Europa despotismo ilustrado México despotismo criminal

Eduardo Sadot

El despotismo ilustrado se dio durante la segunda mitad del siglo XVIII en varios países de Europa, destacando especialmente en Prusia, Rusia, España y Austria. No ocurrió en un solo país, sino que fue una forma de gobierno adoptada por diferentes monarcas absolutos influidos por las ideas de la Ilustración. Por otro lado, en pleno Siglo XXI México pasará a la historia como el lugar donde dio inicio el “Despotismo Criminal” impulsado por MORENA su mesías y el narco.

El despotismo ilustrado fue una forma de gobierno desarrollada principalmente en Europa durante el siglo XVIII, en la que algunos monarcas absolutos adoptaron ideas de la Ilustración sin renunciar al poder absoluto. Su lema resumía toda su filosofía política: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Es decir, los gobernantes impulsaban reformas administrativas, educativas, económicas y jurídicas orientadas al progreso, pero negaban a la sociedad la participación en las decisiones públicas.

Inspirados por pensadores como Montesquieu, Voltaire o Rousseau —aunque sin aceptar plenamente sus propuestas democráticas—, soberanos como Federico II de Prusia, José II de Austria y Catalina II de Rusia promovieron la modernización del Estado, fortalecieron la administración pública, impulsaron la educación, fomentaron la ciencia y limitaron algunos privilegios feudales. Sin embargo, mantuvieron intacto el principio de que el poder emanaba exclusivamente del monarca.

La principal contradicción del despotismo ilustrado radicó en que pretendía ilustrar al pueblo sin reconocerle su derecho a gobernarse. La razón era utilizada para hacer más eficiente al Estado, pero no para distribuir el poder. De esta tensión surgirían, pocos años después, movimientos revolucionarios que reclamarían soberanía popular, división de poderes y derechos políticos, especialmente la Revolución Francesa de 1789.

En términos históricos, el despotismo ilustrado representó una etapa de transición entre el absolutismo tradicional y el constitucionalismo moderno. Demostró que las reformas pueden fortalecer temporalmente a un gobierno, pero también evidenció que el desarrollo político resulta incompleto cuando el progreso material no va acompañado de libertad, participación ciudadana y límites efectivos al ejercicio del poder.

Si el despotismo ilustrado del siglo XVIII se resumía en la frase “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, en el México contemporáneo puede advertirse una variante distinta: “Todo en nombre del pueblo, pero sin freno ni control ni contrapesos para el poder” que se lee “nuestro poder”.

La similitud radica en la concentración de decisiones en un reducido círculo gobernante. Al igual que los monarcas ilustrados, el gobierno sostiene que sus acciones buscan beneficiar a la sociedad mediante programas sociales, grandes obras públicas y una narrativa de transformación nacional. Sin embargo, diversos críticos señalan que ese propósito ha venido acompañado de una creciente centralización del poder, el debilitamiento de organismos autónomos, cuestionamientos a la independencia judicial, descalificaciones a la prensa crítica y una permanente confrontación con quienes disienten.

Existe, sin embargo, una diferencia esencial. Mientras el despotismo ilustrado pretendía modernizar al Estado apoyándose en la razón, la ciencia y la educación, en México las decisiones públicas con frecuencia privilegian la lealtad política sobre la capacidad técnica y que, además, persisten graves problemas de violencia, impunidad y presuntos vínculos entre estructuras criminales y autoridades que han sido objeto de investigaciones y denuncias públicas.

Por ello, usamos la descripción de “DESPOTISMO CRIMINAL ” para describir un modelo en el que la concentración del poder no sólo limita los contrapesos democráticos, sino que además coexistiría con la expansión de organizaciones criminales y con la erosión del Estado de derecho. Ya no se trata únicamente de gobernar simulando “que es voluntad del pueblo bueno y sabio” sin la participación efectiva de los ciudadanos, sino de un régimen donde la preservación del poder se privilegia sobre la legalidad, debilitando simultáneamente al poder judicial, el equilibrio de poderes y contrapesos institucionales, a la democracia, las instituciones y la seguridad pública.

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