Rubén Rocha Moya retomó este 21 de agosto el cargo de gobernador constitucional de Sinaloa, luego de 112 días de licencia temporal, y anunció su regreso mediante una extensa publicación en X.
En el mensaje, el gobernador reivindicó a la Cuarta Transformación, defendió la soberanía nacional y acusó a la “ultraderecha” de impulsar señalamientos en su contra, pero no ofreció explicaciones concretas sobre el estado de la acusación que enfrenta en Estados Unidos.
“El día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo de Gobernador Constitucional del Estado Sinaloa. Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar hasta el 31 de octubre de 2027”, anunció.
Rocha Moya había solicitado licencia temporal al Congreso de Sinaloa el 1 de mayo de 2026, después de que una acusación en su contra fuera desellada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El mandatario aseguró que durante su ausencia se puso a disposición de las autoridades mexicanas y sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró los elementos mínimos para atribuirle una conducta penal.
“Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país”, escribió.
La situación jurídica en México es distinta de la acusación presentada ante la justicia estadounidense. La FGR mantiene abierta una investigación derivada de la solicitud de detención provisional con fines de extradición, aunque ha señalado que no cuenta con el parámetro probatorio mínimo requerido por la legislación mexicana para proceder penalmente.
En Estados Unidos, Rocha Moya enfrenta una acusación federal de tres cargos relacionados con narcotráfico y armas, desellada el 29 de abril en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
La acusación le atribuye presuntamente una conspiración con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, además de delitos relacionados con ametralladoras y dispositivos destructivos. Las imputaciones permanecen pendientes y activas.
México recibió el 28 de abril una solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición, pero hasta agosto las autoridades mexicanas sostenían que Estados Unidos no había entregado los elementos probatorios necesarios para alcanzar el estándar requerido en el país.
En México no existe hasta ahora una imputación formal ni una orden de aprehensión contra el gobernador por estos hechos.
Rocha Moya compareció personalmente ante la FGR el 26 de mayo y respondió preguntas de agentes del Ministerio Público Federal. El contenido de esa diligencia quedó reservado por la Fiscalía.
En su mensaje de regreso, el gobernador calificó las acusaciones estadounidenses como “falsas” y las atribuyó a motivaciones políticas.
“Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultra derecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo”, afirmó.
También sostuvo que regresaba “con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado”, además de asegurar que defenderá su honorabilidad y la de su familia.
Buena parte de la publicación estuvo dedicada a reivindicar su trayectoria política, su pertenencia a la Cuarta Transformación y al Gobierno federal, sin detallar nuevos elementos jurídicos sobre el procedimiento estadounidense.
“Con alto orgullo, reivindico mi participación leal en el proyecto de Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación, que fraguada por nuestros liderazgos emblemáticos, está cambiando la vida de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos que vivían en el olvido y la pobreza”, escribió.
Rocha Moya cerró su mensaje con respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien atribuyó la defensa de la soberanía, la democracia y la independencia de México frente a intereses extranjeros y lo que denominó la “ultraderecha opositora”.
