José Luis Parra
Claudia Sheinbaum empezó a desmontar, pieza por pieza, algunas de las bombas de tiempo que le heredó Andrés Manuel López Obrador. Y una de las más delicadas es precisamente la reforma judicial. La criatura consentida del obradorismo resultó tan perfecta que ahora necesitan reformar la reforma. Corregir la corrección. Parchar el parche.
Así funciona el nuevo régimen: primero dinamitan las instituciones y después organizan mesas de trabajo para recoger los pedazos.
La presidenta ya entendió algo que el caudillo nunca quiso aceptar: gobernar no es lo mismo que dar mañaneras. Una cosa es incendiar el sistema desde el poder y otra muy distinta administrar las consecuencias del incendio. Porque mientras López Obrador disfrutaba el aplauso fácil de las plazas públicas hablando de jueces corruptos y “pueblo sabio”, empresarios, inversionistas y hasta sectores internos de Morena comenzaron a descubrir que elegir jueces como si fueran regidores de barrio podía convertirse en una ruleta rusa jurídica.
Y entonces apareció la realidad. Esa maldita costumbre de la realidad de arruinar los discursos.
La reforma judicial de 2025 dejó varias escenas dignas del museo del absurdo: boletas imposibles de entender, perfiles impresentables convertidos en candidatos, acordeones electorales circulando como guías turísticas del voto y un INE al borde del colapso logístico. El experimento democrático terminó pareciéndose más a un casting improvisado que a una selección seria de impartidores de justicia.
Por eso ahora Sheinbaum habla de “perfiles técnicos”, “evaluaciones homologadas”, “exámenes de conocimiento” y hasta de simplificar boletas. Traducido al español político: descubrieron que sí importa que los jueces sepan derecho.
Curioso. Porque hace apenas unos meses el pecado era precisamente ese: saber demasiado.
Y mientras en Palacio Nacional intentan reconstruir la credibilidad del nuevo modelo judicial, en Sonora apareció un ejemplo brutalmente incómodo sobre los riesgos de haber politizado la justicia. La recién electa jueza penal Blanca Diva Ponce Caro fue nombrada secretaria ejecutiva de un comité seccional de Morena en Cajeme, es decir, pasó de impartir justicia a operar políticamente para el partido en el poder. Todo esto pese a que la Constitución habla de independencia judicial y prohíbe a jueces desempeñar otros cargos o comisiones.
La escena parece salida de una sátira política: una jueza electa bajo el discurso de combatir delitos “con todo el peso de la ley”, convertida ahora en promotora territorial partidista. Juez y militante. Árbitro y porrista. Toga y chaleco guinda.
Y luego se preguntan por qué existe preocupación.
Porque una cosa es acercar la justicia al pueblo y otra muy distinta convertir al Poder Judicial en extensión operativa del partido oficial. Ahí está precisamente el dilema que hoy Sheinbaum intenta corregir sin admitir abiertamente que el experimento salió defectuoso.
También resulta interesante el súbito interés presidencial por impedir la infiltración del crimen organizado en las candidaturas. Ahora quieren crear una comisión dentro del INE para revisar antecedentes y detectar riesgos criminales. Una medida sensata. Tardía, pero sensata.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿hasta hoy descubrieron que el narco existe?
Porque durante años se acusó a quienes advertían sobre ese riesgo de conservadores, exagerados o enemigos de la transformación. Hoy el propio oficialismo reconoce, aunque sea entre líneas, que las candidaturas pueden contaminarse. Y cuando el gobierno empieza a legislar contra algo que antes negaba, normalmente es porque el problema ya tocó la puerta principal.
Sheinbaum intenta construir su propio sello. Se aleja poco a poco de algunas obsesiones del obradorismo puro: modifica la estrategia de seguridad, abre espacio al fracking, mueve piezas dentro de Morena y ahora mete bisturí a la reforma judicial. Lo hace con cuidado, sin confrontar abiertamente al fundador del movimiento, porque sabe que el obradorismo todavía es religión para millones. Pero cada corrección lleva implícito un mensaje demoledor: sí había errores.
Y varios.
El problema para la presidenta es que corregir también tiene costo político. Porque cada ajuste representa un reconocimiento silencioso de que el “Plan C” no era tan perfecto como se vendió. Que las prisas constitucionales dejaron agujeros. Que el aplauso ideológico no sustituye la técnica legislativa. Y que convertir al país en laboratorio electoral puede salir muy caro.
Mientras tanto, Morena, el PVEM y el PT deberán tragarse otra semana de reformas exprés, periodos extraordinarios y negociaciones contrarreloj. Todo antes de junio. Todo rápido. Todo urgente. Como si legislar fuera una venta nocturna.
Y en medio de esa vorágine aparece otro detalle interesante: la posibilidad de juntar la revocación de mandato con la elección judicial de 2028. Oficialmente para ahorrar dinero. Extraoficialmente para convertir la popularidad presidencial en combustible electoral.
Nada nuevo. En política las casualidades no existen. Y menos cuando se trata de votos.
Al final, Sheinbaum parece haber entendido algo fundamental: las revoluciones sirven para conquistar el poder; las correcciones sirven para conservarlo.
Aunque eso implique admitir, sin decirlo, que el viejo arquitecto dejó algunas grietas en la obra.
