Por Fred Alvarez Palafox
Washington —sus agencias de inteligencia y justicia— está jugando con México. Hay que decirlo con todas sus letras y sin titubeos. Claro que tienen la información; por supuesto que los expedientes existen bajo llave, pero simplemente se niegan a soltarlos.
El expediente de acusación (indictment), radicado en la Corte del Distrito Sur bajo la implacable lupa de la jueza Katherine Polk Failla y el fiscal Jay Clayton, es contundente. Desde el mes de abril, el dedo acusador señala a diez personas —entre ellas, al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya— por tres pesados cargos federales:
Conspiración para la importación de drogas.
Conspiración para poseer ametralladoras y explosivos.
Posesión directa de armamento destructivo.
El laberinto legal y el encierro de terciopelo
Precisemos el terreno: no estamos ante un proceso formal de extradición, sino frente a una solicitud de detención con fines de extradición, que es muy distinto. Un juicio de extradición no es un trámite de ventanilla; es un monstruo jurídico-administrativo, complejo y tardado, regido por el tratado bilateral y la Ley de Extradición Internacional.
Se nos vendió la idea de un reloj de arena de sesenta días, una cuenta regresiva que amenazaba con vaciarse inútilmente para darle la libertad inmediata a los señalados. Pero la realidad, tras el velo, es otra. Rocha y los otros protagonistas jamás han estado detenidos. Viven en una suerte de encierro de terciopelo, resguardados con celo por el Estado para evitar que un descuido los haga responder ante la justicia estadounidense.
Como bien retrató el penalista Rodolfo de la Guardia: ese cronómetro legal solo cobra vida en el segundo exacto en que la persona requerida está detenida. Hoy, al no haber captura, ese reloj está inerte.
La silla vacía en el tercer piso
Han transcurrido ya más de cien días. Cien jornadas larguísimas en las que el reloj político de Sinaloa parece haberse congelado, atrapado en un denso limbo. Allá, en el tercer piso del Palacio de Gobierno, la silla sigue vacía porque el gobernador no regresa. Simplemente, no puede hacerlo. No es fácil, ni prudente.
En la conferencia matutina, el reportero Israel Aldave, de Grupo Fórmula, soltó la pregunta directa: —¿Continúan los Estados Unidos sin enviar la información que ustedes han solicitado?
La respuesta de la Presidenta fue tajante y desnudó, una vez más, el estancamiento diplomático que sopla desde el norte:
“Sí, no han enviado la información de detención urgente para extradición, no han enviado ninguna información”.
—Presidenta, si no envían la información, ¿por qué el gobernador no regresa a sus funciones? Sé que es una decisión personal de él, pero, ¿hay algo que le haya comentado a usted la secretaria de Gobernación? —inquirió Israel.
La postura presidencial no dejó lugar a dudas:
“No, pues es una decisión de él, de mientras siga este proceso mantenerse (con licencia)… Así lo dijo él en el momento en que salió de su puesto: ‘no quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa ni mucho menos, prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación’ “.
Memoria de un callejón sin salida
Hagamos memoria de cómo llegamos a este callejón. Cuando aquellas acusaciones asomaron desde Nueva York señalando a diez mexicanos, el gobernador tomó una ruta de contención obligada. Pidió licencia argumentando que no quería poner en duda la gobernabilidad ni entorpecer el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR). Se iba por treinta días y dejó a Yeraldine Bonilla al frente del estado. Sin embargo, esos treinta días se han ido estirando como una liga vieja a punto de reventar, sometiendo a Sinaloa a una interinidad prolongada que ya asfixia el ambiente.
Y, para ser brutalmente francos: la FGR no ha hecho nada. Con todo respeto, no tiene nada —y todo indica que no tendrá nada— que acuse directamente a Rocha Moya. Para muestra de este empantanamiento legal y operativo, ahí sigue flotando el caso de Héctor Melesio Cuén.
Todo apunta a una petición formal
La presión de México en este tema radica en que Estados Unidos haga la solicitud formal y se haga a un lado la figura de la detención provisional. Un juicio formal obliga al Estado mexicano a tomar una lupa, revisar cada coma mediante un escrutinio minucioso y decidir si entrega o no a un ciudadano.
Para encender los motores de este mecanismo, Washington está obligado a presentar —ahí sí— pruebas que, bajo el tamiz de nuestra ley, justifiquen la aprehensión y el futuro enjuiciamiento. El expediente exige una anatomía perfecta: orden de captura viva, una narrativa clara de los hechos y un andamiaje legal irrompible.
Y justo aquí se asoma la sombra de un peregrinaje eterno, un desgaste procesal que bien podría estirar su agonía hasta que pasen las elecciones de 2027; quizá ese sea el verdadero quid del asunto.
El juicio de extradición es un camino tortuoso:
En la primera etapa, un juez de distrito evalúa los papeles para avalar el cumplimiento del tratado. Su opinión no es vinculante para el Ejecutivo, pero marca el tono del litigio.
Los reclamados gozan del derecho intacto de presentar excepciones y pruebas que refuten los cargos.
Si la rueda sigue girando, la interposición de un amparo puede congelar la entrega hasta que se resuelva su constitucionalidad, inaugurando un laberinto de años.
La última palabra la tiene la Cancillería. Su deber es evaluar si la petición respeta nuestra soberanía y los principios de legalidad. De negarla, está obligada a fundamentar formalmente sus motivos por escrito ante el país solicitante.
El globo sonda y la encerrona empresarial
Bajo esta neblina de incertidumbre, las versiones que sugieren el retorno del gobernador tienen todo el aspecto de ser un globo sonda, un franco intento por medir las aguas.
Curiosamente, en medio de este clima enrarecido, el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, estuvo en Culiacán hace unos días para sostener una encerrona con un grupo de connotados empresarios sinaloenses. La versión oficial señala que la cita sirvió para dialogar sobre el Presupuesto 2027, las reformas del Congreso de la Unión y las vías para lograr la recuperación económica del estado. Suena bien. Pero, ¿por qué no emitieron un comunicado conjunto?
De hecho, fue el propio legislador quien se encargó de hacer pública la reunión a través de una fotografía acompañada del siguiente mensaje:
“Vamos a reconstruir la economía y lograr la paz en Sinaloa. En Culiacán sostuvimos un encuentro con destacados empresarios e inversionistas. Agradezco a Agustín Coppel, Luis Osuna Vidaurri, Diego Ley, Juan Haberman, David Tamayo, Juan Ley, Sebastián Arana y Amado Guzmán por su disposición para trabajar juntos por el desarrollo y la prosperidad del estado”.
La reunión fue eminentemente política. Si bien los empresarios organizaron el cónclave, quien se encargó de capitalizarlo fue Ramírez Cuéllar, y seguramente lo hizo con la anuencia de ellos. Ahí está la foto y que cada quien interprete.
Para Manuel Clouthier, “es muy posible que este grupo haya determinado que Morena va a ganar la elección del próximo año”. Desde su perspectiva, se percibe un claro intento de la cúpula empresarial por influir en la definición del candidato morenista. El mensaje entrelíneas es duro: han dado por inútil la lucha de la oposición, optando mejor por alinearse al poder.
¡Órale!
Sin embargo, entre los números del presupuesto 2027, las urgencias económicas y estos coqueteos políticos prematuros, me pregunto si, en esa mesa a puerta cerrada, alguno de los empresarios se atrevió a preguntar por el regreso de Rubén Rocha Moya.
Ese es el verdadero quid. En política, nada es casual.
