Por Fred Alvarez Palafox
@fredalvarez
Dos meses bastaron para que el sistema penal mexicano exhibiera su rostro más implacable y, paradójicamente, terminara por ceder ante la evidencia de su propio exceso. Ayer, 25 de septiembre, un indispensable atisbo de cordura regresó al proceso de Ernesto Ruffo Appel. Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, concedió su excarcelación del penal del Altiplano y modificó la rigidez de la prisión preventiva de oficio.
Ahora, en lugar de los muros de máxima seguridad, cumplirá la medida en su domicilio ubicado en la Avenida Ruiz 727, en la colonia Centro del puerto bajacaliforniano. Es de reconocerse la sensatez del juzgador, quien optó por priorizar el humanismo y la razón frente al estruendo político. En su fallo pesó, ante todo, la innegable vulnerabilidad de un hombre de 76 años, cuya salud y fuerza se encuentran mermadas por la hipertensión y una reciente cirugía de cadera.
Sin embargo, el alivio de esta resolución no debe nublar una verdad ineludible que quedará como una mancha en nuestro sistema de justicia: Ernesto Ruffo jamás debió pisar la prisión de máxima seguridad del Altiplano. Jamás.
Enviar a un hombre de su edad a la misma fortaleza gris diseñada para los criminales más sanguinarios del país no responde a una necesidad procesal; es una llana exhibición de poder. La Fiscalía General de la República (FGR) construyó un andamiaje espectacular en torno a un presunto «huachicol fiscal». En su narrativa, se escudó en la rigidez del Artículo 19 constitucional para exigir la prisión preventiva oficiosa, pero cerró los ojos deliberadamente ante el Artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla con absoluta claridad el arraigo domiciliario para mayores de 70 años.
El teatro del poder necesitaba a un villano en las entrañas del Altiplano. Urgía la imagen: la fotografía del adversario esposado y humillado. Para entregar esa postal punitiva, la FGR estuvo dispuesta a sacrificar el debido proceso, coronando la afrenta al cerrar cínicamente sus comunicados presumiendo un falso respeto por los «derechos humanos».
El eco de este abuso, tristemente, fue orquestado desde la cúpula. En lugar de garantizar la imparcialidad del Estado, presenciamos cómo la investidura presidencial se utilizó para condenar mediáticamente a un ciudadano. La presidenta, en un exceso discursivo que pasará a la historia de las imprecisiones jurídicas, llegó a afirmar que Ruffo era un hombre “juzgado”, aniquilando de un plumazo el principio constitucional de la presunción de inocencia cuando el juicio apenas gateaba. Lo dijo y no se retractó.
A la par, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, extravió sus funciones republicanas para asumir el rol de fiscal política. Utilizó el caso como un caballo de Troya para legitimar la Reforma Judicial, amenazando veladamente a Mario Elizondo, el juez que inicialmente tuvo el criterio de exigir pruebas antes de obsequiar órdenes de captura. El mensaje enviado desde el Ejecutivo fue contundente: la maquinaria punitiva aplaudirá a los jueces de consigna y sancionará a quienes se atrevan a ser contrapesos. A los amigos, gracia; a los adversarios, el peso aplastante del Estado.
Afortunadamente, aún respiran algunos jueces probos bajo la toga, aunque hoy parezcan una especie en extinción.
Hoy, la crónica humana de esta venganza disfrazada de justicia nos deja una imagen desoladora. El primer gobernador de oposición en la historia moderna de México regresará a su casa en la Avenida Ruiz, pero su hogar es ahora una extensión de la cárcel. Estará custodiado por efectivos de la Guardia Nacional, incomunicado por la FGR y asfixiado financieramente por el congelamiento de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
El sistema le ha concedido un espacio más digno para enfrentar la ley, pero lo mantiene inmovilizado, viviendo solo y sin recursos siquiera para comprar sus alimentos básicos.
Nadie exige impunidad.
Si existen pruebas de operaciones ilícitas, que hablen en los tribunales mediante un juicio justo. Pero el debido proceso no es un lujo que el Estado pueda otorgar o retirar a capricho; es el único muro que protege al ciudadano de la tiranía.
Por fortuna, Ernesto Ruffo no está solo frente al embate. Cuenta con el respaldo de un amplio sector de la sociedad civil —al grado de que incluso voces del oficialismo, como el senador morenista Javier Corral, se atrevieron a calificar su encierro como una injusticia—, y está blindado por una defensa de peso. Si bien en la primera línea de fuego legal se encuentran los abogados Arturo Germán Rangel y Juan Marcos Gutiérrez González, el músculo estratégico detrás de ellos lleva el nombre de Fernando Gómez Montt.
Hace unas semanas, el experimentado penalista desnudó en televisión lo que a todas luces huele a venganza. Su diagnóstico fue tajante: recluir a un hombre de 76 años en el Altiplano por un presunto delito patrimonial no es hacer justicia, es usar al Estado como guillotina. Una «canallada inadmisible», sentenció, que retuerce una ley de excepción con el único fin de aniquilar opositores.
El abogado destrozó el expediente exhibiendo tres absurdos insostenibles:
i) Los tiempos no cuadran: Pretenden vincular a Ruffo con presuntos delitos de 2025 y 2026 basándose exclusivamente en actos corporativos de 2018;
ii) El «huachicol mágico»: Nos exigen creer en una red colosal de contrabando transfronterizo que, milagrosamente, habría operado sin la complicidad de un solo funcionario de Aduanas o del gobierno federal y;
iii) El mito del crimen organizado: Tras un año ininterrumpido de investigación, no existe un solo mensaje, correo o llamada que conecte al exgobernador con el resto de los detenidos.
Al denunciar una lectura «frívola, torpe y morbosa» del caso, Gómez Mont lanzó un dardo directo a la FGR: una cosa es montar un espectáculo mediático frente a los micrófonos y otra, muy distinta, sostener un expediente hueco en los tribunales.
Cuando la periodista Azucena Uresti lo buscó para que respondiera a las duras expresiones de la presidenta, el abogado declinó el enfrentamiento. Argumentando su respeto por la investidura presidencial, dejó claro que no descendería a un debate estéril con la mandataria, pero dejó suspendida en el aire una advertencia letal: la historia nos enseña que quien hoy abusa del poder, mañana se duele de esa misma arbitrariedad. La rueda del poder, tarde o temprano, gira en sentido contrario.
Sobre este mismo punto escribí a finales de julio un texto en La Silla Rota que recogía todos estos detalles: «¿Y dónde queda la presunción de inocencia?», una postura que hoy mantengo con más firmeza que nunca…
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2026/7/29/y-donde-queda-la-presuncion-de-inocencia-522656.html
Gómez Mont sabe perfectamente de lo que habla. Conoce el poder desde adentro —fue secretario de Gobernación entre 2008 y 2010— y no fungió como un testigo de ocasión, sino como uno de los auténticos arquitectos de la reforma al Poder Judicial de 1994. Como asesor del entonces presidente Zedillo, tejió los hilos de una propuesta que vio la luz el último día de aquel año y cobró vida con el amanecer de 1995, fecha que marcó el fin de una era cuando el pleno despidió a sus 26 ministros y la Suprema Corte cerró sus puertas para sumergirse en un mes de profunda transición. El silencio en los pasillos terminó el 26 de enero tras la elección en el Senado de una nueva cúpula reducida a solo 11 ministros, quienes iniciaron labores el primero de febrero; sin embargo, el tiempo traería consigo un giro amargo. Aquel entramado judicial, diseñado entonces con tanto rigor, terminaría desfigurado décadas más tarde durante el gobierno de López Obrador para abrir paso a la insólita figura de los “juzgadores del acordeón”, provocando un ocaso institucional donde la defensa de la justicia y del debido proceso cobra una vigencia vital, acaso más urgente que nunca.
Para la historia inmediata!
