José Luis Parra
Claudia Sheinbaum suele refugiarse en una figura casi mística: el pueblo. Lo invoca para justificar reformas, respaldar decisiones y blindar políticamente a su movimiento. El pueblo como escudo. El pueblo como juez. El pueblo como absolución automática.
Pero a veces el pueblo responde cosas incómodas.
Y esta vez respondió sobre Rubén Rocha Moya.
Según la encuesta de Reforma, el 57 por ciento considera que el gobernador con licencia de Sinaloa sí debe ser extraditado a Estados Unidos tras las acusaciones de presuntos nexos con el narcotráfico. Peor aún para el discurso oficial: apenas un 14 por ciento cree en su inocencia. Y todavía más delicado: la mitad de los encuestados confía más en el sistema de justicia estadounidense que en el mexicano.
Demoledor.
Porque el golpe ya no viene de la oposición, ni de los conservadores, ni de los adversarios imaginarios del régimen. Viene del mismo pueblo bueno y sabio que tanto se cita desde Palacio Nacional.
Ahí está el problema para Sheinbaum.
Defender a Rocha empieza a tener costos políticos demasiado altos. Cada día pesa más. Cada declaración obliga a cargar un cadáver político que todavía respira, pero que huele a crisis transexenal.
Y las crisis, cuando se dejan crecer, terminan exigiendo sacrificios.
Claro, tirar lastre también implica riesgos. Rocha no es cualquier pieza del sistema. Es parte de una estructura de poder demasiado amplia, demasiado conectada y demasiado peligrosa como para pensar que caería solo. Un dinosaurio herido no se desploma en silencio. Da coletazos.
Y algunos podrían alcanzar niveles muy altos.
Muy altos.
Por eso el régimen enfrenta una disyuntiva incómoda: sostenerlo y seguir desgastándose… o entregarlo y abrir una caja negra que quizá nadie quiere abrir completamente.
Porque una cosa es el discurso soberanista y otra muy distinta el expediente que eventualmente pueda construirse en cortes estadounidenses.
La encuesta además deja otro dato brutal: el 55 por ciento no cree en la imparcialidad de las investigaciones ordenadas por el gobierno mexicano sobre las acusaciones contra Rocha.
Traducido al español político: el pueblo tampoco le cree al árbitro.
Y cuando un gobierno pierde credibilidad en la justicia, empieza a gobernar únicamente con narrativa.
Pero las narrativas también se desgastan.
Sobre todo cuando enfrente aparece el miedo, la sospecha y la percepción de complicidades.
Mientras tanto, en Sinaloa el ambiente se enrarece más. Cada silencio pesa. Cada defensa presidencial alimenta sospechas. Cada intento de cerrar filas abre nuevas preguntas.
Y queda una interrogante peligrosísima flotando en el aire:
Si eventualmente el gobierno de Rubén Rocha fuese considerado ilegal o producto de vínculos criminales… ¿qué pasaría con todas las decisiones tomadas durante su administración?
¿También quedarían bajo sospecha?
Porque ahí ya no hablamos solamente de un gobernador.
Hablamos del Estado mismo.
Y cuando un Estado entra en zona de sospecha, nadie duerme tranquilo.
Ni siquiera en Palacio Nacional.
