NEMESIS
Fernando Meraz Mejorado
Más que la aristocracia que brotó de tres décadas de porfiriato y fue aupada al gobierno por la Revolución, hoy surge una clase distinta: trepadores, en su mayoría de raíces humildes, enriquecidos tras el asalto al poder encabezado por quien llamó a transformación. Hallaron la llave de la hacienda pública y, sin rubor, se reparten los despojos de una nación que navega a la deriva, como barco sin timón. La magnitud del botín ha encendido una guerra intestina, a navajazos, entre las tribus que componen el movimiento oficial.
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La semilla del escándalo no es nueva: germinó con René Bejarano, el “Señor de las Ligas”, grabado en marzo de 2004 recibiendo 45 mil dólares, episodio que conmocionó la vida pública bajo el fulgor de “los videos”. Un año después, Pío, hermano de López Obrador, quedó registrado recibiendo recursos de un operador en Chiapas: el patrón se repetía.
Pero nada iguala la sombra del caso Segalmex: un desfalco que supera los 15,000 millones de pesos, el fraude administrativo más vasto de la era, como una herida abierta en el corazón de la seguridad alimentaria. A ello se suma la red de contrabando de combustible y evasión aduanera, con cifras millonarias que salpican incluso a mandos institucionales. Y está la Casa Gris: esa mansión en Houston que albergaba a un hijo del poder, alquilada a un ejecutivo petrolero con contratos del Estado —un reflejo de intereses cruzados.
Las decisiones estructurales llevan su propia marca: la anulación del NAIM en Texcoco dejó costos colosales por contratos rotos; el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA nacieron por adjudicación directa, saltando la ley de licitación. Y el “Culiacanazo”: la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de el Chapo, en 2019, como una rendición pública ante la fuerza del crimen. Mientras, políticas como el recorte a estancias infantiles o programas cuestionados dibujan un rostro distinto al de la promesa.
La culminación más trágica: los dos primeros años de este sexenio fueron los más sangrientos de la historia registrada —34,690 asesinatos en 2019 y 34,558 en 2020—. Un contraste amargo entre el discurso que prometía justicia y la realidad que pesa como plomo sobre el país que se ahoga. – – oOo – –
