POR FERNANDO PESCADOR GUZMÁN.
En México, las reformas constitucionales suelen presentarse como respuestas técnicas a problemas complejos. Pero, en política, nada es tan simple. La reciente iniciativa del diputado Ricardo Monreal para incorporar la “intervención extranjera” como causal de nulidad electoral es un ejemplo claro de cómo el discurso jurídico puede chocar frontalmente con la práctica política del propio gobierno que lo impulsa.
La propuesta, aprobada con una rapidez inusual, busca implementar un blindaje para los procesos electorales frente a actores foráneos que pretendan influir en las preferencias o en los resultados. El texto del dictamen es contundente al señalar que la democracia mexicana enfrenta riesgos crecientes derivados de financiamiento externo, ciberataques, campañas de desinformación o presiones diplomáticas. Para justificar la urgencia, se citan casos como Ucrania en 2004 o Rumania en 2024, donde la injerencia rusa fue documentada por organismos internacionales.
La reforma adiciona un inciso d) al artículo 41 constitucional, estableciendo que una elección podrá anularse si “existe intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”. Con ello, “el Tribunal Electoral adquiere una base constitucional explícita para valorar si una intervención externa fue grave, dolosa y determinante.”
Hasta aquí, el planteamiento parece impecable. ¿Quién podría oponerse a proteger la soberanía electoral? Sin embargo, el problema no está en la letra de la reforma, sino en la coherencia del Estado mexicano al aplicarla.
Cuando la norma choca con la realidad
El debate adquiere otra dimensión cuando se observa la conducta reciente del propio gobierno mexicano. En noviembre de 2025, el senador colombiano Iván Cepeda (figura clave de la izquierda en su país) se reunió con la entonces dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. El encuentro sirvió para “compartir experiencias sobre la Transformación pacífica que hoy vive México”.
Meses después, en abril de 2026, Cepeda regresó a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y participar en actividades políticas con el grupo parlamentario de Morena en el Senado. No fue una visita diplomática formal ni un intercambio académico. Fue una agenda política, con actores políticos, en un contexto político.
La pregunta es inevitable: ¿bajo los criterios de la reforma recién aprobada, este tipo de encuentros constituiría intervención extranjera si ocurriera en sentido inverso?
Si un político mexicano viajara a Estados Unidos, se reuniera con la dirigencia nacional del partido republicano y participara en actividades dentro del Capitolio, ¿no sería interpretado como un intento de influir en la política interna mexicana? ¿No es eso, precisamente, lo que la reforma pretende evitar en México?
La doble moral diplomática
El gobierno mexicano ha sido particularmente sensible a cualquier señal de injerencia externa. Desde declaraciones de congresistas estadounidenses hasta informes de organismos internacionales, todo suele ser denunciado como “intervencionismo”. Sin embargo, cuando se trata de actores ideológicamente afines, la vara parece ser otra.
No es un fenómeno nuevo. La pasada administración respaldó abiertamente a Evo Morales tras su salida de Bolivia, expresó simpatía por Pedro Castillo en Perú y mantuvo una relación política cercana con sectores del kirchnerismo argentino. La administración de Sheinbaum parece continuar esa línea, ahora con el progresismo colombiano.
El caso Cepeda no es una anécdota aislada. Por el contrario, es un síntoma que muestra como México considera legítimo recibir, acompañar y dar plataforma a actores políticos extranjeros siempre que compartan afinidades ideológicas. Pero al mismo tiempo, busca blindarse constitucionalmente contra cualquier influencia externa que pudiera favorecer a la oposición interna.
La contradicción es a todas luces evidente. En México, la intervención extranjera será causal de nulidad electoral. Pero México puede intervenir políticamente en otros países sin reconocerlo como tal. Esa doble moral erosiona la credibilidad del discurso soberanista.
¿Hubo injerencia mexicana en Colombia?
La pregunta planteada, si la presidenta Sheinbaum realizó un acto de injerencia política en contra del pueblo colombiano, no es una simple provocación, sino un ejercicio lógico. Si aplicamos los criterios de la reforma mexicana, encontraríamos por los menos los siguientes elementos.
Primero, hay un actor extranjero involucrado. La presidenta de México y un partido político mexicano abiertamente interactuaron con Iván Cepeda, no como individuo particular, sino como figura política, como candidato a la presidencia de otro país. Es decir, hubo una interacción directa, sin mediación alguna, con actores políticos locales.
Segundo, la intención de influir políticamente. La narrativa de “compartir experiencias de transformación” puede interpretarse como un intercambio ideológico legítimo… o como un intento de fortalecer a un segmento político específico en Colombia.
No se trata de afirmar categóricamente que hubo injerencia, sino de señalar que, bajo el estándar que México exige para sí mismo, la conducta del gobierno mexicano podría ser vista como intervención si se evaluara desde la óptica de otro país.
El riesgo de legislar desde la superioridad moral
La reforma de Monreal parte de una preocupación legítima, la protección de la democracia mexicana ante amenazas externas. Pero legislar desde una falsa la superioridad moral, como si México fuera siempre víctima y nunca protagonista, es una espejismo peligroso.
La política exterior mexicana, especialmente en América Latina, ha dejado de ser estrictamente diplomática para convertirse en un instrumento de acompañamiento ideológico. Negarlo solo debilita la autoridad moral del país cuando exige respeto a su soberanía.
Si el gobierno quiere que la nueva causal de nulidad sea tomada en serio, debe empezar por aplicar el mismo estándar hacia adentro y hacia afuera. La soberanía no se defiende con discursos, sino con coherencia.
Conclusión
La reforma constitucional contra la intervención extranjera puede ser un avance importante para blindar los procesos electorales. Pero su eficacia dependerá de la congruencia del Estado mexicano. No se puede exigir respeto absoluto a la soberanía nacional mientras se practica la injerencia selectiva en otros países. No se puede denunciar la intervención externa mientras se reciben y acompañan actores políticos extranjeros afines.
La soberanía es un principio que se respeta o se pierde. Y hoy, México corre el riesgo de perder autoridad moral precisamente por aquello que dice defender.
SAGRADAS ESCRITURAS: Isaías 1:23
Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones; todos aman el soborno, y van tras las recompensas; no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.
