El aborto en México, otra pesadilla para los pobres

NEMESIS

Fernando Meraz Mejorado

La situación del aborto en México es compleja, marcada por avances legales importantes, profundas desigualdades regionales y brechas entre lo que dice la ley y el acceso real al servicio.

En 2021, la Suprema Corte declaró inconstitucional criminalizar el aborto voluntario, reconociéndolo como un derecho humano, parte de la autonomía y salud reproductiva .

Desde entonces, 24 de las 32 entidades lo han despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, sin requisitos adicionales; las ocho restantes lo mantienen como delito, salvo causales como violación, riesgo para la salud o malformaciones fetales. El Código Penal Federal aún no lo ha eliminado, lo que genera confusión y obstáculos en instituciones nacionales como el IMSS .

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Diferencias entre estados: En estados despenalizados, el servicio debería ser gratuito y público, pero muchas veces falta personal capacitado, hay negación por objeción de conciencia mal aplicada o se exigen trámites que no son obligatorios. En estados que siguen penalizando, la gente debe viajar, a una zona urbana, pagar en privado o recurrir a prácticas inseguras, lo que aumenta riesgos de salud y muertes previsibles.

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Quienes tienen recursos y viven en ciudades pueden acceder más fácil a servicios de salud.

Las personas de escasos recursos, zonas rurales o estados restrictivos son las más afectadas. Es una brecha que cruza todo el país.

Por otro lado aún persisten estigmas y juicios morales, lo que hace que muchas personas no denuncien ni pidan ayuda, y que el personal médico no lo ofrezca con calidad.

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Hay dos posturas principales.

Una, quienes defienden el derecho: señalan que decidir sobre el propio cuerpo es fundamental, que el aborto legal reduce muertes y que el Estado debe garantizar salud sin discriminación.

La otra, quienes se oponen: sostienen que debe protegerse la vida desde la concepción y que la ley debe limitar o prohibir la interrupción voluntaria.

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En síntesis el aborto es un derecho reconocido por la Corte, pero no es igual para todos. Depende mucho de dónde radican las eventuales y cuanto dinero tengan; falta armonizar leyes, servicios y eliminar barreras para que sea real en todo el país. – – oOo—