José Luis Parra
Imagine usted al próximo presidente de México sentado frente a una computadora.
A su derecha, el secretario de Hacienda. A la izquierda, el de Gobernación. Enfrente, una Inteligencia Artificial con acceso a todos los datos del gobierno mexicano.
El presidente pregunta:
—¿Debemos construir esta obra?
La Inteligencia Artificial tarda algunos segundos y responde:
—No. Es cara, innecesaria, electoralmente rentable, técnicamente absurda y beneficiaría principalmente a tres contratistas relacionados con funcionarios públicos.
Silencio en el salón.
El secretario de Hacienda tose.
El de Gobernación voltea hacia otro lado.
Y probablemente ahí terminaría el experimento mexicano con Inteligencia Artificial.Consulta Mapas Interactivos
Pero supongamos que no.
Supongamos que México decide hacer algo verdaderamente revolucionario: incorporar formalmente a la Inteligencia Artificial en determinadas decisiones de gobierno.
No para sustituir al presidente, gobernador, alcalde o secretario. Eso abriría inmediatamente una discusión constitucional.
La fórmula tendría que ser más inteligente.
La máquina analiza, procesa información, compara escenarios, detecta riesgos y determina cuál sería la mejor decisión de acuerdo con los objetivos previamente establecidos. Después, la autoridad humana revisa su legalidad, la aprueba y firma.
Para efectos legales decidió el funcionario.
Para efectos prácticos decidió la Inteligencia Artificial.
Y el político conserva algo indispensable para nuestra democracia: la pluma.
Podríamos bautizar este modelo como Gobierno de Inteligencia Compartida, GIC.
Suena suficientemente elegante como para organizar un foro internacional, gastar algunos millones de pesos y repartir reconocimientos.
Pero el concepto sería bastante más serio.
El GIC partiría de una división elemental: la Inteligencia Artificial tendría capacidad de análisis y propuesta de decisión, mientras que el funcionario conservaría la facultad jurídica, la supervisión y, sobre todo, la responsabilidad.
Porque tampoco se trata de inventar un nuevo método para que los políticos mexicanos puedan decir:
—Yo no fui, fue la computadora.
Eso sería demasiado cómodo.
Y conociéndolos, hasta peligroso.
La pregunta interesante es otra.
¿Estaría preparada una Inteligencia Artificial para participar en decisiones de gobierno?
Probablemente mucho más de lo que pensamos.
Una máquina podría revisar en minutos información presupuestal, estadísticas económicas, contratos, padrones, licitaciones, indicadores de pobreza, datos de seguridad, resultados históricos de programas gubernamentales y miles de variables que un gobernante simplemente no tiene capacidad humana de procesar.
Además tendría una ventaja enorme.
En principio, una computadora no tiene compadres.
No necesita financiar la campaña del próximo gobernador.
No tiene un primo constructor.
No aspira a una senaduría.
No necesita quedar bien con el dirigente del partido.
No le interesa aparecer en la fotografía.
Y tampoco requiere una camioneta Suburban con ocho escoltas para sentirse importante.
Eso, para México, ya sería Inteligencia Artificial avanzada.Consulta Mapas Interactivos
¿Y EL PELIGRO?
Claro que existe.
Sería ingenuo pensar que entregar parte de las decisiones gubernamentales a sistemas de Inteligencia Artificial carece de riesgos.
Una IA depende de información, instrucciones, modelos, objetivos y límites establecidos por seres humanos.
Y ahí aparece nuevamente el problema.
El humano.
Una Inteligencia Artificial manipulada podría convertirse en una extraordinaria herramienta autoritaria. Podría discriminar, vigilar ciudadanos, favorecer determinados intereses, justificar decisiones previamente tomadas o simplemente reproducir los errores y prejuicios contenidos en la información con la cual trabaja.
También existiría el peligro de la dependencia tecnológica.
Un gobierno incapaz de decidir sin preguntarle primero a una máquina tampoco sería precisamente un gobierno inteligente.
Y existe una interrogante todavía más delicada:
¿Quién programa al que gobierna?
Porque tarde o temprano alguien tendría que definir prioridades.
Si una IA recibe la instrucción de reducir el déficit público, probablemente recomendaría medidas impopulares.
Si la prioridad fuera ganar elecciones, sus recomendaciones serían otras.
Y si algún vivillo introduce como objetivo principal beneficiar a determinada empresa, grupo político o familia, habremos modernizado la corrupción.
Nada más.
Pasaríamos del sobre amarillo al algoritmo.
Por eso cualquier modelo de Gobierno de Inteligencia Compartida tendría que contar con reglas estrictas: sistemas auditables, registro de cada recomendación, explicación pública de decisiones importantes, protección de datos, supervisión independiente y responsabilidad jurídica absoluta del funcionario que finalmente autorice.
La máquina podría recomendar.
Incluso podría determinar técnicamente la mejor alternativa.
Pero alguien de carne y hueso tendría que responder por ella.
LAS VENTAJAS
Ahora viene la parte interesante.
Imagine aplicar este sistema al presupuesto federal.
La IA recibe una instrucción sencilla:
Distribuya los recursos buscando el mayor beneficio posible para México.Consulta Mapas Interactivos
No para Morena.
No para el PAN.
No para el PRI.
No para el gobernador.
No para los empresarios amigos.
No para las elecciones intermedias.
Para México.
De entrada tendríamos un problema político monumental.
Pero quizá una solución administrativa extraordinaria.
Una Inteligencia Artificial podría detectar programas duplicados, gasto inútil, compras infladas, desviaciones estadísticas, contratos sospechosos y obras cuyo costo no corresponde con su beneficio social.
También podría proyectar escenarios a cinco, diez, veinte y treinta años.
Eso resulta particularmente importante porque nuestros gobiernos padecen una enfermedad crónica:
Piensan en seis años.
Y muchas veces solamente en tres.
Una máquina podría preguntar qué ocurrirá con determinada decisión dentro de veinte años.
El político tradicional pregunta algo distinto:
¿Cómo me ayuda esto en la próxima elección?
Ahí está una de las grandes diferencias.
También habría aplicaciones enormes en seguridad pública, salud, educación, infraestructura, agua, energía, movilidad, recaudación, desarrollo urbano y combate a la corrupción.
No porque la Inteligencia Artificial sea infalible.
No lo es.
Sino porque permitiría tomar decisiones utilizando cantidades de información imposibles de procesar para cualquier gabinete humano.
Además podría dejar memoria.
Cada decisión tendría antecedentes, datos, argumentos, proyecciones y resultados posteriores.
Entonces podríamos saber quién decidió, por qué decidió y qué ocurrió después.
Terrible noticia para algunos políticos.
La memoria institucional suele ser enemiga de la impunidad.
EL MÉXICO QUE VIENE
Aquí la hipótesis deja de ser divertida.
El próximo presidente de México recibirá un país con enormes compromisos financieros, presiones presupuestales y grietas acumuladas en prácticamente todas las áreas estratégicas.
Seguridad.
Salud.
Educación.
Agua.
Energía.
Infraestructura.
Pensiones.
Finanzas públicas.
Productividad.
Y una sociedad cada vez más desconfiada de su clase política.
El viejo método mexicano difícilmente alcanzará.
No habrá dinero suficiente para seguir resolviendo problemas aventándoles billetes.
El siguiente gobierno tendrá que decidir prioridades.
Y decidir significa también decir no.
No a obras políticamente atractivas pero financieramente absurdas.
No a dependencias inútiles.
No a programas que no funcionan.
No a contratos inflados.
No a ocurrencias sexenales.
No a mantener estructuras simplemente porque siempre han existido.
Ahí podría estar la verdadera oportunidad de la Inteligencia Artificial.
México no necesita un presidente robot.Consulta Mapas Interactivos
Necesita algo mucho más sencillo:
Que quien llegue a la Presidencia tenga acceso a una inteligencia capaz de decirle la verdad aunque políticamente resulte incómoda.
Y después tenga los pantalones para aceptarla.
El Gobierno de Inteligencia Compartida podría comenzar experimentalmente en áreas técnicas, con decisiones acotadas y completamente auditables.
Comparar resultados.
Medir ahorros.
Detectar errores.
Corregir.
Y avanzar.
Si funciona, México podría convertirse en uno de los primeros países en utilizar sistemáticamente la Inteligencia Artificial no solamente para hacer trámites, contestar preguntas o elaborar documentos, sino para mejorar la calidad de las decisiones públicas.
Eso sí sería una transformación.
Y no necesitaría número.
Podría representar incluso el despegue que México lleva décadas esperando.
Tenemos ubicación geográfica.
Recursos naturales.
Industria.
Tratados comerciales.
Mercado interno.
Juventud.
Universidades.
Ingenieros.
Empresarios.
Trabajadores.
Y una posición privilegiada junto a la mayor economía del mundo.
Lo que históricamente nos ha faltado no son posibilidades.
Han sido buenas decisiones.
Quizá llegó el momento de reconocer una realidad incómoda.
Si durante décadas la inteligencia humana aplicada al gobierno mexicano nos ha entregado corrupción, deuda, elefantes blancos, obras inconclusas, ocurrencias y crisis recurrentes, tampoco parece demasiado descabellado darle oportunidad a la artificial.Consulta Mapas Interactivos
Peor tendría que esforzarse bastante.
Aunque falta resolver el problema más complicado de todos.
Convencer al político de obedecer una recomendación que no le convenga personalmente.
Para eso todavía no existe Inteligencia Artificial.
Ni milagro conocido.
