El escenario rumbo a la sucesión gubernamental de 2027 en Baja California ha comenzado a tensarse al interior de la Cuarta Transformación, donde el margen político del exgobernador Jaime Bonilla Valdez se ha reducido de forma considerable, mientras resurgen versiones sobre su pasado como presunto informante del FBI.
En medio de este reacomodo, operadores y actores cercanos al proceso coinciden en que la confianza hacia Bonilla se ha deteriorado, particularmente tras recientes confrontaciones internas. A esto se suma el resurgimiento de señalamientos que lo han acompañado durante décadas y que vuelven al centro del debate político.
De acuerdo con antecedentes documentados, medios como Los Angeles Times reportaron a inicios de los años 2000 que Bonilla colaboró como informante confidencial del FBI en una investigación de corrupción relacionada con el Distrito de Agua de Otay, en California. Según esos reportes, utilizó equipo de grabación proporcionado por la agencia para obtener conversaciones que derivaron en procesos judiciales. El propio Bonilla reconoció en su momento dicha colaboración, la cual quedó asentada en expedientes en Estados Unidos.
Este contexto se da mientras toma fuerza la posibilidad de una alianza entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), impulsada desde la dirigencia nacional, lo que limitaría la capacidad de negociación de actores locales. En ese escenario, el PT en Baja California enfrenta una posición más débil tras la pérdida de operadores y espacios políticos.
La discusión también involucra a la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, hoy militante del PT y considerada aspirante a la gubernatura. Aunque ha expresado su rechazo a una alianza con Morena, reconoció que acatará la decisión de la dirigencia nacional. “Prefiero perder con mis propios números a arriesgarme con números que ya me fallaron una vez, esa es la conclusión”, declaró al ser cuestionada sobre el tema.
El contexto interno se complejiza tras la salida de Bonilla de Morena en 2023, luego de acusaciones de violencia policial de género, lo que derivó en su incorporación al PT en medio de un rompimiento con la dirigencia estatal y el grupo político de la gobernadora Marina del Pilar. Posteriormente, Montserrat Caballero siguió la misma ruta política.
En este escenario de tensiones, la administración estatal enfrenta un desgaste marcado por confrontaciones, filtraciones y cuestionamientos públicos, mientras los distintos actores comienzan a reposicionarse de cara al proceso electoral.
El reacomodo político también ha estado acompañado por la pérdida de operadores estratégicos en el PT, lo que ha reducido su capacidad de incidencia en la definición de candidaturas rumbo a 2027.
