Rodolfo Villarreal Ríos
Como lo prometimos, continuamos con la narrativa de lo acontecido en Coahuila hace un siglo y un año cuando se enfrentaban dos proyectos de gobierno. Uno, el encabezado por el coahuilense más ilustre del México postrevolucionario, Manuel Pérez Treviño, y otro por Luis Gutiérrez Ortiz. El primero planteaba una visión de largo plazo que le permitiría a la entidad incorporarse al proceso en marcha generado por la construcción del Estado Mexicano Moderno. El segundo, simplemente, proponía continuar sobreviviendo sin provocar cambios reales. A la hora de las elecciones, como lo apuntamos en la colaboración anterior, ambos candidatos a la gubernatura reclamaban el triunfo. Pero antes de dilucidar quien realmente lo había obtenido, varios sucesos se presentaron. En ese contexto, comentaremos acerca de lo acontecido entre principios de octubre y los últimos días de diciembre de 1925.
Con la entidad a las puertas del conflicto, quien era el gobernador provisional desde octubre de 1923, Carlos Garza Castro, solicitó licencia pues tenía que ir a la Ciudad de México a ver lo referente al fallo de la Suprema Corte en relación con los limites entre Durango y Coahuila, así como lo del cambio planeado de los talleres del ferrocarril de Torreón a Gómez Palacio. Dado que la Comisión Permanente del Congreso Local se rehusó a autorizarle el viaje, Garza Castro llamó a los miembros del Legislativo para un Periodo Extraordinario. Una vez iniciado este, los diputados locales otorgaron la licencia solicitada y votaron nombrar al diputado por Piedras Negras, Ricardo Ainsle Rivera, como gobernador interino. Hemos de apuntar que esa no sería la ocasión única en que este ciudadano se desempeñara como tal. Don Ricardo volvió a ocupar el cargo, como interino, entre julio de 1947 y febrero de 1948, cuando sustituyó a Ignacio Cepeda Dávila quien se suicidó.
En Coahuila continuó la efervescencia política y, para inicios de noviembre de 1925, todos estaban convencidos de que el día 14 habrían de instalarse dos Legislaturas. La de los partidarios de Pérez Treviño lo harían en el recinto oficial del Congreso del Estado, mientras que los de Gutiérrez Ortiz convertirían en sede alterna la casa del ingeniero Juan Garza García. Dado que la situación lucia complicada, miembros del cuerpo de rurales llegaron a Saltillo provenientes de puntos diversos de la entidad y se mantenían acuartelados bajo el mando del coronel Genaro Rodríguez. A la par, el inspector de policía, Luis G. Almada, “nombró un servicio extraordinario de vigilancia en la ciudad”, mientras que tropas federales resguardaban el Palacio de Gobierno.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, la Cámara de Senadores resolvió turnar a la Suprema Corte de Justicia el asunto relativo a las acusaciones de que el gobernador Garza Castro había apoyado a Pérez Treviño. Asimismo, ese día tomó posesión como Senador el suplente del general Eulalio Gutiérrez Ortiz, el profesor Candor Guajardo, quien como primera acción convenció a sus colegas de que enviaran a Coahuila una comisión integrada por miembros de ese cuerpo legislativo misma que buscaría demostrar que el ganador de la contienda estatal fue Gutiérrez Ortiz. En Coahuila, las cosas apuntaban para caos un día antes de la instalación, de la XXVII Legislatura.
Ya no solamente se hablaba de que serían dos, sino tres las que habrían de establecerse. Una compuesta por los partidarios de Pérez Treviño integrada por: Nazario Silvestre Ortiz Garza, Jesús González Lobo, Agustín Rodríguez, Manuel Antero Fernández, José E. Iduñate, Daniel Cerda, Rómulo Moreira, Lic. Octavio M. Trigo, Ignacio Farías y el doctor Pedro Martínez Pérez. Otra, formada por los gutierristas: José S. Dávila, Felipe Rodríguez Gil, Jesús María Flores Gutiérrez, Otilio Gómez Váldes, Andrés L. Viesca, ingeniero Raúl Gámez, Mariano Chavero, Julián Pinto Jr., Agustín Viesca y Vázquez, profesor Martín V. González, Aureliano Cadena y licenciado J. Guadalupe Escamilla. Una tercera era la creada por los davilistas entre los que se encontraban Higinio Dávila, Juan J. Aguirre, José Rivera, Cesáreo Rivera, Antonio Cárdenas Herat y varios más. Entre los tres, solamente uno de los grupos estaba convencido de haber triunfado.
El 12 de noviembre, en la Quinta Maravillas propiedad de Pérez Treviño, ubicada en la calle Nezahualcóyotl Sur, éste se reunió con los diputados locales actuales y futuros, así como con los legisladores federales representantes de Coahuila. Varios hicieron uso de la palabra expresando la confianza de haber triunfado junto con el candidato a gobernador quien, también, se dirigió a los presentes agradeciéndoles “los conceptos que se vertieron en honor al triunfo electoral de su partido con sencillas y galanas frases llenas de sinceridad”. Lo de la sencillez y la sinceridad era natural en el divisionario, así nos lo describieron quienes lo conocieron de cerca.
Durante seis días, las cosas parecían en calma. Los representantes de más de treinta ayuntamientos habían enviado telegramas de apoyo a los integrantes del Congreso instalado en el recinto oficial. Sin embargo, el día 18, se dio a conocer que el Supremo Tribunal de Justicia de Coahuila remitió al Senado y a la Secretaría de Gobernación un oficio mediante el cual decía desconocer a la legislatura que apoyaba a Pérez Treviño al igual que a éste. Ante el conflicto generado, se planeaba que fuera el Senado el que determinara lo conducente.
Pero el Tribunal no se limitó a emitir oficios, trasladó sus oficinas fuera del Palacio de Gobierno y se fue a despachar en la calle de Múzquiz número 12 oriente. Por otra parte, desde su sede la legislatura gutierrista emitió una declaratoria reconociendo a Gutiérrez Ortiz como gobernador. Para soportar su decisión, argüían que su candidato obtuvo 22,796 votos; Pérez Treviño alcanzó 17,4645; y, por Dávila votaron 9,886 personas. No contentos con ello, declararon que “se nulificaron los sufragios emitidos en favor del Gral. Pérez Treviño por la anticonstitucionalidad de que adolece su candidatura”. Los gutierristas estaban trepados en la cresta de la ola.
En ese entrono, empezaban a ver resoluciones en lo que apenas eran trámites. Un ejemplo de ello es el texto que el diputado Vicente Santos Guajardo transmitió al presidente del Comité Pro-Gutiérrez indicándole que el Senado admitió el asunto del conflicto en Coahuila y lo turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. En otro telegrama, Candor Guajardo le informaba que el mismo órgano legislativo envió una Comisión ante el secretario de Gobernación, Adalberto Tejeda Olivares, requiriéndole que solicitara al Gobernador de Coahuila respetar los amparos emitidos por el Juez de Distrito, la respuesta del funcionario federal fue proceder en consecuencia. Por su parte, el diputado federal Ricardo Treviño comentó al presidente de la Legislatura coahuilense, Nazario Ortiz Garza, que lo logrado por los gutierristas no pasaba de ser un trámite.
Mientras tanto, en Saltillo, el gobernador Garza Castro comisionó al inspector de policía, Luis Almada, para que fuera a entrevistarse con Gutiérrez Ortiz y su Congreso. Les conminó a dejar de usurpar funciones y de emitir decretos para lo cual no tenían facultades legales, de no hacerlo se tomarían las medidas pertinentes. Los rejegos respondieron dándose por enterados. Sin embargo, por aquello de que la admonición fuera a materializarse, los gutierristas y el exdiputado Juan Garza García fueron prestos ante el Juez de Letras de lo Civil, Lic. Enrique Cordoba Cantú, para solicitar un amparo en contra de probables órdenes de aprehensión que pudieran ejecutar el gobernador del estado y/o el inspector de policía. Se les concedió la suspensión del acto por setenta y dos horas, comunicándoselo a las autoridades mencionadas.
Lo anterior, no impidió que el gobernador ordenara, el 22 de noviembre, que las fuerzas federales y rurales se plantaran desde temprano afuera del local de los gutierristas. Ese mismo día, se publicó el Bando Solemne que proclamaba a Pérez Treviño como el gobernador electo. Los partidarios de Gutiérrez Ortiz se pasaron el día mandando telegramas a la ciudad de México protestando por tales acciones e inclusive llamaron al Notario Praxedis de Peña Jr. para que diera fe de la presencia policiaca, misma que fue retirada a las siete de la tarde-noche. Para ese momento, empezaba a permear la postura de que, si los gutierristas no se disolvían voluntariamente, otros se encargarían de hacerlo. Pero, cuando nadie lo esperaba, los rebeldes recibieron una bocanada de oxígeno.
Acorde con lo publicado en El Informador, editado en Guadalajara, en una decisión muy extraña, después de siete horas deliberando, el Senado de la República determinó: “Primero: Que existe un problema político entre los Poderes Ejecutivo y Judicial de Coahuila, consistente en que cada uno de ellos reconoce como legítima a una distinta Legislatura. Segundo: Que debe reconocerse como única Legislatura legítimamente electa en Coahuila a la de la calle Hidalgo Norte casa treinta de Saltillo. Tercero: Comuníquese al Ejecutivo Federal a efecto de que imparta a los poderes legislativo y judicial de Coahuila, las garantías necesarias para su funcionamiento”. La disposición generó alarma entre los políticos de la capital de la república, pues no veían fundamento legal en esa resolución.
Ante lo descrito, el 1 de diciembre, tanto Pérez Treviño, en el recinto oficial de Congreso Local, como Gutiérrez Ortiz, en una casa particular, rindieron protesta como gobernadores. A la par del primero, también, tomaron protesta los nuevos integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Ello no alteró el ambiente de paz en Saltillo. La ceremonia en torno al divisionario oriundo de la Villa de Guerrero se vio plena de asistentes provenientes de todos los municipios de la entidad. El ambiente de fiesta predominaba entre los partidarios del primero quienes hicieron caso omiso de la actitud del segundo y celebraron “un grandioso baile en el Hotel Coahuila…que finalizaría a las cuatro de la mañana”. Durante el evento, hizo uso de la palabra el diputado veracruzano Manlio Fabio Altamirano quien afirmó que “traía felicitaciones del presidente de la republica para Pérez Treviño y el deseo del gran estadista revolucionario por la prosperidad el estado que el nuevo mandatario encarrilara el Gobierno por la vía del progreso y que el pueblo esperaba de su buena labor que se preocupara por las clases laborantes y por la mujer mexicana para que tuvieran mayor ilustración y que combatiera el analfabetismo con la educación”. Al día siguiente, se efectuó otra comida, ahora en la Huerta de San Lorenzo.
Cuando Gutiérrez Ortiz comunicó su ‘toma de posesión” al secretario de gobernación, Tejeda Olivares, la respuesta que recibió fue: “Esta Secretaría ha entablado relaciones oficiales con el general Manuel Pérez Treviño declarado electo por la Legislatura que esta Secretaría estima como legitima”. Asimismo, cuando se informó al mismo Tejeda acerca de que gutierristas tomaron posesión como magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, la contestación que recibieron indicaba: “Esta Secretaría continua manteniendo relaciones únicamente con la Legislatura instalada en el recinto oficial y con los poderes emanados por designación de ella y ante la cual hicieron la protesta de candidatos para Magistrados…Por lo tanto no reconoce a otros poderes que como en el caso de ustedes no está justificado legítimamente”. Asimismo, surgió otro rejego, el presidente municipal de Saltillo, Manuel Gómez, quien desconoció al gobernador y la Legislatura Estatal. Inmediatamente, Pérez Treviño designó un Consejo Municipal encabezado por el exdiputado y coronel Delfín Cepeda para que sustituyera al inconforme. Para asegurarse de que los rebeldes entenderían por las buenas, en la noche les envió un pelotón de rurales para que en la salida acompañaran a quienes, convencidos, lo hicieron de manera ordenada.
Pero no se vaya a creer que don Luis aceptaba la derrota, envalentonado lanzó un manifiesto incitando a los ciudadanos a que no pagaran las contribuciones, a la par que desconocía todas las acciones que realizara don Manuel hasta en tanto no se tuviera una resolución de la Camara de Senadores o de la Suprema Corte de Justicia.
Pero mientras eso llegaba, Pérez Treviño daba a conocer quienes serían sus colaboradores y de manera explícita cuestionó al Senado su resolución. Los acusó de estar violando la soberanía de Coahuila y de “tornarse en gratuito defensor del partido derrotado en la lucha electoral…”. Acto seguido, apelaba a la Suprema Corte de Justicia para que emitiera un fallo al respecto dado que la resolución del Senado violaba loa Artículos 103 y 105 de la Constitucion. Ante la presión, el Senado buscó justificar su actitud y publicó un documento extenso en el cual reseñaba como llegó a las conclusiones mencionadas líneas arriba.
Los gutierristas no se daban por vencidos y emitían opiniones condenatorias en contra de jueces que otorgaron un par de amparos a Pérez Treviño. A la par, la Suprema Corte enviaba un funcionario para investigar lo que sucedía en Coahuila. Pero aquello no podía ser eterno y era necesario tomar una resolución.
El Juez de Letras de lo Penal, Rogelio Fuentes, emitió una orden de aprehensión por usurpación de funciones en contra de Gutiérrez Ortiz, los miembros de su Legislatura y los de su Tribunal. Así, el 21 de noviembre a las veinte horas y treinta minutos, se cumplimentó la orden y los aludidos fueron detenidos y conducidos a la Penitenciaria en donde los recluyeron en celdas comunes. Esto, no fue obstáculo para el director de la Penitenciaria, Alejandro Gutiérrez, les permitiera que siguieran sesionando en la Sala de Juntas de la Biblioteca. Encerrados pasarían la Nochebuena. Al día siguiente, Gutiérrez Ortiz cubrió una fianza de diez mil pesos y obtuvo libertad provisional, y al poco rato lo hicieron sus seguidores. Ese mismo día, le notificaron a Gutiérrez que la Secretaría de Guerra y Marina daba por terminada su licencia y debería de presentarse al servicio activo. Previamente, Pérez Treviño había obtenido licencia indefinida emitida por la misma dependencia.
Tras de salir de prisión Gutiérrez Ortiz continuó alegando que lo suyo fue un secuestro, que no existían causales para detenerlo y su hermano Eulalio se quejó ante la Secretaría de Gobernación. A la par, los legisladores gutierristas decidieron regresar a sus lugares de origen, la fantasía había terminado.
El 28 de diciembre, mientras que Saltillo amanecía cubierto de nieve, en la Ciudad de México, el Senado deliberaba sobre el caso Coahuila. Como resultado de la reunión, “los Senadores cambiaron completamente su opinión y acordaron que no había conflicto entre los Poderes del Estado y, por lo tanto, la Cámara Alta reconocía al Gobernador Gral. Manuel Pérez Treviño”.
A partir de ese momento, bajo la dirección del coahuilense más ilustre del Mexico postrevolucionario, Manuel Pérez Treviño, Coahuila habría de incorporarse plenamente al proceso, encabezado por el estadista Plutarco Elías Calles Campuzano, que permitiría la consolidación del Estado Mexicano Moderno bajo el cual, lo mismo con aciertos y errores o desvíos y correcciones, el país creció, se desarrolló y permitió la movilidad social durante el resto del Siglo XX. Lo único criticable de don Plutarco fue haberse equivocado a la hora de otorgar su apoyo, en 1934, al haberlo concedido a quien iba a desvirtuar el proyecto original de la Revolución Mexicana en donde el federalismo debería ser la norma que rigiera su acción.
En el contexto de lo anterior, nunca estará de más recordar las palabras que pronunciará Manuel Pérez Treviño, el 1 de marzo de 1929, al inaugurar la Convención Constitutiva del Partido Nacional Revolucionario: “Hemos considerado como fundamental, sostener la autonomía de las agrupaciones de los Estados en los asuntos de carácter local. Consideramos que el centralismo y la tendencia de absorción por los elementos directores en la capital de la República, de las facultades que pertenecen exclusivamente a los partidos locales, serían un germen de desprestigio y fracaso en el Partido. La unificación de las voluntades alrededor del programa que precisa y define la ideología revolucionaria del Partido debe ser conservada a través del respeto más absoluto a los derechos que los partidos locales deben ejercitar sin cortapisas dentro del territorio que les corresponda”.
“Ya pasó el tiempo –y la experiencia nos lo demuestra– de que las elecciones para puestos públicos en los Estados se hagan y se ganen en la capital de la República. Deben ser las organizaciones regionales, en contacto directo con las masas populares, las que resuelvan sus problemas y discutan sus asuntos relativos a su régimen interior”. Ciento cincuenta y nueve palabras que resumen en lo político lo que, también, sería aplicable en lo económico. Ese era el proyecto de los Hombres del Norte. vimarisch53@hotmail.com
Añadido (26.10.33) O ¿Hay quien que pueda dar valor alguno a las palabras del secretario general de la ONU cuando llama a los EUA e Israel a que inicien negociaciones con Irán? Si el asunto no fuera tan serio, lo único que generaría esas declaraciones sería risa. ¿Acaso no se percató que eso de las negociaciones no era más que un artilugio de los ayatolas para ganar tiempo?
Añadido (26.10.34) Ni siquiera son invitados a las fiestas que se realizan por los rumbos de su barrio porque generan desconfianza. Son incapaces de resolver los problemas que enfrentan en los países que gobiernan (¡!). Pero eso sí, buscan presentarse como quienes pueden resolver los conflictos mundiales.
Añadido (26.10.35) ¿No les habrán dicho que la retroactividad de las leyes es algo que no es viable en ningún país que vive bajo un estado de derecho? ¿Cómo cuantos inversionistas, nacionales o extranjeros, van a arriesgar un centavo expuestos a que les promulguen una ley con carácter retroactivo?
Añadido (26.10.36) A menos de que haya alguien deseoso de que como última cena le sirvan un plato repleto de “nukes”, no encontramos otra explicación para defender la actuación de los ayatolas y criticar que se busque liberar al pueblo de Irán de esa caterva de fanáticos
