Gobierno recomienda hacer negocios con agentes señalados por huachicol fiscal

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Gobierno de Tamaulipas promueven operaciones de comercio exterior en el Puerto de Matamoros con agentes aduanales señalados por presunto huachicol fiscal, entre ellos uno considerado prófugo por la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con una investigación de Reforma.

El diario identificó a Hantulio Ordóñez Juárez, Víctor Carretero Zardeneta y María Cristina Cházaro Mabarak en una presentación oficial de octubre de 2026 que promociona al Puerto del Norte como una nueva alternativa logística en el Golfo de México, cerca de la frontera con Estados Unidos.

Según la publicación, los tres aparecen como agentes autorizados y recomendados para realizar trámites aduanales, pese a los expedientes que los relacionan con presuntas irregularidades en la importación de combustibles.

Víctor Carretero Zardeneta, titular de Servicios Aduanales JR, es considerado prófugo por la FGR, que lo señala por su presunta participación en la importación irregular de 144 millones de litros de hidrocarburos, reportó Reforma. En ese expediente, la Fiscalía también involucra a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.

Carretero figura además entre los acusados en el caso de Portacelis, empresa vinculada, de acuerdo con la investigación periodística, con presuntos prestanombres de Jorge Amílcar Olán, identificado como amigo de Andrés Manuel López Beltrán.

En ese mismo caso aparece Hantulio Ordóñez Juárez, quien dirige la firma Strategia Trade & Global Logistics y cuenta con una patente indefinida para operar en la Aduana de Matamoros.

Reforma señaló que desde julio de 2024 existen acusaciones penales contra Ordóñez por presuntamente omitir información sobre el pago de impuestos en el ingreso de hidrocarburos al país. El diario recordó que el pasado 29 de agosto informó de una solicitud de la Secretaría de Hacienda para que la FGR ejerciera acción penal contra los propietarios de Portacelis, expediente en el que también se acusa al agente aduanal.

Por su parte, María Cristina Cházaro Mabarak es investigada por la FGR por presunto huachicol fiscal en Matamoros y Altamira, de acuerdo con la misma publicación.

La presentación oficial indica que Cházaro y Carretero tienen patente para operar en el Puerto de Altamira, donde en marzo de 2025 fue decomisado un buque con al menos 10 millones de litros de combustible de contrabando.

Según el reporte, ese aseguramiento derivó en investigaciones sobre una presunta red de tráfico de combustibles vinculada con mandos de la Marina y sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ordóñez ejerce como agente aduanal desde 1996. El documento promocional presenta al Puerto de Matamoros como una terminal en desarrollo para ampliar las opciones de comercio exterior en el norte de Tamaulipas.