Por Enrique Rodríguez
Especial para ÍNDICE POLÍTICO
En la era de los otros datos, la Corte emanada de la reforma del obradorato refrenda la tendencia de torcer la realidad con simples lugares comunes, sin argumentos, ni transparencia.
El evento político del lunes 7 de septiembre ofrecido por Hugo Aguilar Ortiz, fue la fiesta de quienes se hablan frente al espejo para desvirtuar la vocación de la impartición de justicia independiente, principio que no se logra con discursos huecos y un bastón.
Con motivo del primer aniversario de las funciones de la actual Corte, se optó por descalificar la anterior integración de este tribunal con los adjetivos de lenta, anquilosada y ensimismada. Envalentonado frente a un escenario controlado para el lucimiento de nada, el ministro consideró que el cambio se logra con saliva e intentó disfrazar el golpe con apariencia de transformación inexistente, empleando frases tan comunes y vacías de sentido real como “hoy el pueblo también manda en el Poder Judicial; hoy desde el pueblo llegamos al Poder Judicial; hoy, el Poder Judicial les pertenece a todos y todas”.
Cometió una omisión que describe la reforma, Aguilar reconoció que 89 juzgadores federales elegidos en las urnas obtuvieron resultados “no satisfactorios” en la evaluación realizada en meses recientes, hasta ahí dejó el dato sin adentrarse en la gravedad de esta situación que muestra la improvisación dentro una judicatura que requiere mucho más que voluntarismo discursivo.
¿Y qué harán con esos 89 que desde su ignorancia e incapacidad siguen conociendo casos federales? Algo realmente inconcebible que no mereció explicación.
El oaxaqueño confesó además que ordenó suspender la estadística judicial, claro, lo que no se puede medir, tampoco se puede evaluar para continuar el precedente de opacidad del régimen morenista que ante la incomodidad que significaba el INAI, lo desapareció.
La que fue Suprema Corte, tenía un sistema estadístico eficaz que podía medir con exactitud el rezago, ponencia por ponencia, con datos verificables. En el discurso se validó una violación al derecho constitucional de todo ciudadano para acceder a información pública y así conocer el desempeño real de la institución que preside, ah pero se dijo que la Corte es del “pueblo”, aunque los ciudadanos no puedan saber fehacientemente cuantos asuntos ingresan y se resuelven para dimensionar el tamaño de su inoperancia. Las maneras ya las vimos en los últimos 12 meses con los dislates, pifias y despropósitos ideológicos que dirigen el camino de un tribunal insignificante en los hechos.
La declaración costó caro en críticas al ministro, quien se vió obligado a precisar horas después sus redes sociales que se pondría a disposición un portal de estadística judicial, con el que ya se encontró una nueva manera de procesar la realidad con cifras a modo. Son “los otros datos” de un Poder Judicial convertido en apéndice del régimen político que tomó por asalto a Pino Suárez 2.
Algo que tampoco se dijo en la pachanga de autoelogios, es que durante el último año desapareció la afectividad de las Acciones de Inconstitucionalidad, para analizar la eventual nulidad de leyes que transgreden la Carta Magna. De toda la agenda impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum ante el Congreso, ni una sola ley ha sido revisada en su constitucionalidad. De septiembre de 2025 al presente, el tribunal “del pueblo” recibió 3 Acciones de Inconstitucionalidad respecto a leyes federales, de las cuales desechó 2 y mantiene en trámite una que tendrá la misma suerte.
En la anterior integración que encabezó Norma Piña, la mayoría de las leyes impulsadas por Andrés Manuel López Obrador fueron anuladas por su evidente inconstitucionalidad, producto de violaciones a derechos, aprobaciones al vapor e irregularidades en el procedimiento legislativo a cargo de Morena y sus satélites. Esta fue una de las principales motivaciones para destruir al Poder Judicial autónomo que podía exhibir e invalidar los atropellos del Ejecutivo. Por eso les urgía lograr la súper mayoría legislativa con el beneplácito de la banda de magistrados encabezada por Mónica Soto y “los felipes” en la Sala Superior del Tribunal Electoral.
El saldo general del primer año tras la reforma al Poder Judicial de la Federación es realmente catastrófico para el sistema de impartición de justicia que fue independiente del partido gobernante en los últimos 30 años, tras la reforma que lo fortaleció como Tribunal Constitucional capaz y decidido a impedir los atropellos del Ejecutivo y Legislativo.
El golpe acabó con la carrera judicial de más de 800 juzgadores federales que hicieron trayectorias de mérito durante décadas y alcanzaron la titularidad de órganos jurisdiccionales a través de rigurosos exámenes de selección. Si hablamos de la calidad profesional de los integrantes del pleno de la Corte, la actual integración proveniente de la elección de los acordeones, es incuestionable que estamos frente al peor nivel que se recuerde en la historia moderna del país.
Los signos de la actualidad en este poder son la mediocridad, el populismo, la ignorancia y la obediencia respecto al régimen gobernante. México perdió los sanos equilibrios que brindó durante 3 décadas un cuerpo colegiado autónomo con juristas reconocidos por su calidad como peritos en Derecho.
El saldo a un año del atropello del obradorado, ejecutado por Claudia Sheinbaum es la destrucción del principio de división de poderes. Nadie en sus cabales podría afirmar que la actual integración y gobierno de la Corte, el Órgano de Administración Judicial que preside Nestor Vargas y el Tribunal de Disciplina Judicial que dirige Celia Maya honran nuestra extinta democracia constitucional.
