Diputada acusa amenazas de funcionaria de Oaxaca y pide protección para su familia

La diputada federal Aracely Cruz Jiménez denunció amenazas e intimidaciones que atribuyó a Lucía Jazmín Torres Castillo, encargada del despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca, y solicitó medidas para protegerse junto con sus colaboradores y familiares.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT) presentó el caso durante una conferencia de prensa. Señaló que sostuvo diversos encuentros con Torres Castillo entre julio y noviembre, mientras acompañaba a autoridades electas de San Juan Mazatlán.

Cruz Jiménez expuso que dichas autoridades tienen una resolución favorable de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral, aunque todavía no han sido acreditadas por las autoridades estatales. Según relató, en ese contexto ocurrieron las reuniones en las que presuntamente fue intimidada.

Indicó que, tras el nombramiento oficial de Torres Castillo como encargada de despacho el 5 de noviembre, le informaron que la funcionaria es hija de una persona vinculada extraoficialmente con el crimen de la activista mixe Sandra Domínguez y su esposo.

De acuerdo con la diputada, Torres Castillo habría reconocido que su padre se reunió con el líder de un grupo criminal con presencia hegemónica en la región. “Ella dice que su papá recibió al líder del crimen organizado en su casa, que cuentan con fotografías, su mamá tenía cámaras y los fotografió”, sostuvo Cruz Jiménez.

En otro encuentro, en el que Torres Castillo acudió como representante del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, la legisladora afirmó que fue intimidada. También señaló que la funcionaria negó a las autoridades de San Juan Mazatlán el triunfo que obtuvieron en las urnas.

Cruz Jiménez manifestó preocupación por la seguridad de quienes acompañan causas sociales y defienden los derechos de comunidades indígenas. Aseguró que, pese a solicitar apoyo de la Guardia Nacional y de distintas autoridades federales, no cuenta con garantías efectivas de protección.

“Yo no quiero ser un número más y no quiero que me maten. Por eso lo vengo a denunciar”, declaró. La diputada informó que entregará grabaciones y otros elementos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien pidió intervenir para garantizar la seguridad de ella, su equipo de trabajo y sus familiares.

El nombramiento de Torres Castillo generó cuestionamientos sobre los criterios de selección de la administración del gobernador Salomón Jara. La funcionaria obtuvo su título de licenciada en Derecho en noviembre de 2025 y su cédula profesional en mayo de 2026; además, se ha señalado la falta de experiencia documentada en la administración pública. La remuneración reportada para el cargo es de 43 mil pesos mensuales y la designación fue realizada por Jesús Romero López.