Pemex perdió 9 mil 180 millones de pesos entre abril y junio por el robo de crudo, gasolinas, diésel y turbosina, de acuerdo con su reporte financiero.
La cifra equivale a 101 millones de pesos diarios y representa el nivel más alto para un periodo similar desde 2018. Frente al mismo lapso del año pasado, el monto aumentó 20%, pese a las acciones de las autoridades contra la ordeña ilegal y el contrabando de combustibles.
La empresa fue consultada sobre el resultado financiero y las medidas implementadas para combatir el huachicol, pero no obtuvo respuesta.
Víctor Hugo Juárez Cuevas, director general de Edge Innovation, explicó que el combustible sustraído ilegalmente es producto que Pemex deja de vender y que abastece un mercado negro. En ese circuito, algunas gasolinerías ofrecen precios inferiores a las cotizaciones de las terminales de almacenamiento y reparto.
El especialista señaló que la operación ilegal puede involucrar ductos, terminales y pipas. También afirmó que existen entregas de unidades que no salen directamente de las terminales, además de apartados de petrolíferos que no se contabilizan como ventas de la empresa.
Al robo directo se suma el llamado huachicol fiscal, que consiste en introducir combustibles mediante otra fracción arancelaria para pagar menos impuestos. También existen mezclas ilegales que son suministradas en estaciones de servicio.
Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, indicó que el delito evolucionó hacia esquemas de contrabando técnico, evasión fiscal y manipulación de la cadena logística.
Según el analista, cada litro vendido de forma ilegal implica que Pemex pierda el valor del producto y que se evadan impuestos como el IEPS y el IVA. Añadió que esta actividad limita la capacidad de la petrolera para invertir en infraestructura, exploración y refinación, además de presionar el presupuesto nacional y reducir los recursos disponibles para inversión pública.
El año pasado, la Fiscalía General de la República inició una investigación sobre el huachicol fiscal y el contrabando de combustibles. La indagatoria señaló a almirantes de la Secretaría de Marina y a sobrinos de Rafael Ojeda Durán, entonces titular de la institución durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Las acusaciones no escalaron ni derivaron en nuevas investigaciones.
La petrolera también enfrenta riesgos operativos, una disminución en la extracción de crudo y una deuda que, junto con la de sus proveedores, asciende a 100 mil millones de dólares.
