* Pero debieron esconder sus abusos desde el Poder Ejecutivo, para armar la mal llamada reforma judicial y convertirse en los amos absolutos de la administración de justicia, con el propósito claro de fundar su dinastía, la de la 4T y los López Beltrán
Gregorio Ortega Molina
Abundaron los comentarios sobre el viraje dado por la SCJN al caso de la víctima propiciatoria de Isabel Miranda de Wallace, quien falleció el último mes de marzo, sin siquiera ser amonestada por su sevicia y abuso de poder en contra de Juana Hilda González Lomelí. El desenlace merece una observación, al menos, porque se generaliza culpando a los jueces.
Se descubre que la señora Miranda de Wallace no fue quien dijo ser, al comportarse desbordadamente en cuanto sintió el apoyo del Poder Ejecutivo para aclarar el secuestro y asesinato de su hijo, y fue ella quien se empeñó en encontrar a una culpable. La falta de pruebas le pareció insustancial.
Abro un paréntesis. Durante mi permanencia en la oficina de prensa del Consejo de la Judicatura Federal, escuché innumerables veces al ministro presidente, Mariano Azuela Güitrón, plantear la necesidad de que se creara una escuela de ministerios públicos tal como ya existía la escuela judicial -en la que trabajó Santiago Nieto-, para fortalecer su capacidad profesional. Obvio el interés era que se formaran los expedientes, averiguaciones previas y hoy carpetas de investigación, casi inexpugnables, para que los delincuentes permanecieran retenidos y fuesen juzgados.
No prosperó, porque equivalía a despojar a la entonces PGR y hoy Fiscalía, de un instrumento “legal” para satisfacer las atentas solicitudes del Poder Ejecutivo, y hoy acatar las instrucciones del crimen organizado.
Naturalmente el problema queda en manos de los administradores de justicia, quienes, al recibir una carpeta de investigación mal integrada por inducciones superiores, los jueces deben soltar a los presuntos culpables, y son quienes han de responder ante la opinión pública, informada deficientemente, e inducida a desconfiar de la administración de justicia.
Ricardo Raphael, artífice de la defensa periodística y pública de la señora González Lomelí, anotó en su texto de 14 de junio último: “Quiero en este texto rendir homenaje a esos seres humanos, menos conocidos y sin embargo tan importantes a la hora de hacer que esta vez los poderosos perdieran en los tribunales. El caso Wallace cuenta una historia sobre la defensoría pública que debe conocerse, porque de otro modo extraviaríamos inteligencia para descifrar cómo fue desmontada, jurídicamente, la fabricación liderada por Isabel Miranda y sus muchos cómplices, incluido el ex presidente Felipe Calderón, los fiscales José Luis Santiago Vasconcelos y Rodrigo Archundia y el peor de los policías en la historia mexicana, Genaro García Luna”.
Pero debieron esconder sus abusos desde el Poder Ejecutivo, para armar la mal llamada reforma judicial y convertirse en los amos absolutos de la administración de justicia, con el propósito claro de fundar su dinastía, la de la 4T y los López Beltrán.
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