“Inaceptable en un país de inmigrantes, no reformar la Ley de Inmigración”: John Mc Cain senador republicano por el estado fronterizo de Arizona.
Como preludio al discurso que ofrecerá el presidente Obama el martes próximo en Las Vegas, Nevada, en donde fijará su posición en cuanto a la reforma a la Ley Inmigratoria, los republicanos, utilizan el prestigio del ex candidato presidencial, 2008, John McCain para darle “madruguete” a la postura presidencial.
La intención es hacer creer a la ciudadanía, en particular a las minorías, su gran preocupación y voluntad para que la añorada reforma sea realidad, cuando en el pasado, los miembros de éste partido-el republicano-han actuado ferozmente en contra.
El comité bipartidista que propondrá, la otra versión a la iniciativa, lo integran por el partido republicano, Marco Rubio de Florida y el ex combatiente en Vietnam, “héroe de guerra”, el propio, John McCain. Del lado demócrata están el senador por New Jersey, Bob Menendez, Charles Shumer por Nueva York y, por Florida, Bob Graham.
Todos coinciden que, cuando menos, los siguientes elementos deberían integrar la reforma integral a la ley de inmigración: el procedimiento para obtener la ciudadanía de once millones de personas sin documentos que acrediten su estatus legal en el país; un programa de trabajadores temporales; la obligación por parte de los empleadores a verificar el legalidad migratoria de los trabajadores, absteniéndose de contratar a quienes no cumplan con el requisito y, por último, fortalecer la seguridad de la fronteras.
En principio, cada uno de los temas, es razonable. El cómo, sería la gran cuestión en las negociaciones entre ellos, y posteriormente en el congreso una vez formulada la iniciativa de reforma.
El tema central lo representa el camino para obtener la ciudadanía. Coinciden que el proceso debería incluir una multa en relación a los años de estancia como indocumentados; no tener antecedentes penales; revisión de la declaración de impuestos. Quienes no los hayan pagado, habrían de hacerlo.
Salvados los requisitos, el solicitante pagaría el costo de los derechos por el trámite a la Oficina de Ciudadanía e Inmigración, más las huellas de identidad, fotografías, entre otros. En principio, recibiría la “añorada” Green Card, que incluiría; número de seguro social y, permiso para trabajar, por consiguiente, su estatus legal.
Después, de un plazo por precisarse, obtendría la residencia permanente, que abriría finalmente el camino para obtener la carta de naturalización-la ciudadanía-. El tiempo del proceso se estima duraría diez años.
Relativo a la verificación por parte del empleador, ésta de hecho ya existe, a través del sistema electrónico E-Verify, que continua perfeccionándose y ampliándose a todos los rincones de los Estados Unidos. Muchos empresarios, conocedores de las multas y sanciones legales a merecer por contratar a indocumentados, precisan en las solicitudes de trabajo, que solamente se contratan a personas que demuestren su estatus legal. Situación controversial puesto que implica discriminación.
En cuanto al tema impositivo, mas del 60% de los no documentados pagan impuestos, vía el patrón la parte proporcional que le corresponde a éste, y por ende, el trabajador debe realizar su declaración anual ante el temible IRS, Internal Revenue Service, equivalente al SAT, en México. O por voluntad propia, en la esperanza que al hacerlo les ayudará a obtener su residencia legal.
La seguridad de las fronteras, como nunca antes, ha sido reforzada con mayor presupuesto, mas personal y equipo en los cuerpos de las patrullas fronterizas, mas agentes aduanales, sofisticados y complejos sistemas electrónicos de seguridad y, naves de vigilancia no tripuladas-drones-.
Con optimismo cauteloso, pareciera que en ésta ocasión si podría ser realidad la legalización de casi doce millones de inmigrantes de todas las nacionalidades, de los cuales el 60-65% son de origen mexicano.
