MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
La dupla formada por Santiago Nieto Castillo y Alfonso Durazo Montaño está en el top ten de la popularidad en el cobro de facturas políticas, dígase lo que se diga, amén de haber emprendido una importante cacería de ex funcionarios corruptos que hasta hace poco tiempo integraban a esa casta de impunes, cubiertos por el manto de las complicidades tejidas en las grandes ligas del poder público.
Y, bueno, aunque el inquilino de Palacio ha dicho que en su administración no hay cacería de brujas prácticamente dio el banderazo de salida a esta interesante persecución de funcionarios en activo, nombrados en altos cargos como ocurrió en Petróleos Mexicanos con Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien por aquellas cosas del destino había sido nombrado director de Pemex Exploración y Producción.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció la semana pasada que después de una investigación y por instrucciones del licenciado López Obrador, se destituyó e inhabilitó por 10 años a Lozada Aguilar. Hubo otros dos altos funcionarios de la empresa petrolera que corrieron similar suerte.
¿Usted cree que a estos personajes acusados de corruptos les interese trabajar en el sector público, o estén interesados en emplearse en el gobierno? Este es el juego que se practica en esos niveles en los que la aplicación de la ley es una broma de mal gusto.
Y lo es más que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, haya llegado a la sorprendente conclusión de que Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública y en otras instancias como el Cisen, no actuó en solitario, por lo que irá en contra de la red de cómplices y colaboradores que brindaron protección al Cártel de Sinaloa.
¿Recuerda usted el escándalo binacional provocado por el general de división José de Jesús Gutiérrez Rebollo? Nombrado zar antidrogas en la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, el divisionario pudo transitar por esos altos niveles de los gobiernos de México y Estados Unidos en los que las filtraciones suelen pagarse con la vida o la prisión en penales de alta seguridad.
Al general Gutiérrez Rebollo lo sentenciaron a 40 años por su responsabilidad en delitos federales como la protección a El Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, presuntamente fallecido cuando se le practicaba una cirugía plástica. Ese fue un cuento bien armado del que nadie quiso ni se atrevió a escarbar por el riesgo de encontrar sorpresas poco agradables para las altas esferas en la relación México-Estados Unidos.
Hoy, sin duda después de un sesudo análisis, Alfonso Durazo llegó a la conclusión de que García Luna tiene hartos cómplices e incluso varios de ellos que estaban en la debutante administración de la 4T han renunciado. ¡¿Y cómo no?! Les dieron el pitazo, incluso el licenciado inquilino de Palacio giró la instrucción de que no quedara ninguno de esos personajes integrantes del equipazo corrupto de García Luna.
Pero, ¿se imagina usted que ocurrirá si el ingeniero habla? ¿Cuántas cabezas de importantes mexicanos y estadunidenses podrían caer? Y digo podrían porque este es un asunto delicado, de un poder fáctico que no se anda por las ramas y con el culiacanazo y la impunidad con la que opera en el Bajío y otras regiones de importancia económica ha demostrado sus alcances y que aquello de acusarlos con su abuela o los guácala y fuchi son baladronadas de opereta que le provoca carcajadas.
¿Y qué hay del otro lado del terrorismo fiscal que ha desatado el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo como presión para “convencer” a propios y extraños de no oponerse al tránsito de la 4T?
Usted recordará que el pasado 6 de noviembre, cuando se discutía, en la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito, previo a la discusión de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados, la diputada federal por el estado de Hidalgo, Lidia García Anaya, propuso una reserva para evitar que la UIF pudiera aplicar la Ley de Extinción de Dominio, que se sumaría a esa libertad de congelar y bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes, pero igual de opositores al actual gobierno.
Y luego hubo una férrea oposición de campesinos que secuestraron al Palacio Legislativo de San Lázaro, que metieron en aprietos a la mayoría de Morena tanto en la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por aquello de los severos recortes del gasto público.
Bueno, pues aquel diputado morenista del estado de Chihuahua y dirigente de El Barzón, Eraclio Rodríguez Gómez, que encabezó a esos campesinos y productores agropecuarios, advirtió que votaría en contra de Ley de Ingresos y el Presupuesto. Pero, finalmente lo disciplinaron y votó a favor.
¿Por qué? Porque igual que una docena de diputados federales de Morena se enteraron de que sus cuentas bancarias había sido bloqueadas o congeladas, sin explicación alguna. Pero el mensaje no requería de explicaciones, porque éstos legisladores forman parte de esa corriente interna de Morena en la Cámara de Diputados que se le rebeló a Mario Delgado pero especialmente al inquilino de Palacio. Fue en un encuentro privado al que no fue invitada la prensa.
Bueno, bueno, si alguien dudaba de cómo procede Santiago Nieto contra los rebeldes de casa, igual que en el cobro de facturas, lea usted la declaración de la diputada Lidia García Anaya:
“Tengo conocimiento que aquí en la Cámara de Diputados hay varios de mis compañeros diputados que tienen sus cuentas bloqueadas. No estoy autorizada para dar sus nombres; sin embargo, sí los hay, y hasta este momento desconocen, y no se les han desbloqueado, desconocen el motivo de este bloqueo de cuentas.
“Es una situación que si bien es una facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera, el investigar los recursos de procedencia ilícita, no todos ellos son de procedencia ilícita, muchas veces es la compra de bienes inmuebles y, bueno, o depósitos que se llegan a tener o transferencias que se llegan a dar.
“Y, bueno, yo estoy de acuerdo con esa facultad que tiene de investigar, ésa es facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera, con lo que no estoy de acuerdo es con que se le dé la facultad de aplicar la Ley de Extinción de Dominio, eso le corresponde a la Fiscalía General de la República, artículo 22 constitucional que unas semanas atrás aquí aprobamos y que es una función exclusiva del Ministerio Público y que debe llevar un procedimiento civil y la UIF solamente lo haría con una resolución administrativa aplicar la Ley de Extinción de Dominio.
“Efectivamente, sí, claro, la facultad la tiene de congelar cuentas, está bien, que investiguen pero no aplicar la Ley de Extinción de Dominio”. ¡Vaya con los justicieros! ¿Y si habla Genaro? Digo.
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