Alito enfrenta indagatorias por peculado, lavado y enriquecimiento ilícito; las califica de fabricadas

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, senador y exgobernador de Campeche, enfrenta denuncias e investigaciones formales de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la fiscalía estatal por presuntos delitos como peculado y enriquecimiento ilícito.

Las indagatorias están relacionadas con el presunto desvío de 83,5 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019. Hasta ahora, el senador no cuenta con una sentencia condenatoria firme.

Uno de los señalamientos corresponde a presuntas incongruencias entre sus ingresos como servidor público y el crecimiento de su patrimonio e inmuebles, lo que derivó en una acusación por enriquecimiento ilícito.

También se investigan posibles actos de peculado y desvío de recursos por el presunto manejo irregular y desfalco de fondos públicos federales y estatales. Las pesquisas incluyen posibles operaciones de lavado de dinero mediante redes de empresas fantasma y prestanombres.

Las acusaciones abarcan además un posible tráfico de influencias durante su administración estatal, por supuestos beneficios a negocios particulares o personas allegadas, así como un presunto fraude fiscal por inconsistencias en declaraciones ante autoridades tributarias.

Otro señalamiento está relacionado con el uso indebido de atribuciones y facultades, debido a la presunta asignación irregular de contratos gubernamentales y servicios simulados.

En agosto de 2025, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y el pleno desecharon un primer expediente de solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas. El procedimiento había sido promovido por la Fiscalía de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito.

El senador priista afirmó que desde 2022 enfrenta carpetas de investigación fabricadas por la fiscalía estatal y calificó el proceso como una nueva “ofensiva jurídica”. “Desde 2022 he enfrentado una serie de carpetas de investigación fabricadas por la fiscalía estatal, que incluyen delitos como peculado, abuso de autoridad, uso indebido de funciones, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito”, apuntó.

Moreno Cárdenas sostuvo que ha ganado sus batallas legales mediante amparos, revisiones y sentencias de la justicia federal. También aseguró que un juez ordenó cerrar el expediente de desafuero promovido por la fiscalía.