación de cooperación que se ha patentizado ya con la orden del ICE de suspender los operativos de detención de migrantes.
¿Cómo no hacer causa común ante la exigencia de justicia del gobierno mexicano, los 6 grupos parlamentarios del Senado de la República, 4 bancadas de la Cámara de Diputados, decenas de organizaciones de derechos humanos y, sobre todo, una demanda sentida del pueblo de México de respeto a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes?
