José Luis Parra
Una vez más, el discurso se cae a pedazos y la realidad termina atropellando la narrativa de la autodenominada “transformación”. Esta vez no fue un diputado despistado ni un hermano incómodo: fue nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decidió estrenar camionetas de lujo con precio de estrella pop.
Sí, los ministros —esos que deberían encarnar la sobriedad, la legalidad y la autoridad moral— estrenaron camionetas Jeep Grand Cherokee de entre 1.1 y 1.7 millones de pesos cada una. Que por seguridad, dicen. Que porque cancelar un arrendamiento resultó en “ahorros”, dicen otros. Lo cierto es que, en tiempos donde se repite hasta el cansancio que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, el lodo salpica, y bastante.
No tardó el golpe en llegar a la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum, heredera del micrófono eterno, evitó el tema como quien sortea un charco pestilente. Dijo que la Corte “tiene que informar” —sin ocultar el fastidio que le provoca tener que hablar del tema—, y recordó que hubo “ahorros”. ¿Ahorros para quién?
El asunto no es menor. El costo político de la incongruencia crece. A los Jeep ministeriales hay que sumar los escándalos de Andy López Beltrán en Japón, los vuelos de primera clase de Noroña, y la discreta (pero continua) migración del discurso de la “austeridad republicana” a la “comodidad revolucionaria”.
La narrativa empieza a crujir. Porque si el presidente saliente construyó su legitimidad moral en la pobreza franciscana y la honestidad sin lujos, ahora su herencia comienza a parecer un catálogo de excepciones justificados por la “seguridad”, los “ahorros” o la “normatividad aplicable”.
Y lo peor es que la Corte no es ajena a la pelea política. De hecho, se ha convertido en terreno minado. A los ojos de Palacio Nacional, el Poder Judicial ya no es ese incómodo árbitro que hay que tolerar, sino un enemigo en potencia que se niega a ser domado. La compra de las camionetas no fue simplemente una mala decisión administrativa. Fue una provocación.
La reacción no tardó. El domingo, en un gesto más reactivo que honesto, la Corte anunció que devolverá los vehículos o los pondrá a disposición de jueces con riesgos. Una forma elegante de decir: “nos cacharon, aquí no pasó nada”. El clásico paso de baile de la élite política mexicana: un paso adelante con la chequera, dos pasos atrás con el comunicado.
Pero sí pasó. El daño está hecho. El mensaje llegó. Porque mientras los ministros se blindan con camionetas millonarias, los mexicanos siguen esperando turnos médicos, exigiendo justicia o buscando a sus desaparecidos.
Al final, la historia juzga —y lo hará con dureza— a quien confunde la investidura con el blindaje. La 4T, por ahora, aguanta el golpe. Pero cada contradicción pesa, y no hay Jeep que pueda cargar tanto cinismo.
