Sin gobernanza no hay inteligencia

Nancy Camacho Díaz

«Más de una década de estudios nos enseñan que un sistema de inteligencia se evalúa por cuánto reduce las fricciones institucionales, agiliza la cooperación y transforma con rapidez la información disponible en conocimiento útil.»

El convenio de colaboración firmado entre las Secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana representa una oportunidad para fortalecer el ciclo de inteligencia del Estado mexicano. El game changer de esta coparticipación parte de una infraestructura tecnológica centralizada que permitirá acelerar la integración, procesamiento, evaluación y difusión de información estratégica entre distintos actores del ecosistema de seguridad. Respecto a otras iniciativas en la materia, la evidencia nacional e internacional indica que el reto para la consolidación y funcionamiento de estas iniciativas no es necesariamente tecnológico, sino de gobernanza: es decir, de la capacidad del propio sistema y sus actores para lograr que sus organizaciones, con distintos mandatos, capacidades e intereses, se hablen entre sí y produzcan inteligencia de manera colectiva.

Dos conceptos útiles para hacer frente a esta complejidad son la gobernanza institucional y la gobernanza operativa de la inteligencia. La primera facilita que las personas, antes que las máquinas, se organicen y definan qué se necesita saber, para qué decisiones, cómo deben comunicarse los resultados y qué responsabilidades y mecanismos de supervisión deben establecerse entre ellos. La segunda traduce estos acuerdos en especificaciones y procesos técnicos para la obtención, análisis y retroalimentación de la información. Ambas gobernanzas son indispensables para articular la inteligencia de un sistema, y su efectiva combinación permitirá que autoridades, empresas o incluso comunidades mejoren el aprovechamiento de sus datos y tecnología para responder a amenazas comunes.

La historia contemporánea ofrece lecciones sobre la importancia de consolidar estas gobernanzas. Como ejemplo, el informe de la Comisión que investigó los atentados del 11 de septiembre identificó, entre otras deficiencias, problemas en la integración de información y coordinación entre las autoridades que dificultaron el análisis conjunto del conocimiento producido por diversos actores. Este acontecimiento facilitó el tránsito de una cultura basada exclusivamente en el need to know hacia modelos que priorizan los flujos de información, lo que hoy se refleja en distintas iniciativas públicas, público-privadas y privadas que identifican requerimientos comunes y aprovechan las ventajas comparativas de sus participantes para articular inteligencia. En 2002, Estados Unidos fusionó alrededor de 22 agencias federales en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Desde plataformas centralizadas o centros de fusión hasta canales básicos de intercambio de información, gran parte de estos esfuerzos descansan en infraestructura humana capaz de organizar personas y necesidades, establecer reglas y procesos, y aprovechar sus ventajas comparativas para facilitar la colaboración y la toma de decisiones.

En el combate a la corrupción, la Plataforma Digital Nacional (PDN) demuestra que la tecnología solamente sirve cuando las personas aprenden a usarla. Esto es mucho más que intercambiar herramientas tecnológicas innovadoras: incluye coordinar actividades de alfabetización digital sobre la importancia de producir, sistematizar y actualizar información, así como desarrollar capacidades de análisis para su aprovechamiento. En la práctica, el uso de estas herramientas y las sesiones de aprendizaje también permiten identificar formatos de información más accesibles para las autoridades, detectar vacíos de evidencia para sus atribuciones y recoger necesidades que retroalimentan la mejora continua del sistema.

En este sentido, también resulta fundamental incorporar la transparencia y el principio de máxima publicidad en estas discusiones, definiendo qué datos deben difundirse y bajo qué condiciones de acceso y reutilización. Como ejemplo, la apertura de datos contemplada desde el diseño de la PDN permite que autoridades nacionales y extranjeras, ciudadanía, academia, empresas, periodistas y organismos internacionales accedan, desde cualquier lugar y sin intermediarios, a casi 13 millones de registros de información pública. Aunque persiste el reto de garantizar su actualización a escala nacional, esta disponibilidad contribuye a que los datos puedan ser procesados por distintos actores para identificar patrones y advertir riesgos que las instituciones de origen quizá no habían contemplado. Así, este principio de gobernanza operativa posiciona a la PDN como una experiencia singular, ya que no solo agiliza las consultas y el intercambio de información, sino que amplía las posibilidades de aprovechamiento para que otros actores enriquezcan sus propios ciclos de inteligencia.

Otro aspecto fundamental de la gobernanza en estas infraestructuras es la definición expresa de facultades institucionales que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones de los participantes y establecer consecuencias ante su incumplimiento. En este sentido, pese a contar con una infraestructura tecnológica, la PDN reporta en su portal público que actualmente dispone de apenas el 30% de la información prevista en sus sistemas, debido, entre otras causas, a la resistencia de actores federales, estatales y municipales a compartir datos y cumplir con su atribución mínima de intercambiar información. En contraste, el caso de la Organización Internacional de Policía Criminal permite observar los beneficios de prever reglas comunes para la gestión de datos, pues su gobernanza contempla mecanismos para supervisar el tratamiento de la información por parte de las autoridades participantes y aplicar medidas correctivas ante el incumplimiento, incluida la suspensión de derechos de acceso a sus sistemas de información.

Los incentivos mantienen a quienes ya colaboran y amplían la red hacia otros sectores. En particular, el sector privado puede aportar conocimiento sectorial, experiencia y capacidades especializadas con el potencial de ampliar y complementar la información de las autoridades. Como ejemplo, se documenta la existencia de los Centros de Intercambio y Análisis de Información (ISAC, por sus siglas en inglés), cuyos mecanismos facilitan el intercambio de alertas y la producción colectiva de inteligencia sobre amenazas, como las cibernéticas, que difícilmente podrían analizarse de manera aislada. En México, esta lógica de colaboración sectorial también comienza a observarse en iniciativas público-privadas, como la conexión de cámaras de tiendas OXXO con el C5 de la Ciudad de México, que aprovecha infraestructura tecnológica privada para transmitir imágenes en tiempo real a las autoridades y apoyar la activación oportuna de protocolos de atención a emergencias. Ambos casos muestran la capacidad de innovar en el diseño de la gobernanza para generar beneficios recíprocos, aprovechar capacidades complementarias y facilitar respuestas colectivas sin que cada participante desarrolle por separado toda su infraestructura de inteligencia.

Los referentes analizados, algunos con varios años de funcionamiento, ofrecen lecciones para quienes hoy diseñan e implementan sistemas de inteligencia, especialmente en un contexto en el que las tecnologías son más accesibles y permiten extraer y procesar cualquier dato que se pueda imaginar. Más de una década de estudios nos enseñan que debemos evaluar su operación con base en los mecanismos de gobernanza que contribuyeron a reducir fricciones institucionales, agilizar la cooperación y transformar rápidamente la información disponible en conocimiento útil, más allá de indicadores técnicos, como interconexiones, registros o consultas. Así, se podrá identificar qué prácticas de gobernanza conviene conservar, mejorar o transformar, sin descuidar otros criterios igualmente indispensables, como la ciberseguridad y la contrainteligencia. México merece mayores beneficios de la inteligencia, especialmente en materia de seguridad pública y combate a la corrupción; y para alcanzarlos, la gobernanza enseña que la verdadera tecnología de punta será contar con infraestructura humana capaz de organizar los recursos disponibles y fortalecer la colaboración entre los actores.