La situación en Sinaloa es alarmante, ya que se está viviendo una potencial injusticia. La supuesta expulsión del accionista fundador del Desarrollo Inmobiliario Nuevo Altata sin la indemnización correspondiente y de manera unilateral por parte de la empresa, programada para el próximo 22 de marzo, podría sentar un precedente peligroso.
Lo anterior, vulneraría derechos constitucionales y principios de justicia al despojar de manera unilateral a un socio parte de la empresa, lo que transgrede gravemente los pilares de un sistema jurídico democrático.
Este hecho no sólo afecta al individuo a ser expulsado, sino que también socava los cimientos del empresariado local y despoja de protección a los accionistas minoritarios.
La divulgación de que una empresa con intereses en Sinaloa planea llevar a cabo una expulsión sumaria, sin otorgar las debidas garantías procesales, representa una afrenta directa a los derechos constitucionales y humanos de los ciudadanos.
El Notario Raúl René Rosas Echavarría, de la Notaría #55 en Culiacán, presuntamente avaló el cambio de estatutos de dicha empresa, lo que permitió lo expuesto en el párrafo anterior.
El caso en cuestión evidenciaría una serie de violaciones jurídicas flagrantes al debido proceso y a derechos fundamentales, por ejemplo, pone sujeto a violación uno de los derechos más importantes, el de la protección de la propiedad privada.Y, por otra parte, evitar ser sujeto a un acto de justicia por propia mano y a la garantía del acceso a tribunales imparciales y expeditos.
Una resolución injusta de este caso tendría consecuencias devastadoras no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Por lo tanto, las autoridades pertinentes deberán actuar con prontitud y firmeza en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en la preservación del estado de derecho.
En un Estado democrático y de derecho, la justicia no puede ser una mercancía negociable, sino un principio inviolable que debe ser protegido y preservado en todo momento, procurando el debido proceso como máxima jurídica.
