Enrique Rodríguez
La mayoría calificada del pleno del Tribunal constitucional anuló la prisión automática para las personas señaladas por contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal calificada, cuando el monto de las operaciones sea mayor a los 8.6 millones de pesos.
En el Congreso, Morena hizo valer su mayoriteo en la anterior legislatura para cumplir la instrucción girada desde el gobierno federal que dio a estas conductas el tratamiento de delitos que atentan contra la seguridad nacional, lo que se consideró un exceso que llevaría a la prisión preventiva oficiosa a todo aquel señalado como presunto responsable en estos casos.
Las reformas aprobadas en noviembre de 2019 fueron desproporcionadas y violatorias de los derechos humanos, lo que motivó la presentación de una acción de inconstitucionalidad respaldada por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD para anular diversos artículos de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Fiscal de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Estos ya no podrán ser un instrumento de encarcelamiento inmediato por la Fiscalía General de la República, que bajo el timón de Alejandro Gertz, es una versión siglo XXI de las prácticas de Tomás de Torquemada.
Se requerían ocho votos para anular diversas disposiciones aprobadas hace dos años y los integrantes del pleno alcanzaron una resolución muy destacada para fijar límites al catálogo de conductas que comprometen la seguridad nacional. En la discusión, el ministro Javier Laynez, experto en temas fiscales, dejó claro que bajo los criterios del actual sistema penal acusatorio, la prisión preventiva podría convertirse en una pena anticipada para quienes quedan vinculados a proceso. En la actualidad, el juez de control tiene la facultad de decidir la prisión preventiva en cualquier caso, sin embargo queda a su criterio bajo los parámetros que fija la propia Constitución.
La decisión de los ministros es encomiable porque elimina un mecanismo de encarcelamiento en modalidad fast track que atentaba contra los principios de presunción de inocencia.
La discusión fue interesante en el pleno, para la ministra Margarita Ríos Farjat, exjefa del SAT, las figuras anuladas sí representan un peligro para la seguridad interna “por la cantidad de redes inmersas en estos delitos, redes que trascienden nuestras fronteras y además por la enorme cantidad de dinero que circula en esas actividades que suele además relacionarse con actos de corrupción”, señaló al fijar su postura ante sus colegas.
El artículo 19 de la Constitución determina que “el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio o el desarrollo de la investigación” y, además de los supuestos enumerados, cuando sean delitos graves que determinados en la ley sean calificados como atentatorios de la seguridad nacional.
El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, consideró que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y la calificó como una condena sin sentencia, por lo que votó contra el proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco, ponente del caso.
No pasaron 24 horas de la decisión del máximo tribunal cuando las descalificaciones contra los criterios que no concuerdan con su visión de las cosas aparecieron en las declaraciones presidenciales desde Palacio Nacional. Andrés Manuel López Obrador espetó refiriendose a la resolución de la Corte: “Eso refleja que va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. Es la misma política del Poder judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción”.
La Corte enmendó la plana al gobierno federal y el enfado contra la resolución ha provocado la acostumbrada narrativa de manipulación para hacer creer a quienes no son especialistas en temas jurídicos que “los fifis no irán a la cárcel” (sic). Con estas declaraciones, el tabasqueño se pone a la vanguardia en el quién es quién en las fake news que se patrocina desde su oficina.
La decisión del Tribunal constitucional no implica dejar de sancionar este tipo de conductas, simplemente elimina la posibilidad de la prisión automática para quienes sean imputados (no necesariamente culpables) por este tipo de conductas. La Corte ha tomado una decisión garantista de los derechos humanos y corregido un exceso que ahora se confirma con claridad quién ordenó promover y aprobar.
En la votación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Norma Piña, Alfredo Gutierrez Gutierrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcantara Carrancá, Arturo Zaldívar y Javier Laynez hicieron posible la anulación con los ocho votos que se requieren para declarar la inconstitucionalidad. Los pronunciamientos en contra fueron de Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa y Fernando Franco que obviamente respaldó su proyecto.
El nuevo disgusto provocado por la decisión acelerará la intención de crear en la conferencia mañanera una hoguera para fustigar a los juzgadores federales que resuelvan contra los intereses del régimen, como ya se anticipó. No ha sido suficiente el exceso fascista de embestir contra los periodistas incómodos, sino que ahora siguen los jueces, magistrados y ministros que no se arrodillen frente al Ejecutivo.
Tenemos un mandatario que no quiere sumar, maestro de la manipulación que destruye y utiliza la calumnia para satisfacer a sus fanáticos, que sin argumentos ataca a instituciones que se resisten a claudicar ante el absolutismo que se nutre del repudio a la verdad y las razones argumentadas. Mientras tengamos una Corte que haga valer nuestra Constitución sobre los intereses políticos, habrá perspectiva para la nación que soporta a los déspotas promotores de la ignorancia y el temor.
EDICTOS
Imposible no referirme a las blasfemias lanzadas por López Obrador contra la máxima casa de estudios. Viniendo de un exalumno que estuvo muy lejos de ser brillante, pero pisó las aulas de Ciudad Universitaria se esperaría un natural agradecimiento, inexistente en quien es guiado por los rencores, aunque se diga lo contrario.
La Universidad Nacional Autónoma de México admite todas las formas de pensamiento, su pluralidad, inclusión y fortaleza institucional le ha permitido soportar los embates más regresivos de la historia moderna.
Ni Gustavo Díaz Ordaz en un México sin respeto a las libertades de los años 60 fue tan absurdo en sus expresiones hacia la UNAM como lo ha sido el actual inquilino de Palacio Nacional. El sexenio concluirá en tres años y nuestra universidad seguirá construyendo de forma inalterable su historia de excelencia para orgullo de nuestro país. Esta vez López Obrador eligió una narrativa distractora muy peligrosa que le será contraproducente.
