La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes sacudió al país con 27 agresiones armadas posteriores al operativo, bloqueos, enfrentamientos y despliegues militares en múltiples entidades. El saldo inmediato fue de 25 elementos de la Guardia Nacional muertos, además de un custodio y un integrante de la Fiscalía estatal. El episodio abre una etapa de reacomodo dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación y coloca a prueba la capacidad del Estado mexicano para ocupar el vacío operativo, financiero y territorial que deja uno de los líderes criminales más poderosos de las últimas décadas.
Alberto Carbot
La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, como hecho prioritario de carácter nacional por las reacciones violentas registradas en diversos puntos del país, fue abordada de manera amplia por el colega periodista Paco Rodríguez en su programa de televisión vía internet Índice Flamígero, donde dedicó un análisis puntual a las consecuencias inmediatas del operativo del pasado domingo 23 de febrero, que culminó con la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El tema ocupó la conversación pública por la magnitud de los bloqueos, los incendios de vehículos y el despliegue federal en varias entidades. En esa emisión, a la que fui invitado a participar, así como en el análisis que aquí se presenta, examinamos las múltiples aristas abiertas por este acontecimiento: los reacomodos internos dentro del CJNG, el riesgo de retaliación estratégica, la posible reconfiguración del mapa criminal y las implicaciones para la cooperación entre México y Estados Unidos. La intención compartida fue ofrecer una lectura estructural del fenómeno, atendiendo a sus efectos en seguridad nacional y estabilidad regional.
La historia del más buscado
Nemesio Oseguera encabezó durante casi dos décadas al CJNG. Asumió el control formal del grupo en marzo de 2012, tras la reconfiguración posterior al abatimiento de Ignacio Coronel en 2010. Coronel, conocido como “Nacho”, era el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Guadalajara y un socio clave de Joaquín El Chapo Guzmán. Su muerte en un operativo militar en Zapopan no sólo eliminó a un poderoso capo, sino que desencadenó una lucha interna por su herencia territorial y delictiva en el occidente del país.
La organización de Oseguera surgió de las cenizas del llamado Cártel del Milenio, una organización que operaba en Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit bajo el mando de Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo. Tras la captura de El Lobo y la muerte de Nacho Coronel, el Cártel del Milenio se fracturó en dos facciones: La Resistencia y Los Torcidos. Este último grupo, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes y Erick Valencia Salazar, alias El 85, y financiado por Abigael González Valencia (líder de Los Cuinis), se convertiría en el germen del actual CJNG.
Bajo su mando, la organización pasó de ser una escisión regional a consolidarse como una estructura con presencia nacional y operaciones en 36 países. La DEA la señala como una de las organizaciones criminales transnacionales de más rápido crecimiento, con presencia documentada en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, y diversos países de Europa —como Reino Unido y Francia—; en Asia —Japón y Vietnam—; y Eritrea y Somalia en África.
El gobierno de Estados Unidos lo incorporó en 2016 a su lista de fugitivos más buscados y lo requería una corte de Texas. Su historial delictivo en EU no era nuevo: en la década de los 90, Oseguera fue detenido y purgó una condena en una prisión federal por tráfico de drogas. Tras ser liberado y deportado a México a los 30 años, tuvo un breve y paradójico paso como agente de la Policía Municipal en los municipios jaliscienses de Cabo Corrientes y Tomatlán, antes de integrarse de lleno al crimen organizado, un antecedente que revela los complejos niveles de infiltración y reclutamiento en las corporaciones locales de la época.
En 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos por información que condujera a su captura. El 4 de diciembre de 2024, Estados Unidos elevó la recompensa a 15 millones de dólares y ese mismo año, el CJNG fue designado Organización Terrorista Extranjera por el gobierno de Estados Unidos, lo que amplía herramientas legales para congelamiento de activos, persecución financiera y cooperación judicial internacional.
La operación que culminó con su abatimiento incluyó seguimiento técnico e inteligencia coordinada entre Inteligencia Militar Central, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con información complementaria proporcionada por agencias de Estados Unidos. El despliegue integró fuerzas especiales del Ejército, Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.
De acuerdo con el parte oficial, la localización se logró tras el seguimiento a un hombre de confianza vinculado con una de sus parejas sentimentales. Ese individuo la trasladó a Tapalpa, Jalisco, un pintoresco pueblo mágico conocido por ser un destino de descanso veraniego y residencia de fin de semana para familias adineradas de la región, cuyas cabañas en la sierra ofrecen el aislamiento que buscaba el capo.
El desplazamiento para ese encuentro abrió la oportunidad operativa que las fuerzas federales aprovecharon. Durante el enfrentamiento fueron aseguradas siete armas largas, dos lanzacohetes, ocho vehículos y diverso armamento. Incluso, se especificó que los agresores impactaron un helicóptero militar, que a causa de los disparos que penetraron la cabina, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Según reportes, la aeronave pudo aterrizar sin mayores contratiempos en una zona habilitada cerca del área del operativo, permitiendo la extracción del personal herido.
Debido a la gravedad de las heridas de Oseguera y sus escoltas, se decidió su evacuación inmediata vía aérea. Sin embargo, la saturación del espacio aéreo y el caos generado por los narcobloqueos en Guadalajara, impidieron el aterrizaje en la ciudad. Las aeronaves se desviaron a Morelia, Michoacán, pero los tres delincuentes fallecieron durante el trayecto. Fue entonces cuando los cuerpos, en medio de un imponente dispositivo de seguridad, fueron trasladados por aire a la Ciudad de México a bordo de un avión militar para los dictámenes periciales correspondientes.
Tras el operativo, se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y agresiones armadas en al menos 20 estados, incluyendo Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Zacatecas y Baja California. La magnitud de la reacción mostró la capacidad operativa residual del grupo.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se registraron 27 agresiones contra la autoridad posteriores a la acción contra Oseguera. En sus palabras, fueron “cobardes ataques después de la acción para la detención de El Mencho“. El saldo fue de 25 elementos de la Guardia Nacional muertos, además de un custodio y un integrante de la Fiscalía estatal. También fallecieron 30 personas vinculadas con la delincuencia organizada y una mujer embarazada en un fuego cruzado. El General Ricardo Trevilla Trejo expresó públicamente con la voz quebrada por la emoción: “Cumplieron su misión… se demostró la fortaleza del Estado mexicano”, al tiempo que ofreció condolencias a las familias de los elementos caídos.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas y hay Gabinete de Seguridad”, y confirmó la instalación de un Centro de Mando nacional para coordinar acciones federales y estatales tras la ola de violencia.
Las horas inciertas tras el operativo
Durante las primeras horas posteriores al operativo, la comunicación oficial resultó fragmentada. El secretario de Seguridad apareció varias horas después de iniciados los hechos, mientras se acumulaban reportes de violencia en distintas entidades.
El panorama tras la caída de un capo de alto perfil como Oseguera, tiende a generar reacomodos en la estructura criminal. En términos de análisis prospectivo, pueden identificarse cinco vectores clave.
El primero es la sucesión y la fragmentación. En estructuras jerárquicas, la desaparición del líder abre disputas internas por control de rutas, plazas y finanzas. La transferencia de autoridad no siempre ocurre sin fricciones; los mandos regionales buscan consolidar influencia y legitimidad.
El segundo vector es la retaliación, como se denomina a la acción de responder a una agresión con una medida equivalente o proporcional, generalmente de carácter punitivo o violento. En el ámbito criminal, la retaliación busca enviar un mensaje de fuerza, castigar a quien ejecutó la acción previa y disuadir intervenciones futuras. Las 27 agresiones registradas tras el operativo encajan en esa lógica estratégica. Se trata de respuestas calculadas que buscan preservar cohesión interna y reputación operativa.
Un tercer vector es la posibilidad de atentados de alto impacto. La historia latinoamericana ofrece precedentes sombríos de cómo la fragmentación o la presión estatal derivan en tácticas de violencia expansiva. En Colombia, la caída de Pablo Escobar en 1993 no detuvo al narcotráfico, sino que derivó en una atomización violenta con grupos como Los Pepes y el posterior surgimiento de bandas criminales emergentes.
En México, el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva en 2009, lejos de pacificar, detonó una guerra sucesoria que fragmentó su cártel en células como Guerreros Unidos y Los Rojos, responsables de atrocidades posteriores como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La presión interna puede incentivar decisiones más agresivas por parte de células que buscan posicionarse.
El cuarto vector corresponde a la reconfiguración del mercado criminal. El vacío dejado por Oseguera puede incentivar a otros grupos a disputar rutas y territorios que el CJNG controlaba, tanto en el plano físico como en redes financieras y logísticas. Organizaciones rivales, como el Cártel de Sinaloa —con sus facciones de Los Chapitos y El Mayo—, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo —y su brazo, Los Metros, ahora aliado del CJNG—, y los remanentes de Los Zetas y los Beltrán Leyva, pueden intentar expandirse en estados estratégicos.
La competencia por corredores de trasiego, como los de Tamaulipas, Sonora o Chihuahua, intensificará la presión sobre comunidades locales y autoridades municipales. Incluso se ha documentado una alianza consolidada entre el CJNG y Los Chapitos desde 2024, lo que podría redefinir las alianzas en esta nueva etapa.
El quinto vector es la cooperación internacional. La designación del CJNG como organización terrorista extranjera amplía el marco jurídico bilateral. Agencias estadounidenses como la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional fortalecen el intercambio de inteligencia con sus contrapartes mexicanas, como ya ocurrió en el operativo con la participación de la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JITF-CC), que en español se traduce como Fuerza de Trabajo Interagencial Conjunta contra los Cárteles. Se trata de una unidad de élite de inteligencia, creada oficialmente en enero de 2026 por el Pentágono, bajo el mando del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM). Su sede se encuentra en la Base Aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona.
La cooperación puede traducirse en extradiciones aceleradas y operativos focalizados contra mandos intermedios. El rastreo financiero adquiere prioridad en el nuevo escenario. En el plano interno, la Unidad de Inteligencia Financiera enfrenta el desafío de identificar y bloquear los flujos económicos vinculados al CJNG. Sin debilitamiento financiero sostenido, las estructuras tienden a reorganizarse con rapidez.
La experiencia mexicana muestra que los golpes tácticos producen resultados duraderos cuando se acompañan de presencia institucional sostenida; la caída de un líder abre una ventana operativa para desarticular finanzas y mandos regionales. Las comunidades ubicadas en corredores estratégicos esperan estabilidad inmediata y el despliegue federal deberá traducirse en control territorial efectivo y reducción sostenida de violencia.
El caso Oseguera marca el cierre de un ciclo dentro del CJNG, pero su desenlace dependerá de la capacidad del Estado para impedir que la fragmentación derive en una dispersión criminal aún mayor. La dimensión real de este episodio se medirá en indicadores concretos, como son reducción de agresiones, aseguramiento de activos y debilitamiento de redes logísticas.
El abatimiento de El Mencho —como quedó de manifiesto durante mi participación en el programa de televisión vía internet Índice Flamígero de Francisco Rodríguez—, no representa el episodio final del fenómeno, sino el inicio de una etapa de ajustes estructurales. La maquinaria criminal del CJNG, forjada a lo largo de una década de expansión y violencia, puede reconfigurarse bajo nuevos mandos o puede debilitarse de manera sostenida.
La historia de la narcoviolencia en México está llena de victorias tácticas que, por no consolidarse en una estrategia de ocupación territorial y reconstrucción institucional, devinieron en simples relevos en la cima del engranaje. Ahí se sabrá si este golpe produjo un cambio de era o únicamente modificó el nombre en la cima del mismo poder, dejando intacta la estructura, la logística y la capacidad de corromper, que operan en las sombras.
No obstante, en realidad, la verdadera prueba del Estado mexicano no fue el operativo en la sierra de Tapalpa, sino la manera en cómo encare y gestione lo que ocurra en los meses siguientes. Si la fragmentación se contiene y el debilitamiento es sostenido, estaremos ante un hito histórico. Si no, la caída de El Mencho habrá sido sólo un terremoto, cuyo epicentro no logró mover la placa profunda de la criminalidad.
