José Luis Parra
El gobierno federal empieza a reconocer —aunque sea entre líneas— que algunas de sus grandes apuestas políticas traen efectos secundarios. Y no precisamente menores.
La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a postergar la elección popular de magistrados y jueces hasta 2028. No es una concesión menor. Es, en los hechos, una señal de que la reforma judicial —presentada como una conquista democrática— resultó ser más compleja de lo que se vendió en campaña.
O, dicho en términos menos diplomáticos: el experimento salió caro.
La justificación oficial habla de “descongestionar el calendario electoral”, reducir costos y simplificar una votación complicada. Todo suena razonable. Pero el verdadero motivo parece estar en otro lado: la creciente desconfianza económica.
Porque mientras en el discurso político todo marcha bien, en el mundo del dinero las señales son distintas.
Los capitales no están huyendo en estampida… pero tampoco están llegando con entusiasmo. Avanzan con cautela. A paso lento. Y en economía, la desconfianza suele caminar más rápido que las buenas intenciones.
Empresarios, bancos y analistas han repetido el mismo diagnóstico: la reforma judicial introdujo un factor de incertidumbre. No tanto por el cambio en sí, sino por la forma en que se hizo. Elegir jueces por voto popular puede sonar muy democrático, pero para los inversionistas significa otra cosa: riesgo político en la impartición de justicia.
Y cuando la justicia se vuelve impredecible, el dinero también.
Los números empiezan a reflejar ese ambiente. La formación bruta de capital —que mide la inversión productiva— cayó en términos anuales. Y el indicador de confianza empresarial acumula un año entero por debajo del umbral optimista.
Traducido al español simple: el ánimo no es bueno.
Las empresas ya comenzaron a tomar precauciones. Algunas están reforzando cláusulas en sus contratos. Otras prefieren llevar sus disputas a tribunales internacionales. Y las que no pueden hacerlo buscan mecanismos alternativos de mediación.
Es decir: están aprendiendo a litigar… lejos de los tribunales mexicanos.
Nada de esto ocurre en el mejor momento. En el horizonte ya aparece la revisión del TMEC, un proceso que de por sí genera nerviosismo en las cadenas productivas de Norteamérica. Si a eso se suma la percepción de incertidumbre jurídica, el panorama se vuelve todavía más delicado.
Y como si no fuera suficiente, el banco Morgan Stanley ya encendió otra luz amarilla al rebajar su perspectiva sobre la deuda mexicana.
No es un colapso.
Pero sí es una advertencia.
Mientras tanto, en el terreno político, la presidenta también lanzó una reforma electoral que —curiosamente— goza de amplio respaldo popular. Reducir recursos a partidos y recortar plurinominales suena bien para la opinión pública. El problema es que, para los mercados, cada reforma institucional abre nuevas preguntas.
Y cuando las preguntas se acumulan, el capital prefiere esperar.
México ya vivió episodios similares en el pasado. Cambios políticos profundos que, en el entusiasmo del momento, se presentaron como inevitables y virtuosos. El problema vino después, cuando la economía empezó a pasar factura.
La historia suele ser paciente… pero implacable.
No es casualidad que algunos analistas comiencen a hablar de ajustes en la reforma judicial. No porque el gobierno lo admita públicamente, sino porque los números empiezan a empujar en esa dirección.
En política se puede ignorar a la oposición.
Lo que resulta más complicado es ignorar a los mercados.
Porque al final, más allá de discursos, ideologías o mayorías legislativas, hay una regla que rara vez falla: cuando la confianza se debilita, la economía lo termina cobrando.
Y generalmente con intereses.
Como ya se ha advertido en otros momentos de esta transformación política, cuando el clima institucional se vuelve incierto, el ambiente económico se enrarece y hasta puede volverse tóxico.
Por lo pronto, el gobierno parece haber entendido el mensaje.
La pregunta es si lo entendió a tiempo.
