A 19 días de que concluya el periodo de 15 años de Fernando Franco González Salas como ministro en activo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el contexto tradicional al interior del Poder Judicial de la Federación se da con los pronósticos y especulaciones sobre cómo vendrán los reacomodos en posiciones tan relevantes.
Todo indica que en la terna que enviará el presidente de la República al Senado para cubrir la vacante en el tribunal constitucional estará incluyendo a Loretta Ortiz Ahlf, Verónica De Gyves Zárate y a Bernardo Bátiz Vázquez, en los tres casos con sillas en el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto del exprocurador de justicia de la capital, por razones naturales sus 85 años de edad ya no le otorgan un horizonte amplio para ponerse la toga durante 15 años, en la vacante que dejará el ministro Franco el próximo 30 de noviembre.
Parece que los ánimos del gran decisor favorecen a Loretta Ortiz para consolidar su llegada al edificio sede en Pino Suárez número 2. De ser así, por primera vez en la historia reciente de la Corte habría 4 mujeres y 3 de ellas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto provocaría una vacante en el Consejo de la Judicatura Federal. Es conocido al interior del Poder Judicial que la ministra en retiro y ahora senadora, Olga Sánchez Cordero, ha pretendido impulsar a su hija Paula García Villegas Sánchez Cordero, actual magistrada del Tercer Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito, para acceder a encargos más relevantes, primero como consejera y posteriormente como ministra, en un sitial que ocupó ella durante tres lustros.
El perfil de quien se ponga la toga en diciembre será crucial para la composición de fuerzas al interior del máximo tribunal, ya que el año próximo se dará la sucesión de Arturo Zaldívar en su presidencia. Es obvio que habrá cuatro integrantes designados en ternas propuestas por Andrés Manuel López Obrador en los últimos tres años, que sumados al actual presidente solo necesitarían otro voto para impulsar en la titularidad del Poder Judicial de la Federación un perfil afín al Ejecutivo federal, que suele molestarse mucho por las resoluciones de juzgadores que no satisfacen los intereses de su gobierno.
El abordaje de la 4T en la Suprema Corte es imparable, el bloque proveniente de la carrera judicial está en extinción, ya que solo Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Norma Piña pertenecen a ese sector que buscaría una alianza en torno a Javier Laynez para equilibrar al grupo antagónico. Se dice entre las asociaciones de jueces y magistrados del país, así como en los pasillos del edificio sede, que el voto que definiría al relevo de Zaldívar podría ser el de Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, que suele ser muy pragmático en ese tipo de negociaciones. Los dos grupos están decantados y tampoco se descarta que alguna o alguno de los recién llegados respalde a un ministro del otro sector.
Estamos a unos días de conocer la terna. El escenario menos probable es que en la baraja se incluya también a Paula García Villegas, con la enorme ventaja de la operación política en la Cámara alta de su propia madre como presidenta de ese órgano legislativo y el correspondiente conflicto de interés.
El ministro Fernando Franco dejará un hueco muy difícil de llenar. Su verticalidad, objetividad, prudencia y valor como jurista han distinguido su ejercicio en la Corte. Pudo haber sido un extraordinario presidente del alto tribunal y nunca se obsesionó con ello, siempre aportó de forma institucional y es reconocido como un juzgador intachable distante de los reflectores por decisión propia.
El trabajo de Franco González Salas amerita detenerse a reflexionar sobre sus aportaciones en una etapa de transformaciones y cambios de estilo respecto a los últimos cuatro presidentes de la Corte. Con Guillermo Ortíz Mayagoitia fue colaborativo y cercano. A pesar de la amistad con José Ramón Cossío no se enfrascó con él para respaldar su obsesión por la presidencia de la Corte y sus encarnizada rivalidad con Arturo Zaldívar, supo desprenderse de Cossío Díaz para fortalecer el consenso que permitió a Juan Silva Meza imponerse y materializar un periodo marcado por la austeridad y la publicidad sobre las sanciones contra juzgadores corruptos. En la histórica y desgastante votación en la que Zaldívar perdió la elección contra Luis María Aguilar, respaldó las intenciones de Silva para evitar una regresión institucional que lamentablemente se consolidó durante el mandato de Aguilar Morales en los temas de combate a la corrupción interna.
Franco siempre sumó con quien garantizara la modernización y eficacia de una institución que ha honrado con su desempeño jurisdiccional. Durante la era Zaldívar se ha destacado como un aliado discreto que ha sorteado solidariamente los vendavales de una relación tensa con López Obrador y sus recurrentes reproches hacia los juzgadores federales.
Se va el ministro que más y mejor criterio político ha mostrado en los últimos años para ejercer la caballerosidad con sus colegas, sin ceder en sus principios que defiende sin concesiones. Se va un destacado formador de jueces y magistrados, cuyo afán en ponencia siempre fue obligar a volar a sus colaboradores para respaldar sus carreras en el Poder Judicial de la Federación, dando ejemplo de disciplina y firmeza.
Quien llegue a ese sitial tendrá un hueco difícil de llenar en una oficina reconocida por el orden estilo inglés.
EDICTOS
Ahora que Pablo Gómez Alvarez es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con basta experiencia política pero nula en procedimientos jurídicos, es previsible que siendo un radical de izquierda su trabajo de investigación y eventuales persecuciones se enfoquen con mayor intensidad en los llamados adversarios del régimen. Para Gómez Alvarez, el equilibrio no es virtud, porque en su contexto ideológico comparte el código “es conmigo o contra mí” en congruencia con la visión de quien lo designó en lugar de Santiago Nieto.
Se va de la UIF el artífice de que Eduardo Medina Mora se viera obligado a renunciar al cargo de ministro de la Corte, tras la presión del bloqueo de sus cuentas bancarias. Nieto Castillo también denunció las irregularidades en los estados financieros de José Luis Vargas, expresidente del Tribunal Electoral y todavía magistrado de la Sala Superior. Al final del día, la salida de Julio Scherer Ibarra de la Consejería Jurídica de la Presidencia terminó debilitando al recién casado que no se quedará quieto en los próximos meses con la delicada información que conoce.
Por motivos distintos, pero muy contentos con el escandaloso despido se encuentran dos personajes oscuros y extremadamente calculadores: Alejandro Gertz Manero y Roberto Gil Zuarth. Se dice con insistencia respecto al reciente relevo que salimos de Guatemala para entrar a “guatepeor” y me parece que sí.
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