Una vez más el Gobierno federal y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se lanzó contra los vapeadores con un estudio que asegura que contienen sustancias peligrosas, pero lo que las autoridades se niegan a ver es que sus políticas prohibicionistas no está solucionando nada y, al contrario, afecta más a la población.
Desde que se comenzó esta guerra contra los productos libres de humo, diferentes organizaciones, activistas y expertos en el tema, advirtieron que las prohibiciones ocasionarían peores escenarios que una regulación estricta y a cinco meses del decreto presidencial ¿qué es lo que ocurrió?
Debido a que los consumidores buscan la forma de conseguir estos dispositivos, aumentó el mercado negro, sobre todo en redes sociales, donde los usuarios con un click pueden comprar vapeadores o cigarros electrónicos sin que tengan la certeza de su calidad o si se siguió algún control sanitario, lo que pone en riesgo su salud.
Lo más preocupante es que el crimen organizado ya comienza a apropiarse del negocio, ya que han aumentado los secuestros de camiones que distribuyen estos productos e incluso, dueños de negocios y proveedores han sido víctimas de extorsión, pues son presionados para que dejen de vender y que las compras se hagan con ellos y bajo sus condiciones.
El Gobierno quiere vender la idea de que sus prohibiciones protegen a los menores de edad, pero lejos de escudar y alejar a los jóvenes, a través de estos dos “puentes” (el mercado negro y el contrabando), se acercan de manera acelerada a productos que no sólo no están destinados para ellos, sino que afectaría su salud por no ser de calidad.
Esto tampoco ha colaborado en la reducción de daños por tabaco, pues hace unos días el Índice Global de Políticas Antitabaco Efectivas desarrollado por la Red Somos Innovación, ubicó a México en puesto 45 de los países con el peor desempeño en políticas en materia de acceso a innovaciones para reducir el tabaquismo, de 59 naciones analizadas conforme la regulación que manejan para los Productos de Nicotina Sin Combustión (PNSC).
En este estudio, realizado por la Red Somos Innovación, concluyen que el prohibicionismo limita la innovación con productos que pueden mejorar a los existentes y que, en casos como México, se desperdician recursos y oportunidades para avanzar en un tema de salud pública.
Del otro lado de la moneda, especialistas, activistas y miembros de organizaciones sociales como la Alianza por la Libertad del Vapeo (ALLVAPE), A.C., insisten en que, si bien estos productos no son inocuos, el vapeo no ha provocado ninguna muerte hasta la fecha y que los estudios presentados por la Cofepris carecen de rigor y metodología científica.
La conclusión es fácil. Prohibir no está funcionando por lo que el Gobierno federal y las autoridades sanitarias deben cumplir su famosa frase “Prohibido prohibir” e impulsar una regulación integral e inteligente de estos productos, como ocurre en países como Nueva Zelanda o Reino Unido, para que los usuarios elijan qué producto consumir y tenga alternativas para dejar el cigarro común que sí tiene combustión, y que sí mata a millones de personas.
De esta manera se contribuirá en mayor manera a establecer mejores criterios de protección de la salud ya que se podrá prevenir que estos productos no caigan en manos de menores de edad al ser destinados únicamente a adultos fumadores.
Se evitaría la ilegalidad de comercializar estos productos o la utilización del mercado negro a fin de obtener estos dispositivos y se impediría poner en riesgo a las personas que utilizan vapeadores ya que se estará regulando tanto su precio como los estándares de calidad de los dispositivos con controles sanitrarios y etiquetados con advertencias sobre sus riesgos.
Me gustaría recalcar que las autoridades nacionales se han negado a analizar los estudios realizados por países como Reino Unido, donde recientemente revelaron un informe realizado por la Oficina para la Mejora de la Salud y las Disparidades (OHID), en el que señalan que vapear presenta “una exposición significativamente menor a sustancias nocivas” y tiene una tasa de éxito de 65 por ciento para los intentos de dejar de fumar.
Incluso, existen diversos estudios realizados por importantes autoridades sanitarias internacionales como la Food & Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, el Public Health England, del Reino Unido o el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, que concluyen que estos dispositivos reducen 95 por ciento la exposición a las sustancias tóxicas localizadas en el humo del cigarro y que 68 por ciento de fumadores consiguieron dejar de fumar al cambiarse al vapeo.
Es momento de que el Gobierno federal se comprometa verdaderamente a informarse con todos los informes que demuestran los beneficios de estos productos y proteger a los ciudadanos con una iniciativa estricta para regular a las alternativas libres de humo, en vez de seguir el camino de las prohibiciones, que históricamente nunca han funcionado.
