José Luis Parra
El oficialismo acaba de firmar algo más que un acuerdo legislativo: firmó un acta de desconfianza.
Porque cuando una coalición necesita sentar a sus dirigentes, coordinadores, operadores, testigos y hasta fedatarios políticos para que juren por escrito que ahora sí votarán en bloque, el problema ya no es la reforma. El problema es la alianza.
Morena, Verde y PT nos venden el documento del 13 de marzo como muestra de unidad. En realidad parece pagaré con acuse de recibo. Seis compromisos, firmas al calce, promesa de disciplina, promoción en medios y respaldo en congresos locales. Muy bonito. Muy institucional. Muy revelador. La cohesión que presume no nació de la convicción, sino del miedo al segundo ridículo.
El primer naufragio del plan original dejó una herida que no cicatriza con saliva discursiva. Se intentó tapar con un papel firmado ante Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián, como si la formalidad sustituyera la lealtad. Pero en política los documentos no amarran voluntades: apenas exhiben que estaban sueltas.
Ahí está el detalle.
Cuando la presidenta deja ver que del éxito del plan b depende el futuro de la alianza rumbo a 2027 y 2030, ya no estamos frente a una simple reforma electoral. Estamos ante un examen de obediencia. Y en esas pruebas el Verde y el PT suelen sacar diez en negociación, no precisamente en disciplina.
El fondo del asunto tampoco es menor. La propuesta viene envuelta en el celofán de la austeridad: reducir privilegios, recortar gastos, fortalecer mecanismos de democracia directa, adelgazar estructuras. Todo eso suena muy bien en el folleto. El problema empieza cuando la democracia directa se convierte en herramienta de sincronización electoral y la austeridad en argumento moral para recentralizar poder.
Porque eso es lo que varios aliados, con razón o con cálculo, están viendo.
La joya del paquete no son los recortes al Senado ni el tope salarial partidista. La pieza de verdadero voltaje político es la revocación de mandato. Moverla para que pueda empatar con las elecciones de 2027 no es una travesura de técnica legislativa. Es rediseñar el tablero para que la presidenta y su partido jueguen la partida grande con una boleta adicional en la mano.
Claro, eso se vende como participación ciudadana.
En el México real, también puede leerse como campaña permanente con cargo a la épica transformadora.
Y ahí es donde el PT y algunos verdes se atragantaron. No porque de pronto les haya brotado una preocupación doctrinaria por la pureza democrática. Tampoco exageremos. Se resisten porque entienden el riesgo: si la revocación se monta sobre la elección intermedia, Morena no sólo moviliza su maquinaria; también absorbe el oxígeno político de sus propios aliados.
Dicho sin eufemismos: los necesita para alcanzar la mayoría calificada, pero no tanto como para compartirles el protagonismo.
Ese es el punto incómodo del documento firmado. Morena quiere aliados leales, útiles y silenciosos. El Verde y el PT quieren seguir siendo aliados, sí, pero también quieren cobrar caro su papel de bisagra. Y cuando una reforma constitucional depende de uno o dos votos que todavía mascullan objeciones, la supuesta solidez del bloque se parece demasiado a una mesa coja.
Basta un senador malhumorado, uno inconforme o uno que descubra súbitamente su amor por la prudencia institucional para descarrilar todo.
Así de robusta está la unidad.
Por eso el acuerdo del 13 de marzo no debe leerse como prueba de fuerza, sino como confesión de fragilidad. El oficialismo tuvo que reconstruir con notario político lo que antes presumía como afinidad natural. Y si la alianza necesita cláusulas de rescate cada vez que llega una votación seria, entonces quizá no estamos ante un bloque histórico, sino ante una sociedad mercantil con diferencias en caja.
La pregunta no es si el plan b se aprobará.
La pregunta es cuánto tendrá que ceder Morena para que sus socios le presten, una vez más, los votos que después presentará como mandato popular unificado.
Porque así funciona esto: uno pone la narrativa, otros ponen la firma y todos cobran algo.
Democracia participativa, le llaman.
A veces parece más bien administración participativa del chantaje.
