México y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo significativo para gestionar el suministro de agua del Río Bravo, conocido como el Acta 331. La firma de este acuerdo se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2024 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y fue aprobada por ambos gobiernos.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) anunció que el Acta 331 tiene como objetivo «mejorar la confiabilidad y predictibilidad de las entregas de agua del Río Bravo, en beneficio de ambos países», según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La @SRE_mx se congratula por la firma del Acta 331 entre México y los Estados Unidos de cooperación sobre el Río Bravo, que se traducen en medidas para mejorar la confiabilidad y predictibilidad de las entregas de agua.
Con esta firma se dota a nuestro país de más… pic.twitter.com/i2lBaEsXtc
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 10, 2024
La Este acuerdo busca fortalecer la cooperación bilateral en temas críticos como el abastecimiento de agua, la conservación del medio ambiente y la calidad del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo.
Entre los puntos destacados del Acta 331, se incluye la creación de grupos de trabajo enfocados en proyectos relacionados con nuevas fuentes de agua y el medio ambiente. El acuerdo también busca mejorar la calidad del agua en la cuenca, lo que beneficiará a los usuarios de ambos lados de la frontera.
«Con la consecución de este acuerdo se dota a México de más herramientas para cumplir sus compromisos en el Tratado de Aguas de 1944«, declaró Adriana Reséndez, comisionada mexicana.
El subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Humberto Marengo, destacó que el Acta 331 «es una herramienta que nos permite explorar e implementar nuevos esquemas para una mejor administración y gestión del agua disponible en la cuenca del Río Bravo».
Acuerdo Histórico para la Gestión del Agua del Río Bravo
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— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) November 9, 2024
Es importante recordar que las aguas del Río Bravo están reguladas por el Tratado de Aguas de 1944, que establece los derechos y obligaciones de ambos países respecto al uso y distribución del recurso hídrico. Aunque el Acta 331 no especifica volúmenes concretos de agua, proporciona un marco para una administración más eficiente.
La CILA continuará supervisando el cumplimiento de los tratados binacionales sobre límites y aguas, así como resolviendo cualquier controversia relacionada con su aplicación.
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