El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado un “estado de conmoción interior” en el noreste del país, específicamente en la región del Catatumbo, donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes.
Esta medida, que otorga facultades extraordinarias al gobierno, busca abordar la crisis que ha dejado al menos 80 muertos y 36,000 desplazados en los últimos días.
El estado de conmoción permite al gobierno tomar decisiones rápidas y efectivas sin necesidad de pasar por el Congreso.
Según el decreto publicado este viernes, esta figura jurídica se aplicará por un período inicial de 90 días, prorrogable dos veces. Durante este tiempo, el gobierno podrá imponer restricciones a la libre circulación y establecer toques de queda para garantizar la seguridad en la región.
La violencia en el Catatumbo ha sido atribuida a enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016. Esta situación ha generado un ambiente de inseguridad que afecta gravemente a la población civil.
Desde Tibú, uno de los municipios más afectados, el líder social Jaime Botero celebró la declaración del estado de conmoción. “El pueblo está contento… los que están criticando no están pasando las calamidades que tenemos”, afirmó Botero, quien se mostró esperanzado ante la posibilidad de que el gobierno recupere el control del territorio.
Sin embargo, críticos como Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, advierten que no se necesitan decretos con fuerza de ley para atender las necesidades del Catatumbo. “Se necesita voluntad política para gestionar la capacidad del Estado en el territorio”, señaló Goebertus.
La declaración del estado de conmoción también ha llevado a la suspensión de las negociaciones con el ELN, lo que ha generado preocupación sobre el futuro del proceso de paz en Colombia. El presidente Petro ha contactado al gobierno venezolano para establecer un plan conjunto que permita erradicar las bandas armadas en la frontera.
Además, se han reactivado las órdenes de captura contra los mandos del ELN, y se están preparando solicitudes de extradición para aquellos miembros que se encuentren fuera del país.
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