Las persecuciones violentas de que son objeto los hombres y mujeres de la información en numerosos estados –especialmente en aquellos donde se vive la guerra de Felipe Calderón heredada al actual gobierno– no cesan. Hay periodistas perseguidos, detenidos sin garantías judiciales, asesinados por grupos terroristas privados y oficiales, secuestrados, torturados, intimidados por la violencia, autoexiliados, reducidos al silencio en sus propios medios.
En lo que va de año ya ha sido asesinado el primer periodista en Ojinaga, Chihuahua. Medios de comunicación, como El Siglo de Torreón, también ya han resentido acciones terroristas en sus instalaciones. Hay compañeros exiliados. Y muchos más perseguidos, casi tanto como los que, por cuestiones de su propia seguridad, se han impuesto una mordaza, y aquí el ejemplo es Zócalo, de Saltillo.
En el pasado reciente ha habido periodistas muertos en las zonas de conflicto, pero la gran mayoría son víctimas de grupos criminales y particulares que pretenden impedir que la información salga a la luz, que la corrupción y otros crímenes sean descubiertos, y que opiniones críticas sean difundidas.
En muchos estados, periodistas se ven a diario en situaciones de peligro mortal. Para ellos, el hecho de recibir amenazas forma parte de su rutina. Son asesinados por contar una historia, pero irónicamente muchas veces por no contarla. Los ataques contra periodistas no se limitan a asesinatos. Un gran número de estos profesionales ha sido brutalmente golpeado o gravemente lesionado con armas de fuego o artefactos explosivos.
La impunidad con la que actúan los responsables de estos ataques en muchos sitios es preocupante e inaceptable, y constituye uno de los obstáculos más difíciles para mejorar la seguridad de los periodistas.
Los periodistas, como proveedores de información en asuntos de interés público, desempeñan un papel especialmente relevante en la sociedad. Debería por tanto ser de interés general que esta importante función se mantenga y se proteja. Además, las consecuencias de los ataques contra periodistas son evidentes. La ausencia de información crucial, la violación del derecho a saber y la incapacidad de los periodistas de mantener su independencia, tan vital para el ejercicio de su trabajo y su credibilidad profesional.
EL CASO DE ANA LILIA PÉREZ
La joven colega Ana Lilia Pérez investigó en torno a fraudes monumentales en Pemex. Los documentó. Escribió decenas de artículos y dos libros (Camisas azules, manos negras y El cártel negro) con detalles escandalosos sobre la corrupción de los panistas. Como se imaginarán le llovieron demandas por difamación, amenazas de muerte, sustos, atentados y finalmente tuvo que salir del país bajo un programa de protección a periodistas en peligro.
El actual diputado del PAN Juan Bueno, aparece en el primer libro de Ana Lilia, cuando él director de Pemex Refinación e hizo negocios personales ilícitos. Juan Bueno está acosando a Ana Lilia de una manera enfermiza y quiere, entre otras cosas, que un juez la condene y la obligue a nunca más escribir sobre él.
“El diputado pretende –escribe Ana Lilia en una carta dirigida al gremio periodístico– que el Poder Judicial coloque una mordaza legal a cualquier investigación y señalamiento acerca de situaciones irregulares, anteriores o actuales, aun cuando éstas por sí mismas constituyen temas de interés público dado que se trata de un legislador que desde hace doce años, por lo menos, se desempeña en el servicio público y está obligado por ley a la rendición de cuentas, y a que la sociedad califique su gestión.
“La demanda de Juan Bueno Torio tiene la finalidad de inhibir mi labor como periodista, y con ello menguar la independencia intelectual necesaria para ejercer el periodismo crítico que la sociedad mexicana demanda, y pretende que se le dé validez legal a sus intimidaciones. No ofrece en ella ninguna prueba del supuesto daño moral en su contra; en cambio, exige pretensiones que atentan contra mis garantías individuales. Resulta destacable que me demandara sólo hasta que el Congreso federal abrió una Comisión Especial para dar cauce al análisis de la investigación periodística.”
Bueno Torio es, hoy mismo, un peligro para los periodistas. Más grave, todavía, un peligro para la constitucional libertad de expresión.
Índice Flamígero: Hace poco más de un año, el destacado colega bajacaliforniano Antonio Heras –compañero de páginas en El Mexicano–, fue objeto de una brutal agresión a golpes en las calles de Mexicali, a mano de cobardes desconocidos. Doce meses después, el columnista y corresponsal de La Jornada es víctima de ataques por parte del ex director general del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) Ángel Norzagaray Norzagaray, no halla como zafarse del quebranto patrimonial que le descubrió el Órgano Superior de Fiscalización (ORFIS) y le publicó el propio Heras.
