A doce años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 40 continúan sin ser localizados. La investigación, iniciada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha pasado por tres administraciones federales sin esclarecer qué ocurrió con la mayoría de los jóvenes.
La revisión más reciente incluye un nuevo análisis de las actuaciones existentes y de las comunicaciones telefónicas de la noche del 26 de septiembre de 2014. En agosto de 2026, la fiscal general Ernestina Godoy informó que este trabajo abrió nuevas líneas de investigación.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se revisan llamadas y los vínculos entre personas, horarios y movimientos. La Presidencia indicó que el análisis derivó en nuevas detenciones. Durante La Mañanera de este viernes, Sheinbaum anunció que el informe sobre los avances será presentado el lunes 28 de septiembre.
Otra línea se concentra en las cámaras ubicadas frente al Palacio de Justicia de Iguala. La Fiscalía General de la República sostuvo que el autobús Estrella de Oro 1531, donde viajaba un grupo de normalistas, fue captado por las cámaras 12 y 15 cuando era detenido por policías.
De acuerdo con la FGR, las primeras versiones oficiales indicaban que las grabaciones no existían debido a fallas técnicas. Sin embargo, una investigación posterior estableció que el material sí estaba disponible.
Ese expediente derivó en la detención del exgobernador de Guerrero Ángel “N”, quien en agosto de 2026 fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada, bajo la hipótesis de que ocultó información relevante. El proceso continúa y no representa una sentencia de responsabilidad.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se creó, en diciembre de 2018, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. En 2019, la FGR estableció la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, encargada de investigar y llevar los procesos relacionados con la desaparición.
En esa etapa se incorporaron archivos de distintas instituciones, análisis de telefonía y escuchas telefónicas obtenidas en Estados Unidos sobre integrantes de Guerreros Unidos. En 2023, la CoVAJ informó que había revisado 87 millones de registros telefónicos, depurado 84 mil considerados relevantes y ubicado 116 números activos relacionados con los grupos que operaban durante los hechos.
El expediente registra tres identificaciones genéticas. Alexander Mora Venancio fue identificado en 2014 a partir de restos recuperados en el río San Juan; Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz fueron identificados mediante restos localizados en el predio Barranca de la Carnicería, en Cocula.
La primera investigación estuvo a cargo de la entonces Procuraduría General de la República y quedó marcada por la llamada “verdad histórica”, presentada por Jesús Murillo Karam el 7 de noviembre de 2014. La dependencia sostuvo que los estudiantes fueron entregados por policías a integrantes de Guerreros Unidos, trasladados al basurero de Cocula, asesinados e incinerados.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionó esa versión en 2015. En sus informes señaló irregularidades, inconsistencias y omisiones, y concluyó que la explicación sobre la quema de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula no tenía sustento científico.
La información de la Secretaría de la Defensa Nacional permanece entre los pendientes. En septiembre de 2023, los padres solicitaron datos sobre 868 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala. La CoVAJ informó que revisó 17 mil 61 fojas entregadas por la Sedena y encontró 18 folios correspondientes a la información solicitada.
Entre los 40 estudiantes que siguen desaparecidos está Julio César López Patolzin. Documentos de la CoVAJ señalan que la Sedena lo tenía registrado desde 2012 como un elemento que realizaba labores de información dentro de la Normal Rural de Ayotzinapa.
