Desde los primeros días de clase en la Escuela Nacional de Economía (ENE), hoy Facultad (FE), en la UNAM allá por 1972, escuché en la calle una crítica a los economistas: “son como zopilotes, planean mucho y pocas veces aterrizan lo que proponen”. Quizá había algo de razón. Pero, esa opinión no cambió mi deseo de llegar a ser uno de ellos, para defender y apoyar las causas sociales.
En la materia “planeación económica y social” nos enseñaron las herramientas que nos permiten conocer el lugar en que nos encontramos como sociedad; fijar las metas y objetivos (metas cuantitativas, objetivos cualitativos) hacia donde queremos llegar; y, finalmente, establecer las estrategias (medios, recursos y tiempos) para lograr lo que nos propusimos. A finales de ese periodo (López Portillo 1976-82), el gobierno federal sentó “las bases para” planear el desarrollo del país con el Plan Global de Desarrollo, con sus respectivos “planes” sectoriales y regionales. En la siguiente administración de Miguel De la Madrid (1982-88), se avanzó en materia de planeación y se estableció un maravilloso “Sistema nacional de planeación democrática”. Lo primero que se hizo en 1983, después de modificar la Ley orgánica de la administración pública federal, fue actualizar la vieja ley de planeación de 1930.
El Sistema consistía en establecer una red a nivel federal estatal y municipal, mediante la que habría, al primer nivel un “único” Plan Nacional de Desarrollo. Tenía Programas “nacionales” de desarrollo; y, de ellos se derivaban los Proyectos “nacionales” de desarrollo. Lo mismo se haría en los estados: Plan estatal de desarrollo, Programas estatales…Proyectos estatales. . .; y, en los municipios: Plan municipal… Programas municipales… proyectos municipales. El sistema también contemplaba una coordinación entre niveles de gobierno; y, una concertación de acciones, entre éstos y el sector privado, y acuerdos con los grupos sociales, para que todos de manera conjunta -a través de consultas populares-, participaran en la planeación del país. ¡Una belleza de ingeniería administrativa!
Pero; ¿qué creen que pasó?, que todos esos bonitos documentos se quedaban guardados en los escritorios de los funcionarios, y en las bibliotecas para consulta. La ley de planeación dice que el nuevo ejecutivo federal debe presentar ante el poder legislativo, el “Plan Nacional de Desarrollo” a más tardar el 31 de mayo del año siguiente al de la toma de posesión. Ya en la práctica, se cumplían las formalidades de lo que dice la ley; y después, el presidente de la república, los gobernadores y los presidentes municipales hacían lo que les daba su gana. Eso sí, cada seis meses tenían que informar a su respectivo poder legislativo los avances del plan, programas y proyectos. Los reportes de avance eran unas verdaderas vaciladas que mencionaban algunas acciones de lo que habían hecho, sin mencionar la meta compromiso que se había establecido, para saber si se había cumplido. El sistema teórico y maravilloso de planeación sirvió solo para presumir -en México y en el extranjero-, que todos los mexicanos participábamos en la planeación del país, hasta los indígenas opinaban y diseñaban su futuro, ¡¿Qué tal?!
Al paso de los años, y aunque muchos creían que nunca llegaría el día, la “auditoria histórica de la justicia social”, tocó a la puerta de los que se sentían intocables y dueños de México. Así es. Con la Cuarta Transformación (4T) que emprendió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a partir del primer día de julio de 2018, se inició la auditoría a lo hecho en el pasado y a cambiar la vida económica, social y política del país. Cuando le llegó su turno a la planeación económica y social, la forma de hacerlo cambió también, radicalmente. El presidente le encargó a su Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, elaborar el proyecto de plan. Lo hizo conforme a la metodología del Sistema descrito. Al presidente le indignó y antes de que lo corriera, aquél renunció al cargo.
Hoy, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, contiene textualmente cada una de las ideas, y los compromisos que AMLO estableció en su campaña y que ha ido aplicando día tras día, aunque -obviamente-, no es del agrado de sus adversarios. Lo critican de que el Plan no tiene una estructura literaria elocuente como los planes nacionales de desarrollo de las administraciones del periodo neoliberal (1982-2018); pero, debemos decir que sí contiene, un sentido de “justicia social” que nunca, ni siquiera lo pensaron los gobiernos anteriores, como: no al gobierno rico con pueblo pobre; por el bien de todos, primero atender a los pobres; erradicar la corrupción y la impunidad; separar el poder político del poder económico; hacer efectivo el derecho a la educación y a la salud; buscar la autosuficiencia alimenticia, entre otros. Con esto, está dándole vida a lo que estaba muerto en la Constitución.
¿Qué será mejor para el bien del país?, estimado lector: ¿planear, como lo hicieron los gobiernos neoliberales?, que engañaron al pueblo, lo robaron y simularon hacer algo por él; o, ¿lo que el gobierno de AMLO está haciendo en la práctica, que es, lo que señala al pie de la letra su lista de “buenas intenciones”?
Y, además, ¿tiene sentido que los economistas sigamos planeando como “zopilotes”, cuando las decisiones las toman los políticos, sin considerar la opinión de los técnicos?
